Impuesto sobre las emisiones de CO2: qué es, cómo funciona y quién debe pagar

El coste de emitir gases de efecto invernadero ya forma parte de la política fiscal europea y española. Los impuestos sobre las emisiones de carbono (CO₂) ponen precio a la contaminación para impulsar una economía baja en carbono, ya sea mediante una carga directa por tonelada de dióxido de carbono equivalente o a través de mercados de derechos de emisión.

En España no existe un impuesto único que alcance a todas las emisiones de CO₂ de la economía. El precio del carbono se traslada mediante el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, impuestos energéticos y figuras tributarias autonómicas. Entre ellas figuran el impuesto especial sobre hidrocarburos, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con un tipo del 7%, y el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

El impacto alcanza a industrias con alto consumo energético, importadores y conductores. La política europea también incorpora desde 2026 el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que busca evitar que empresas sujetas a costes ambientales trasladen su producción a países con normas menos exigentes para reimportar después esos bienes en la Unión Europea.

Un impuesto al carbono penaliza las actividades que liberan CO₂ u otros gases de efecto invernadero. El objetivo es encarecer el uso de combustibles fósiles y los procesos más contaminantes, favorecer la inversión en energías renovables y tecnologías limpias, además de generar recursos para medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

La diferencia con un mercado de emisiones está en el mecanismo que determina el coste. Un impuesto establece un precio fijo para cada tonelada emitida y deja que varíe el volumen de contaminación. En cambio, el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) fija un límite total de emisiones para grandes instalaciones industriales, la generación eléctrica y la aviación intraeuropea. Las compañías deben disponer de derechos suficientes para cubrir sus emisiones y pueden comprarlos o venderlos.

El límite del EU ETS baja cada año, por lo que aumenta el incentivo económico para reducir emisiones. A ese sistema se sumará el ETS2, previsto para 2027 y aplazable a 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos. Afectará a los combustibles utilizados en edificios y transporte por carretera. El pago recaerá sobre los proveedores de combustibles, aunque el coste puede trasladarse al consumidor final. La Unión Europea aplica además el CBAM a importaciones de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Su período transitorio comenzará el 1 de octubre, cuando los importadores deberán declarar las emisiones incorporadas en los bienes sin efectuar pagos. Desde 2026, el mecanismo entra en su régimen definitivo y exige un ajuste económico por esas emisiones.

Las empresas europeas incluidas en el mercado de derechos afrontan un coste por cada tonelada de CO₂ emitida. Antes del CBAM, los sectores más expuestos a la competencia internacional recibían cuotas gratuitas, una medida que limitaba los incentivos para descarbonizar sus procesos. Con el ajuste en frontera, las importaciones de determinados productos quedan sujetas a un coste vinculado a su huella de carbono.

La medida puede afectar a la industria automovilística, la metalurgia y el sector agroalimentario. Un informe del Centro de Política Económica EsadeEcPol estimó un impacto agregado superior a 2.500 millones de euros en los sectores más expuestos. El encarecimiento de los fertilizantes también puede trasladarse a la producción doméstica de alimentos, mientras los alimentos importados podrían ganar competitividad. En ese escenario, el estudio situó la carne de vacuno, las legumbres y los cereales entre los productos con aumentos superiores al 2%. La carne de ovino y caprino subiría un 1,9%; la de cerdo, un 1,6%; y la de ave, un 1,1%. El arroz, la leche y los huevos registrarían incrementos inferiores al 1%.

En Cataluña, a partir de 120 gramos de CO₂ por kilómetro. Los vehículos eléctricos no están sujetos y tampoco pagan aquellos cuya cuota sea inferior a seis euros. Los vehículos históricos y clásicos cuentan con una bonificación del 100%. La Agencia Tributaria de Cataluña abrió en septiembre el pago voluntario del ejercicio 2025 hasta el 20 de noviembre.

La excepción de este año alcanza a las furgonetas, que tendrán tarifa cero aunque superen el umbral de 160 gramos de CO₂ por kilómetro, como medida temporal vinculada a los efectos económicos del conflicto bélico en Oriente Medio. El impuesto afectó a 4.379.343 vehículos en 2024 y generó una recaudación líquida de 50,66 millones de euros. Los ingresos se destinan al Fondo Climático para financiar movilidad sostenible, transición energética y políticas ambientales.