El Consejo de Ministros aprueba impulsar los nuevos carburantes renovables, como biogás, SAF o hidrógeno verde

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para impulsar la descarbonización y el fomento de los combustibles renovables para el sector del transporte, según la información que ha podido adelantar La Vanguardia.

La medida responde a la demanda del sector gasista de favorecer la introducción de combustibles renovables de nueva generación, como el metanol, el biodiésel, el SAF específico para los aviones o el hidrógeno verde, capaces de acelerar los objetivos de reducción de emisiones en los sectores más difíciles de electrificar, como son el transporte pesado por carretera, la navegación o la aviación.

Supone dar un paso muy importante en la demandada neutralidad tecnológica para la descarbonización. Por primera vez, el Gobierno liga los incentivos a la reducción de emisiones  a tecnologías procedentes del gas y no solo a la electrificación.

El sector gasista lleva años reclamando este marco normativo puesto que asegura que los gases renovables son una vía mucho más rápida de descarbonizar que la electrificación y casi la única que puede ayudar a avanzar en la reducción de emisiones del transporte pesado por carretera, la aviación y la navegación.

Aunque en la información publicada este martes por el Ministerio de Transición Ecológica no se recogen datos concretos, la consulta pública sobre esta normativa que el Gobierno lanzó hace ahora justo un año, sin tener en cuenta el impacto de la guerra de Irán que todavía no se había iniciado, estimaba un ahorro de más de 3.000 millones anuales en importación de combustible fósil en 2030, lo que supone rebajar un 10% del déficit energético de la balanza comercial.  Una cifra que, sin duda, será más alta dada la escalada que desde ese momento ha registrado el precio del petróleo.

El real decreto aprobado este martes supone la transposición de una parte de la legislación europea, en concreto la directiva (UE) 2023/2413, conocida como DER III en lo referente al sector del transporte. Para ello, establece objetivos de inclusión de este tipo de carburantes para 2030 y 2040, lo que garantiza que habrá un mercado para los productores de estos nuevos carburantes.

El impulso de estos nuevos biocarburantes se complementa con un apoyo complementario a la electrificación con la creación de lo que el Ministerio de Transición Ecológica denomina “e-credit”. Es decir, un sistema que permitirá contabilizar la energía renovable consumida por los vehículos eléctricos y que puede proporcionar ingresos adicionales a los operadores de puntos de recarga.

La normativa incluye un objetivo de reducción de las emisiones por carretera del 17.6% en 2030 y del 30% en 2040. La actual regulación que exige incluir un porcentaje de biodiésel y bioetanol en los carburantes se mantiene sin variación. Pero se adoptan nuevos objetivos que obligan también a incluir otros biocarburantes avanzados como biogás, hidrógeno verde y combustibles de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) o biocombustibles sintéticos, como los denomina el sector, y bioalcoholes avanzados. Por ejemplo, los biocarburantes y el biogás avanzados, junto con el hidrógeno verde, deben alcanzar conjuntamente el 8% del carburante en 2030 y el 22% en 2040.

En la navegación se consideran básicamente los volúmenes de combustible destinados a cabotaje, esto es, entre puertos españoles, con una senda anual de objetivos de reducción de gases de efector invernadero del 9% en 2030 y el 33% en 2040. Para el ferrocarril no electrificado, la senda fija una reducción se establece entre el 10% en 2030 y el 50% en 2040.

Para el transporte aéreo se reconocen los objetivos del Reglamento RefuelEU Aviation, con un 6% de combustibles sostenibles en 2030 y un 34% en 2040, medido en toneladas.

La nueva normativa también establece la obligación de garantizar la trazabilidad de la producción de los nuevos combustibles, con un nuevo Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad, para dejar fuera del mercado aquellos que pudieran proceder de alguna competencia con la agricultura, como ocurría con los biocombustibles de primera generación. En paralelo, se aprueba un nuevo régimen sancionador mucho más estricto que implica hasta la suspensión de actividad para los productores que no cumplan con los requisitos de adición de nuevos combustibles marcados.

Con este nuevo marco normativo, España no solo cumple con lo marcado con las directivas europeas en materia de reducción de emisiones en el transporte. Además, impulsa el mercado de los nuevos combustibles para acelerar las inversiones del sector y apuntalar la apuesta del país como hub de combustibles renovables de Europa.

La dinámica de la descarbonización del transporte fijada por la nueva norma reposa en tres tipos de agentes o sujetos del mercado. Los primeros son los sujetos obligados a cumplir los objetivos, sus consumidores, es decir, son los proveedores de combustible para los distintos modos de transporte, como los operadores al por mayor de productos petrolíferos y GLP, en el caso del transporte por carretera. De este modo, no se fijan objetivos sobre los usuarios finales, sino sobre los proveedores de combustible, lo cual asegura su disponibilidad para otros actores que tienen obligaciones europeas, como las aerolíneas o las navieras.​Estas obligaciones sobre los proveedores de combustible deben asegurar que sus productos reducen las emisiones, ampliando el mercado a la incorporación de nuevos combustibles, como el hidrógeno, o la electricidad de origen renovable. Además, como la obligación recae directamente sobre sus ventas, no se establecen objetivos sobre el total del consumo.Junto a estos agentes principales, también habrá sujetos habilitados –básicamente, productores de hidrógeno verde y operadores de puntos de recarga–, que podrán solicitar certificados de combustibles renovables y venderlos a los sujetos obligados para que estos cumplan sus objetivos de reducción de emisiones.Finalmente, habrá sujetos obligados a reportar información para fines estadísticos sobre la electricidad y los combustibles que sean consumidos en sus instalaciones, como los administradores de infraestructuras ferroviarias.

Licenciada en Periodismo. Master en Información Económica. Ha trabajado como directora en Capital y BolsaCinco. Redactora en Público, El País, El Economista. Jefa de Comunicación en Airef. En La Vanguardia desde 2018

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