Ignacio Briones: “Si no hay pragmatismo para hacerse cargo de la emergencia laboral de hoy, la agenda de reformas de largo plazo se complica”

¿Cómo evalúa los primeros seis meses del gobierno en materia económica?

-Se agradece que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, haya llegado con un plan claro y trabajado. El ministro aprobó el proyecto de Reconstrucción en tiempo récord y eso habla de una buena gestión política. Es una reforma importante y sus aspectos procrecimiento van en la dirección correcta. Mis críticas a los temas ‘no crecimiento’ las mantengo: contribuciones, temas de política industrial… Este debe ser un puntapié inicial a una serie de reformas estructurales que apalanquen el crecimiento tendencial de mediano y largo plazo, y que debiera ser el legado del actual gobierno.

Decirle megarreforma a esta ley es un mal nombre, porque da la sensación de que con esto ya estamos (listos). Y no lo estamos. Esta reforma agrega medio punto de crecimiento adicional, en promedio, de aquí al 2040; del 2% mediocre, a un 2,5%. Esto es importante, pero nos falta para saltar al 3% ó 4%. Hay que seguir pedaleando y seguir haciendo reformas estructurales.

De todas formas, lo hecho está muy bien en el largo plazo y celebro que el gobierno tenga un sello procrecimiento. Pero lo que está pasando la cuenta hoy es la situación de corto plazo, que tiene que ver con los shocks externos, con factores internos; seis meses después (de iniciado el gobierno) ya no basta con echarle la culpa al gobierno anterior; tú estás a cargo de la guitarra y hay que tocarla.

Entonces, debiera haber un segundo tiempo de reformas estructurales…

-Necesitamos otras reformas estructurales y que son difíciles. Una de ellas es la reforma al empleo público y ahí trataría de ir más allá del Gobierno Central; este problema también es de los municipios. Este es un problema de gestión, de eficiencia económica. Se pueden cambiar las reglas, pero quienes ejecutan esas reglas son personas, funcionarios; y si no tienen los incentivos adecuados, la pelota igual puede terminar trancada.

Luego, las reformas laborales. El gran elefante en la cristalería es que tenemos reglas laborales que, con suerte, son funcionales al siglo XX. Hoy hay un montón de cambios tecnológicos que están pasando a una velocidad vertiginosa. Un sistema o empresa que no adapta sus reglas a su entorno, muere, y eso se llama desempleo e informalidad. La tasa de desempleo en Chile desde 2010 en adelante, salvo excepciones, ha estado siempre arriba del 7%; la hemos normalizado, cuando lo normal debería ser que tuviéramos una tasa de 4% ó 5%.

También está la reforma a las reglas del sistema político. Sé que no es un tema sexy para el mundo político, pero es estrictamente necesario, porque en un sistema político atomizado, disfuncional y díscolo, es muy difícil lograr acuerdos para estas grandes reformas de mediano y largo plazo. El país hoy tiene un péndulo muy bien anclado donde la palabra crecimiento está de vuelta; eso no era así hace 5 años. Hoy todos reconocemos que el crecimiento es fundamental.

También necesitamos un “Permisos 2.0”; es perfectamente factible, porque es un área donde existe un consenso país. ¿Qué cosas adicionales abordar? Hoy no existe en nuestro ordenamiento una definición clara que oriente a todos los servicios públicos y que diga: en las evaluaciones ambientales o lo que sea, hay que fijarse en costos y beneficios. Hoy nos fijamos solo en los costos. En segundo lugar, debemos volver al espíritu original de las declaraciones de impacto ambiental y que era que fueran permisos simplificados, declaraciones juradas; eso se desvirtuó. Tercero, fortalecer al SEA como responsable central de la evaluación ambiental, limitando el rol disperso de los Oaeca (Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental). A su vez, la evaluación temprana de los proyectos tampoco estuvo incluida en las reformas que se hicieron. Por último, la Ley Lafkenche es un freno al desarrollo importante y está completamente desproporcionada respecto al objetivo que se quiere resguardar.

¿Qué tanto influyeron el “bencinazo”, el relato “catastrofista” sobre la economía con el que entró este gobierno y el repliegue o ajuste del gasto público, en el frenazo económico que vivimos?

-Es una conjunción de factores. Hay una parte importante de la caída de la actividad que se explica por la minería y que obedece a factores que no son tan cíclicos, que son bastante más estructurales y que tienen que ver con caídas de la ley (del mineral). Pero también hemos estado sometidos a varios shocks externos. El primero de ellos fue el alza de aranceles que partió en 2025. Para un país pequeño y abierto hay costos económicos relevantes. La subida de los combustibles es un shock grande no sólo para el bolsillo de los hogares, quienes naturalmente rebalancean sus decisiones de consumo, sino también a nivel productivo.

Respecto al traspaso de los combustibles, quiero situarme en el medio de la discusión. El ministro tiene razón en que esto al final se traspasa igual, porque Chile es un importador de petróleo y no hay caja que aguante para mantener subsidiados los combustibles. La pregunta era si se hacía de una vez o “en tres cuotas precio contado”. Siempre he pensado que hacerlo de una manera algo más gradual hubiera sido bienvenido, ya que un “pencazo” de este tipo para una familia, asusta. Eso afectó las expectativas negativamente, aunque con espejo retrovisor siempre es fácil.

Si a esto se suma un discurso catastrofista en campaña y al inicio del gobierno, del cual siempre he sido crítico… Esa es la receta para la profecía autocumplida. Los gobiernos tienen que tener una épica, tienen que tener una mirada realista, pero esperanzadora. Todos estos factores contribuyeron a un clima más pesimista.

¿Cómo se sale, entonces, de este fango recesivo de corto plazo y del alto desempleo?

-Lo primero es decir que la hoja de ruta de mediano y largo plazo para un mayor crecimiento apunta a las reformas estructurales que se necesitan. Pero también el corto plazo es fundamental. Priorizar la emergencia laboral de corto plazo es condición para avanzar en las reformas económicas de largo plazo que aumenten la velocidad de crecimiento.