El PP y Vox han presentado sus programas económicos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con un punto de partida común: la reducción de la carga fiscal, aunque con matices que distancian a ambas formaciones. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, presentó el primero su programa electoral el 11 de noviembre, un documento de 249 propuestas bajo el título La Reconstrucción Nacional. Vox, encabezado por Santiago Abascal, dio a conocer un día después su programa Es sentido común, con 115 medidas distribuidas en 13 bloques.
Ambos partidos sitúan al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el centro de sus propuestas fiscales, aunque con fórmulas distintas.
El programa del PP incluye un compromiso específico: deflactar la tarifa del IRPF para que la inflación acumulada, que el documento cifra en casi un 30% en los últimos años, deje de operar como una subida encubierta de impuestos. La formación también propone una reducción escalonada para trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años, con una exención completa el primer año tras su incorporación al mercado laboral, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% en el cuarto.
Vox no detalla porcentajes concretos para la reducción del IRPF, pero extiende el planteamiento de rebaja fiscal al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y al impuesto de sociedades, con el objetivo declarado de dinamizar la economía y favorecer la creación de empleo. El partido de Abascal vincula esta “rebaja masiva de impuestos” con una contrapartida explícita: una auditoría integral de las administraciones públicas y un recorte de los gastos considerados superfluos, incluida la eliminación progresiva de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG.
El PP también contempla un mecanismo de control del gasto, aunque con un enfoque distinto. Su programa propone una auditoría de 100 días sobre el gasto público de los últimos años y una revisión anual de los programas presupuestarios con criterios independientes, de forma que los que no cumplan sus objetivos pierdan financiación en favor de los que sí lo hagan. El documento plantea además ampliar las competencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para evaluar la sostenibilidad de la deuda.
En el apartado dedicado a los trabajadores autónomos, ambos programas convergen en la idea de aliviar la presión fiscal sobre quienes facturan menos.
El IVA de la vivienda constituye otro punto de comparación directa entre ambos programas.
Ambos partidos también coinciden en rebajar el IVA de los alimentos básicos.
En el ámbito territorial, Vox incorpora medidas fiscales diferenciadas para Baleares y Canarias, con una rebaja del Impuesto General Indirecto Canario y la supresión del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en el archipiélago. El PP, en su programa, garantiza que ningún Gobierno obligará a una comunidad autónoma a subir impuestos y mantiene la libertad de las regiones para bajar su carga fiscal propia dentro de sus competencias.
Ambos partidos coinciden en condicionar sus rebajas fiscales a la reducción del gasto público, aunque ninguno de los dos documentos detalla con precisión el impacto recaudatorio de las medidas propuestas ni su efecto sobre el déficit público, previsto para analizarse durante la campaña electoral que arrancó formalmente el 13 de noviembre y se extenderá hasta el 27, dos días antes de los comicios.