El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) prorrogó por cinco años los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel B100 procedentes de Argentina, al concluir que persiste el riesgo de que se repitan las subvenciones que afectan a la industria peruana.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias mediante la Resolución N.° 224-2026/CDB-INDECOPI. La medida establece recargos a los envíos del combustible argentino con el objetivo de compensar los beneficios que, según la entidad, reciben sus productores por disposiciones de su país de origen.
Los derechos compensatorios se aplican cuando una autoridad determina que un producto importado cuenta con subsidios estatales y que esa condición causa o puede causar daño a los fabricantes locales. En este caso, Perú mantiene este mecanismo desde 2016 para el biodiésel argentino.
Indecopi sostuvo que el Gobierno de Argentina conserva un esquema de control que fija cuotas de venta y precios oficiales para el biodiésel, con reglas que no responden a la libre interacción de la oferta y la demanda. Ese sistema fue uno de los elementos considerados para concluir que existe la posibilidad de que las subvenciones continúen o reaparezcan si se eliminan los recargos.
La resolución también analiza la situación de los productores nacionales. Según la Comisión, la rama de producción peruana mostró resultados desfavorables entre 2021 y 2024 en variables como producción, ventas en el mercado interno, participación de mercado y uso de la capacidad instalada.
El informe advierte que la industria local se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad, con márgenes negativos durante el período examinado. La capacidad exportadora argentina supera en más de 2,6 veces el tamaño del mercado peruano de biodiésel, de acuerdo con la evaluación de Indecopi.
La extensión de los derechos compensatorios busca evitar que un eventual aumento de las importaciones argentinas a precios afectados por subsidios profundice el deterioro de los indicadores de la producción nacional. La vigencia se extenderá por cinco años adicionales, conforme a las normas peruanas y a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La controversia comercial se remonta a la investigación que llevó a Indecopi a imponer medidas compensatorias en 2016. El organismo peruano concluyó entonces que el biodiésel B100 originario de Argentina se beneficiaba de un régimen de promoción de biocombustibles y de mecanismos estatales que incidían en sus condiciones de comercialización.
Parte del análisis se vinculó con la Ley 26.093, promulgada en Argentina en 2006, que creó un régimen de promoción para la producción y el uso de biocombustibles. Indecopi consideró además el sistema de cuotas y precios internos aplicado por las autoridades argentinas para abastecer el mercado local.
Las medidas fueron renovadas en 2021, luego de un procedimiento de examen por expiración. En ese momento, la Comisión determinó que retirar los derechos podía permitir la repetición de las subvenciones y del daño a la industria peruana.
El caso cuenta con otra línea de defensa comercial. En 2016, Indecopi también impuso derechos antidumping al biodiésel argentino tras determinar que ingresaba al Perú a precios inferiores a su valor normal. Aquella decisión fue ratificada en segunda instancia en 2018 y luego prorrogada.
Argentina cuestionó las medidas peruanas ante la OMC, donde planteó objeciones contra los derechos antidumping y compensatorios. La nueva resolución de Indecopi se refiere exclusivamente a la continuidad de los derechos compensatorios y se basa en el examen de las condiciones observadas entre 2021 y 2024.
