Un juez federal dictó vinculación a proceso por delitos contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, la empresa de la cual es accionista mayoritario el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y que está relacionada con una red de traslado ilegal de combustibles de Estados Unidos a territorio nacional utilizando ferrotanques.
De acuerdo con los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la investigación Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior con las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.
También habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de hidrocarburos, y también realizó gestiones ante autoridades aduaneras para que pudieran ser ingresados los cargamentos ilícitos.
La apoderada legal de Ingemar fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la empresa, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa, señalan informes de la FGR.
Los datos de prueba aportados ante un juez con sede en Centro Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, señalan que ante autoridades aduaneras realizó gestiones para que los cargamentos de combustible importado con irregularidades fueran liberados y regularizados.
Hernández Hinojosa, quien fue detenida en días pasados en la colonia Chapultepec Morales, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, participó en la estructura delictiva utilizando para ello su representación corporativa, llevando a cabo la administración financiera y posibilitando la ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de Ingemar.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró que el juez federal decretara prisión preventiva oficiosa para la ahora vinculada, por lo que deberá permanecer internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
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