Panamá avanza en la eliminación de sustancias tóxicas bajo tres acuerdos internacionales

Panamá alcanzó el 100% de sus compromisos internacionales para congelar y reducir los hidroclorofluorocarbonos, gases utilizados principalmente en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que deterioran la capa de ozono.

El país avanza ahora hacia tecnologías más eficientes y controles sobre otras sustancias peligrosas para la salud y el ambiente.

Los resultados fueron examinados durante una Junta de Proyecto entre el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presidida por el viceministro Carlos Guevara Mann. La reunión evaluó la ejecución presupuestaria y los avances de cuatro iniciativas desarrolladas mediante financiamiento y cooperación internacional.

Los proyectos permiten cumplir obligaciones incluidas en los convenios de Montreal, Estocolmo y Minamata. Aunque sus nombres remiten a ciudades distantes, sus disposiciones alcanzan productos y actividades presentes en la vida cotidiana, como refrigeradores, acondicionadores de aire, pesticidas, lámparas y artículos que contienen mercurio.

El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, busca proteger la capa de ozono mediante la eliminación gradual de sustancias que la deterioran. Este escudo atmosférico filtra buena parte de la radiación ultravioleta del Sol, cuya exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer de piel y daños oculares.

Entre los compuestos controlados se encuentran los hidroclorofluorocarbonos, conocidos como HCFC. Durante décadas fueron utilizados en equipos de refrigeración, climatización y fabricación de espumas, pero sus emisiones afectan el ozono y contribuyen al calentamiento global, lo que obligó a establecer calendarios internacionales para reducir progresivamente su consumo.

El siguiente desafío corresponde a la Enmienda de Kigali, incorporada al Protocolo de Montreal en 2016. Su objetivo es disminuir los hidrofluorocarbonos o HFC, que no destruyen directamente la capa de ozono, pero poseen un elevado potencial de calentamiento y continúan siendo empleados ampliamente en refrigeración y aire acondicionado.

La transición contiene una ironía química: varios HFC fueron introducidos para sustituir sustancias que dañaban el ozono, pero luego se comprobó que podían intensificar el cambio climático. Kigali intenta corregir esa consecuencia mediante refrigerantes más seguros y equipos que, además, consuman menos electricidad durante su funcionamiento.

Como parte del plan, Panamá desarrolla un proyecto piloto para reemplazar equipos contaminantes por sistemas que utilizan dióxido de carbono como refrigerante en la cadena de frío. Esta infraestructura permite conservar alimentos, medicamentos y otros productos sensibles durante el almacenamiento, transporte y comercialización.

El cambio no consiste simplemente en retirar un gas y colocar otro. Los nuevos sistemas requieren equipos compatibles, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, además de trabajadores preparados para operarlos. Si incorporan eficiencia energética, también pueden reducir el consumo eléctrico y los costos acumulados durante su vida útil.

Panamá también digitalizó el sistema de cuotas aplicado a 51 empresas importadoras de sustancias controladas. La herramienta permite conocer cuánto producto ingresa, quién lo comercializa y si respeta los límites autorizados, fortaleciendo la fiscalización y transparencia del mercado.

El programa certificó a 205 oficiales de aduanas y bomberos, responsables de identificar sustancias reguladas y actuar ante incidentes. Además, capacitó a 193 técnicos de refrigeración y climatización y sensibilizó a más de 1,500 personas sobre tecnologías relacionadas con el agotamiento de la capa de ozono.

El Convenio de Estocolmo aborda otra familia de amenazas: los contaminantes orgánicos persistentes, denominados COP. Estas sustancias pueden permanecer durante años en el ambiente, recorrer grandes distancias y acumularse en los tejidos de personas y animales, generando efectos que pueden prolongarse entre generaciones.

El acuerdo obliga a eliminar o restringir determinados pesticidas y compuestos industriales, además de reducir aquellos producidos involuntariamente durante algunos procesos. La exposición a los COP se ha relacionado con cáncer, alteraciones reproductivas y daños neurológicos, según la Secretaría del Convenio de Estocolmo.

El Convenio de Minamata se concentra en las emisiones y liberaciones de mercurio, un metal capaz de afectar el cerebro, los riñones y el desarrollo neurológico infantil. Su nombre recuerda la tragedia ocurrida en una bahía japonesa, donde vertidos industriales contaminaron peces consumidos por la población y provocaron una grave enfermedad neurológica.