Granada se suma a un proyecto europeo para atajar el impacto del reparto comercial

El modelo K-Economics. “En 2026, el 99.5% de las líneas arancelarias para productos coreanos están libres de aranceles para ingresar al mercado peruano, mientras que las restantes (carne de pollo y lácteos) terminarán de desgravarse en 2027″.

Bolivia asiste a una gigantesca farsa fiscalizadora donde el fetichismo del control digital pretende ocultar la entrega material de las fronteras de la república. Mientras el debate de la opinión pública nacional se ahoga en la inmediatez ciega, la economía real del país sufre una caída invisible que se pretende callar con inercia corporativa. El discurso oficial insiste en centrar las alarmas en el desabastecimiento general de diésel, ignorando deliberadamente que tras el sinceramiento de precios impuesto por el Decreto Supremo 5716, la provisión de este carburante a Bs 17,95 por litro (US$ 1.50) se ha, medianamente, regularizado en los surtidores. La verdadera olla de grillos que nadie se atreve a destapar está en lo que sobra: el flujo ininterrumpido de gasolina especial subvencionada y gas licuado de petróleo (GLP) que se desvía ante los ojos del Estado bajo un esquema de complicidad institucionalizada que desborda las aduanas. Reducir este fenómeno a un problema del oriente o a un "hormigueo" de pequeños acopiadores minoristas es una venda de inmadurez analítica. El contrabando de gasolina en Bolivia ha alcanzado una dimensión de organización industrial transnacional que conecta de forma directa el Trópico de Cochabamba, el altiplano de Desaguadero, los pasos fronterizos de Pisiga y Yacuiba, y el eje amazónico de la provincia Vaca Díez. Mantener la gasolina especial congelada artificialmente mediante un subsidio ciego no responde a una política de protección social para las familias bolivianas; responde a una complicidad política cobarde por parte del centralismo para comprar una falsa tregua interna, permitiendo a sabiendas que el beneficio fiscal sea capturado de inmediato por las redes del crimen organizado interno y transfronterizo. sicarios.jpg El destino de este contrabando masivo expone una paradoja destructiva para la seguridad del subcontinente. Millones de litros de gasolina barata extraídos de los surtidores bolivianos cruzan diariamente hacia el Perú y el Brasil para convertirse en el insumo operativo real que abastece la maquinaria pesada de la minería ilegal de oro aluvial que destruye las cuencas amazónicas, y para alimentar los complejos laboratorios de producción y cristalización de pasta base de cocaína controlados por el narcotráfico. Bolivia se ha transformado en el financista involuntario de las economías más destructivas de la región: el Tesoro General de la Nación (TGN) quema los 211,3 millones de dólares inyectados de emergencia por el Fondo Monetario Internacional en la balanza de pagos para comprar combustibles caros en el mercado internacional, solo para revenderlos baratos en las fronteras y subsidiar los costes de las factorías delictivas de los países vecinos. Mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presume la instalación de 1.200 cámaras de monitoreo, las mafias compran "cupos" informáticos liberados internamente en el sistema B-SISA, obligando al ciudadano común de a pie a pagar tarifas criminales en el mercado negro local para sus vehículos y, parte de transporte urbano. Esta perversión logística adquiere tintes de tragedia nacional en un año donde los informes coincidentes del FMI y el Banco Mundial ratifican que Bolivia registrará una contracción económica real de entre el -2,8% y el -3,0% de su Producto Interno Bruto, consolidándonos formalmente como la peor economía de toda América Latina y el Caribe. Sostener este grifo energético transfronterizo es un suicidio fiscal que devora 55 millones de dólares semanales y priva al Banco Central de las divisas que necesita con urgencia para cubrir las obligaciones externas. El llamado a la acción es de emergencia nacional y exige que el Ejecutivo abandone la “simulación fiscalizadora” de inmediato. El orden constitucional obliga a aplicar con la máxima dureza legal el Decreto Supremo 5707 que prorroga el Estado de Excepción hasta el 17 de diciembre de 2026 para militarizar de forma permanente los surtidores en todos los confines aduaneros del país, intervenir las gerencias informáticas regionales e implementar auditorías químicas moleculares inalterables con trazabilidad Blockchain desde las refinerías. Seguir tolerando que el subsidio de los bolivianos mantenga activos los motores de la minería ilegal y el narcotráfico fronterizo es decretar la muerte material de la producción formal y la sumisión definitiva de la república ante el crimen organizado global. Señor Presidente; actúe con firmeza, con los pies en la tierra, antes de que la recesión termine de quebrar el futuro de los bolivianos. Ya tenemos un peor presidente de la historia. ¡No compita por ese lugar!