Empresas chinas van tras minerales críticos en Nicaragua, señala ambientalista
Empresas de capital chino acumulan 84 lotes mineros que abarcan más de 1,27 millones de hectáreas en Nicaragua, cerca del 10 % del territorio nacional, una expansión que ha continuado pese a las recientes sanciones de Estados Unidos contra compañías y personas vinculadas al sector aurífero nicaragüense. Los lotes, adjudicados entre 2021 y mediados de 2026 según datos de organizaciones ambientales como la Fundación del Río, abarcan ya unos 1.277.389,38 de hectáreas en el país. Para Amaru Ruiz, quien preside la Fundación del Río, “en Nicaragua actualmente hay una política agresiva para permitir las actividades extractivas mineras en el país. Esto ha significado que el régimen está controlando tanto el sector de minería artesanal como el sector de minería industrial a través de empresas vinculadas al régimen y a través de empresas mineras chinas de reciente constitución”. “Estamos hablando de proyectos mineros de cielo abierto que es una de las metodologías de más alto impacto que pone en riesgo áreas protegidas y derechos territoriales de pueblos indígenas y afro ascendientes”, señaló. El pasado 27 de julio el régimen de los Ortega Murillo otorgó dos nuevas concesiones mineras a la empresa china Norther Mining Company y elevó a 19 los permisos concedidos, mostrando así, un acelerado crecimiento de la inversión china en el país centroamericano. Ruiz destacó que “las empresas mineras actúan bajo la opacidad y discrecionalidad y con el acompañamiento del régimen de Ortega Murillo, incluso acompañadas por el Ejército y la policía. Visitan los territorios indígenas y los acompañan en los estudios sobre el terreno. Hay una claro proceso poco transparente y de tráfico de influencias para obtener rápidamente las concesiones mineras”. "Hemos visto sistemáticamente una complicidad de las instituciones del régimen y una voluntad política de acompañar a estos inversores mineros chinos que tienen esas empresas en los territorios”, apuntó. El también ambientalista y biólogo nicaragüense denunció que “los estándares de transparencia y de operatividad son menores comparados con los estándares de otras empresas de capital canadiense o de capital colombiano o británico” y puso como ejemplo que “las empresas chinas ni siquiera tienen página web, ni presentan los estudios de factibilidad económica, tampoco tienen informes de sostenibilidad, ni se conoce cuál va a ser la metodología de extracción”. Para Ruiz, existe "una serie de vacíos alrededor de la explotación minera China y no se conocen sus estándares ambientales y sociales y de acceso a la información pues obviamente son inferiores a la de otras empresas que están en el sector industrial”. A mediados de abril pasado, Estados Unidos sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, involucrados en la extracción y comercialización de oro nicaragüense. Más allá del oro y la plataAl ser preguntado si detrás de esta gran cantidad de concesiones extractivas otorgadas a empresas chinas estaba el control de minerales críticos, Ruiz señaló a Martí Noticias que “no solo están detrás del oro y la plata”. “Hemos encontrado que las empresas chinas no solo están detrás del oro y la plata sino que hay un interés en otros minerales, incluyendo los minerales críticos o de transición que puedan existir en el país”, anotó Ruiz quien además indicó que “precisamente ya se reportan exportaciones de cobre a China a través de la empresa de Santa Rita Mining que se ubica en Rosita (Costa Caribe)”. El experto explicó que “al comparar los sitios de concesión de lotes mineros chinos con el mapa metalogénico, también conocido como mapa de potencial minero que existe en el país, encontramos que coincide en algunos de los casos con lotes que se le conocen como polimetálicos, es decir, que tienen varios tipos de metales dentro de la zona, lo que permite aseverar que hay un interés de las empresas chinas en otros minerales que van más allá del oro y la plata”. Asimismo, destacó “la importancia de continuar con la tarea de documentar esta situación” porque se mostró convencido de que “eso va a permitir más adelante, cuando haya un cambio político, revisar las concesiones que fueron otorgadas sobre todo de 2018 en adelante y que implican impactos ambientales y sociales así como violaciones a los derechos humanos”.
