Una ley resistida por Fernado Rospigliosi en el Congreso llegará a oídos del Papa León XIV

El Congreso de Perú ha vuelto a bloquear el debate de un dictamen clave para impedir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, dejando en la incertidumbre la protección de este ecosistema pese a los reiterados reclamos de pescadores artesanales.

La sesión plenaria prevista para abordar el tema no fue agendada, lo que genera preocupación entre las comunidades locales que llevan más de dos años solicitando una decisión definitiva.

El dictamen busca anular los efectos del Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, aprobado por el Ejecutivo en abril de 2025.

La norma eliminó la fiscalización y sanción efectiva sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), como Paracas, y generó un vacío legal que permite a las empresas operar en la reserva sin riesgo de sanción, debilitando la protección ambiental vigente desde 2001.

Los tres proyectos de ley contenidos en el dictamen (PL 5666/2023, PL 6668/2023 y PL 7157/2023) proponen restituir el marco previo y otorgar rango de ley a la reglamentación que resguarda estas áreas. El dictamen, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos en 2024, permanece estancado en el Pleno.

La reciente suspensión de la sesión del 4 de junio, decidida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y representante de Fuerza Popular, ocurrió en medio de tensiones políticas por el balotaje presidencial y la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había solicitado que se incluyera la derogación de las “leyes procrimen” en la agenda, pero la iniciativa tampoco prosperó.

En este contexto, los pescadores artesanales, agrupados en la coalición “Defendamos Paracas”, han intensificado sus gestiones en Lima.

“La industria, a través de acciones populares y otros mecanismos legales, ha intentado derribar la protección de la reserva. El Congreso mantiene sin debate los proyectos para restablecerla”, advirtió José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Un intento de la industria por impugnar la reglamentación ambiental mediante acciones judiciales, incluyendo la vía penal, no prosperó en su momento, pero dejó en evidencia la fragilidad del marco regulatorio. “Solo en junio hemos venido cuatro veces para pedir que se apruebe el dictamen que ya pasó por comisión”, sostuvo Hernández.

El dirigente recordó que el Comité de Gestión de la Reserva reúne a unas 60 organizaciones de pescadores, maricultores y operadores turísticos, quienes han elaborado pronunciamientos públicos y visitado el Congreso de manera recurrente.

“La afectación sería desastrosa. La actividad industrial en Paracas sería terrible, esto afecta pesca, turismo y todo el entorno”, recalcó el vocero.

El respaldo de la Iglesia Católica se volvió un factor visible en la demanda. Hernández informó que enviaron una carta al Papa León XIV a través de monseñor Pedro Barreto, quien ha acompañado públicamente la causa de los pescadores artesanales de Paracas.

Monseñor Barreto, figura central en la Iglesia peruana, transmitió el mensaje a las autoridades eclesiásticas en el Vaticano y, según los representantes de los pescadores, su intervención motivó pronunciamientos de otros obispos y organizaciones sociales sobre la situación en la reserva.

Otra preocupación de las comunidades radica en que la industria pesquera puede beneficiarse de la “retroactividad benigna” del decreto, permitiendo que sanciones previas por pesca ilegal queden sin efecto.