Complicada por un contexto marcado por las complicaciones para exportar, los costos internos y el ingreso de productos importados, Granja Tres Arroyos, la mayor avícola de la Argentina, atraviesa su concurso preventivo mientras intenta encauzar el conflicto laboral derivado de 50 despidos aplicados en su planta de La Lonja, en el partido de Pilar. En ese contexto, la compañía ofreció pagar parte de los sueldos con entregas de pollos. Recientemente, se indicó que las 4 sociedades del grupo, esto es, Granja Tres Arroyos (GTA), Wade, Avex y Holding Agro Industrial (HAISA), deben más de 540 millones de dólares.
Las cesantías en Pilar se mantienen en suspenso por la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La autoridad laboral dictó dos medidas de conciliación obligatoria en paralelo y con plazos diferenciados. La primera fue dispuesta el 4 de septiembre a solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), vence el 25 de septiembre y cuenta con una opción de prórroga hasta el 2 de octubre.
La segunda se dictó el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) —representante del personal de las granjas de cría—, con vencimiento fijado para el 1° de octubre y una eventual extensión al 9 de octubre.
Mientras ambas medidas continúen vigentes, la empresa está obligada a retrotraer las desvinculaciones y mantener los puestos de trabajo. En las audiencias celebradas entre los sindicatos y la representación empleadora se acordaron paliativos parciales, que incluyeron la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para los operarios. Sin embargo, las partes no alcanzaron aún una solución de fondo respecto de la continuidad de la dotación.
A comienzos de septiembre, la compañía envió cerca de 1.200 telegramas de despido distribuidos entre sus instalaciones bonaerenses: unos 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Si bien la cifra de Pilar es la menor en términos absolutos, impacta sobre una estructura golpeada por suspensiones y parates de actividad previos, en el marco de un proceso de achique que acumuló más de 1.700 desvinculaciones en el grupo durante los últimos meses.
La crisis operativa de la firma insignia se inscribió en un concurso preventivo que abarca a las cuatro sociedades del grupo económico. La solicitud fue formalizada por el presidente del directorio, Joaquín De Grazia, e incluye a Granja Tres Arroyos (GTA), Wade (operadora de Cresta Roja), Avex (con complejo en Río Cuarto, Córdoba) y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA).
Las cuatro empresas tramitan el proceso en conjunto bajo la figura de agrupamiento económico prevista en la Ley de Concursos y Quiebras, manteniendo la separación de sus activos y pasivos.
Las presentaciones judiciales reflejan la magnitud del endeudamiento. Las sociedades acumulan un pasivo conjunto de $819.480 millones, equivalentes a unos u$s543 millones al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación.
De ese total, GTA declaró deudas por $529.149 millones (u$s350 millones), Wade informó $246.096 millones (u$s163 millones) y Avex registró $44.235 millones (u$s29 millones). Asimismo, la empresa reconoció una deuda superior a los $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados.
En sus estados contables, GTA detalló un vuelco en los Resultados No Asignados, que pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un rojo proyectado de -$122.052 millones para 2025.
En paralelo, el índice de liquidez descendió de 1,43 a 0,51 en el mismo período, evidenciando el ahogo operativo de la firma.
En las presentaciones judiciales, las compañías señalaron que parte del ahogo financiero proviene de la operación para quedarse con los activos de Cresta Roja.
En marzo de 2018, GTA se constituyó en garante de Wade por la adquisición de las unidades productivas por un precio de 80 millones de dólares.
Sin embargo, Wade debió afrontar desembolsos adicionales por u$s26,34 millones (u$s15,6 millones para acreencias laborales en 28 cuotas, u$s5 millones por antigüedad de personal y u$s5,74 millones para gastos de conservación) más u$s5,86 millones pagados a la quiebra de Rasic por bienes retenidos.
