La novela acusada de ser “pornografía disfrazada de literatura” que escandalizó a la sociedad y fue censurada durante tres décadas

Doscientos mil ejemplares de la novela El amante de Lady Chatterley se vendieron en un solo día en el Reino Unido, apenas la Justicia británica autorizó su circulación sin censura. Muchos compradores, sin embargo, no se animaban a pedir la novela por su nombre: solo murmuraban “Lady C” o alcanzaban los tres chelines y seis peniques de su precio a los vendedores.

El 2 de noviembre de 1960, un jurado del tribunal londinense de Old Bailey declaró no culpable a la editorial Penguin Books, acusada de violar la Ley de Publicaciones Obscenas por imprimir la versión íntegra de la novela de D. H. Lawrence. El fallo cerró más de tres décadas de prohibición en el país y desató una fiebre de ventas que agotó la tirada inicial de inmediato.

El juicio por la novela duró seis días. El jurado deliberó solo tres horas antes de llegar a una decisión unánime a favor de Penguin Books.

El fiscal Mervyn Griffith-Jones encabezó la acusación y buscó convencer al jurado de que el libro era pornografía disfrazada de literatura. “¿Lo dejarían tirado en su casa? ¿Es un libro que desearían que leyeran sus esposas y criados?”, preguntó.

El juez que presidió el proceso, John Byrne, observó que el bajo precio del libro significaba que “estaría disponible para que todo el mundo lo leyera”, un comentario representativo de las actitudes del establishment de la época.

La defensa de Penguin estuvo a cargo del abogado Krishna Menon, cuyo alegato todavía se estudia en la Universidad de Oxford. La editorial convocó a 35 testigos, entre escritores y políticos, para sostener el valor literario de la obra.

Apenas se conoció el veredicto, la hijastra de Lawrence, Barbara Barr, resumió el clima social: “Siento como si se hubiera abierto una ventana y el aire fresco soplara a través de Inglaterra”, declaró.

Allen Lane, el fundador de la editorial, ni siquiera estaba en el país cuando se desarrollaron los acontecimientos: se encontraba en España y desde la firma le aconsejaron volver de inmediato.

El amante de Lady Chatterley se había publicado de forma reducida en Italia y Francia a finales de la década de 1920, pero después fue prohibido en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, India, Australia y Japón.

La aduana británica empezó a confiscar los ejemplares impresos en Italia desde 1929, el mismo año en que las autoridades se aseguraron de que Lawrence no consiguiera editor en su país. No era la primera obra censurada del autor: su novela de 1915 titulada El arco iris ya había sido vetada por los magistrados de Bow Street por sus referencias sexuales.

Entre 1950 y 1953, más de 4.000 títulos –1.500 de ellos novelas– circulaban en listas secretas de prohibición que mantenían el Ministerio del Interior y las aduanas. Entre esos textos figuraban clásicos como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y El Decamerón, de Giovanni Boccaccio.

La persecución tuvo consecuencias concretas: en 1955 un librero del Soho fue encarcelado dos meses por vender un ejemplar de la novela de Lawrence. Un año antes se habían registrado 132 condenas bajo la ley de 1867 contra publicaciones obscenas, que terminó con 167.000 libros destruidos en los hornos de Scotland Yard.

Esa persecución llevó a la Sociedad de Autores y al entonces legislador laborista Roy Jenkins a reclamar una reforma. El resultado fue la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959, que introdujo una defensa inédita: una obra podía publicarse si tenía mérito literario, aun cuando resultara chocante para el público promedio.

El abogado y académico Geoffrey Robertson explicó, en una columna publicada por The Guardian en 2010, por qué el Estado decidió llevar a Penguin a los tribunales. Según su lectura, el factor clave fue que la editorial vendía el libro a un precio accesible para mujeres y para la clase trabajadora. Eso era, escribió Robertson, lo que “los abogados y políticos varones de clase media alta de la época se negaban a tolerar”.

Penguin decidió poner a prueba la nueva norma y le avisó por carta al fiscal general que editaría la versión completa del libro. En agosto de 1960, el asesor legal de la Corona, Reginald Manningham-Buller, leyó los primeros cuatro capítulos en un viaje en tren y escribió una respuesta contundente: “Espero que consigas una condena”.