Mientras el Gobierno quita el apoyo a la ciencia, el INTI gastó más de US$ 200.000 en 6 meses en servicios de seguridad
Se gastaron US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con capacidad de reconocimiento facial. El contraste es crítico con la situación del organismo: se encuentran en riesgo ensayos esenciales donde, en muchos casos, el instituto es el organismo estatal de referencia en la materia. Qué es y para qué sirve el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Hasta hace algunos años, la entrada de la sede central del INTI , el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, tenía una garita con dos policías. Hoy, la escena se compone por dos colectivos de la policía del Gobierno de la Ciudad en la puerta con varios efectivos dentro, cámaras de vigilancia y gendarmes que recorren el predio en vehículos de la propia fuerza y también del instituto. En uno de esos rondines, los efectivos filmaron a un trabajador, cámara en mano y sin mediar explicación. La secuencia quedó registrada en un video grabado por el propio empleado al cruzarse con la patrulla. A la salida, personal del instituto les revisa a los trabajadores las mochilas y los autos. Ocasionalmente, puede verse un camión hidrante en la entrada. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo de casi 70 años dedicado a asistir a la industria mediante ensayos, capacitaciones y certificaciones, gastó en seis meses US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con capacidad de reconocimiento facial . En total incorporó 23 cámaras nuevas en el predio. Fue en pleno desguace del organismo: mientras se anunciaba la baja de cerca de 1000 líneas de ensayo, lo que ponía en riesgo más de 700 puestos, y su presupuesto acumulaba una caída del 54% desde 2023. En mayo, la justicia frenó por seis meses el recorte, con una cautelar impulsada por ATE que el instituto ya apeló. Abrazo simbólico de los trabajadores del INTI, el 1 de julio de 2025, en rechazo al decreto que pretende “reducir la estructura y limitar las funciones” del organismo. La presencia de Gendarmería fue solicitada por el presidente del INTI Miguel Ángel Romero, abogado, martillero y fundador de la empresa de seguridad “1816 Seguridad SRL” , a pocos meses de su asunción, y consolidada a partir del 1 de noviembre de 2025. elDiarioAR accedió por pedido de acceso a la información pública al “contrato interadministrativo de servicio adicional de seguridad”, de contratación directa, en el que se dispone la custodia del predio de San Martín, ubicado en Av. General Paz al 5445. Gendarmería está facultada para prestar estos “servicios adicionales de seguridad” con personal y medios propios por el decreto 1313/02 y por su estatuto, aprobado por el decreto 454/2025. De hecho, un informe anual de Gendarmería detalla que durante 2025 se suscribieron o renovaron 25 contratos, entre los que destacan al INTI y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. elDiarioAR se comunicó con el presidente del INTI para conocer los motivos de la presencia de la Gendarmería y el presupuesto gastado en seguridad pero el funcionario aseguró que no tenía nada para decir. El 29 de octubre de 2025, Romero envió por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y con carácter de “Trámite muy urgente”, una nota titulada “Solicitud de Contratación Interadministrativa con la Gendarmería Nacional Argentina”. Allí justificó el pedido: “Dado el carácter esencial de las tareas que desarrolla este Instituto y la importancia de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, es que se impulsa llevar adelante la mencionada contratación”, argumentaba el escrito. Un policía le robó el celular a un trabajador del INTI que estaba reclamando. Lo increparon y dijo que no se lo robó, que se cayó al piso y que entonces se lo quedó jajajsj reprimen por 500 lucas y chorean en el acto para compensar. Los buenos son los de azul pic.twitter.com/jZDArZ4U1P — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 3, 2025 El contrato estipulaba, inicialmente, la presencia de 7 efectivos de seguridad: tres en el edificio de Presidencia, dos en el ingreso principal sobre Av. General Paz y dos para el acceso por calle General Manuel Savio al 1898. Además, se designó a un supervisor de tarea, responsable de “instruir y dar órdenes operativas particulares y generales de la prestación” y a un auxiliar administrativo. Según consta en el documento, Gendarmería realizó un estudio de factibilidad de la prestación a brindar y la categorizó como de “Mediano riesgo”, aplicando el tarifario correspondiente. Sin embargo, en marzo de 2026, el INTI solicitó la ampliación del servicio a 11 efectivos y en mayo se amplió el número de efectivos para el turno noche de 3 a 5. Además, Gendarmería recategorizó el servicio: “Teniendo en cuenta las facultades inherentes a esta Fuerza en materia de evaluación y determinación del nivel de riesgo de los objetivos protegidos”, la Dirección de Operaciones consideró necesario modificar la calificación del INTI de “mediano riesgo” a “alto riesgo” . La recategorización no fue solo nominal: implicó la aplicación de una escala de aranceles más alta que la pactada al inicio. El gasto de la vigilancia elDiarioAR accedió a las primeras 6 facturas emitidas por Gendarmería Nacional al INTI para los meses de noviembre de 2025 a abril de 2026. En ellas se desglosa por mes, la cantidad de efectivos por rol y módulos de horas. Los montos facturados por mes, al dólar oficial del BNA para la venta el día de la emisión de la factura, fueron incrementándose, a tono con la ampliación del servicio. En noviembre, se facturaron US$ 19.588; en diciembre, US$ 21.287; en enero, US$ 22.544; en febrero, US$ 26.110; en marzo, US$ 33.989; y en abril, US$ 36.025. En total, las facturas por el semestre suman US$159.543. Sin embargo, el contrato está firmado por dos años, con posibilidad de prorrogarlo por un año más . El documento prevé, además, reubicaciones de efectivos y aumentos en su número. Ahora, además, la vigilancia es permanente. El INTI instaló en su sede central, el Parque Tecnológico Miguelete de San Martín, una sala de monitoreo centralizada, ya en funcionamiento, desde la que se controlan en simultáneo todas las cámaras. Son 16 cámaras motorizadas, con visión nocturna y capacidad de captar tanto imagen como sonido, y de reconocimiento facial contra una base de hasta 20.000 rostros. Por esa sala se pagó en octubre de 2025 un total de US$46.511, unos $65 millones al cambio de octubre de 2025, a la empresa Crosswise S.R.L . Según su página oficial, esta fue proveedora de otras instituciones estatales como SENASA, AGIP, y AFIP. La compra también incluyó el sistema central que graba y almacena las imágenes, una computadora de procesamiento y un panel de ocho monitores de 55 pulgadas. Protesta de trabajadores del INTI. A esa sala se sumó una segunda compra efectuada también en octubre de 2025, más chica: siete cámaras de seguridad para exterior, marca Hikvision, que el INTI adquirió por $1.538.600 a la empresa Congreso Insumos S.A . Con esas unidades, sumadas a las 16 que dependen de la central, el instituto llevó a 23 la cantidad de cámaras nuevas incorporadas en el predio en los últimos meses. Las seis facturas del semestre de gendarmería (US$159.543) equivalen a unos 160 sueldos brutos mensuales de un profesional con cerca de siete años de antigüedad en el instituto (categoría C4/C5). Según la escala salarial del organismo, en junio de 2026 ese salario equivalía, en bruto, alrededor de US$ 994 al cambio oficial del Banco Nación del último día hábil del mes . Si a eso se sumara lo desembolsado por las cámaras de seguridad (US$ 46.511), se alcanzarían unos 206 sueldos brutos. El desfinanciamiento El ajuste presupuestario al instituto viene en constante crecimiento año tras año. Un Informe de junio de 2026 del Centro iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), lo puso en números: El presupuesto del INTI cayó cada año desde 2023 hasta llegar, en palabras del informe, a “un descenso acumulado del 54,0% desde 2023”. Medido contra su pico de 2016, el presupuesto es hoy un 64% más bajo, por debajo incluso del nivel que tenía en 2007. Miguel Ángel Romero, titular del INTI. El recorte no vino solo desde lo presupuestario, y en él confluyen dos carteras. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger , diseñó la reorganización del Estado que enmarca el ajuste: su secretaría elaboró el diagnóstico sobre los organismos descentralizados y tiene en su poder la aprobación de cualquier movimiento de personal en los organismos alcanzados. El INTI, en tanto, depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a través de la Secretaría de Industria y Comercio. Algunas medidas de ajuste fueron graduales, como los retiros voluntarios de los primeros meses de gestión, que redujeron el personal cerca de un 25%, de unos 3100 a 2300 empleados. El intento más drástico llegó por decreto. En julio de 2025, con el 462 , el Ministerio de Economía propuso quitarle al INTI su autarquía, en particular, la facultad de administrar los fondos que cobra por los servicios que presta a la industria, y convertirlo en una unidad organizativa, junto con otros tres institutos: el agropecuario INTA, el de propiedad industrial INPI y el vitivinícola INV. Ambas cámaras del Congreso lo rechazaron en agosto, con los trabajadores movilizados. Pero el vaciamiento no se detuvo: continuó por otra vía, ya dentro del propio organismo. La iniciativa truncada por ambas Cámaras del Congreso llevó al corrimiento del entonces presidente de INTI, Daniel Afione, y la llegada en septiembre de 2025 de Miguel Ángel Romero. Fue él quien dispuso la cesación de la prestación de servicios claves como el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), a fines de noviembre del 2025, pocas semanas después de la llegada de Gendarmería al instituto. Asimismo, el último día hábil de diciembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la baja de servicios metrológicos (de medida) legales claves y certificaciones vinculadas a medidores de concentración de alcohol en aire exhalado, surtidores de nafta y medidores de agua potable, entre otros. Los intentos de desguace continuaron. El 16 de abril de 2026, el Consejo Directivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 42 , que dispuso la baja de unas mil líneas de ensayo vinculadas a seguridad alimentaria, calidad del agua, calidad de materiales de construcción, seguridad en ascensores y control de combustibles, entre otros . Según los gremios, la medida ponía en riesgo unos 700 puestos de trabajo calificado, formados a lo largo de años. Entre los servicios eliminados por el Consejo Consultivo figura la medición para saber si sustancias del plástico, como el bisfenol A, pasan a los alimentos. El Consejo Directivo justificó la baja en que se trataba de servicios “sin demanda efectiva” o que ya ofrece el sector privado. El anexo incluye controles de seguridad cotidianos: la detección de contaminantes como la salmonela o las aflatoxinas en los alimentos, la calibración de los ventiladores pulmonares (los respiradores mecánicos de uso hospitalario) y los ensayos que miden si sustancias del plástico, como el bisfenol A, pasan del envase a la comida. Sobre estos últimos, los trabajadores consultados adviertieron que no hay otro laboratorio que haga todos los ensayos que el INTI hace . Destacaron que existe un laboratorio privado pero que solo hace algunos, y con ello no es suficiente para saber si el envase es apto o no. Sin embargo, en mayo el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N.o 2 de San Martín hizo lugar al amparo de ATE y frenó la medida por seis meses. El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la resolución: no dar de baja, transferir ni modificar los servicios; no mover el equipamiento técnico afectado; y mantener a todos los trabajadores con sus cargos y sueldos en las condiciones vigentes al 14 de abril de 2026. También le exigió sostener los ensayos, certificaciones y transferencias tecnológicas “bajo la órbita estatal del INTI”. Reprimidos por reclamar, vigilados al trabajar Ante cada intento de desarticulación o degradación del INTI, trabajadores independientes y agremiados, y empresarios pymes realizaron concentraciones y movilizaciones contra el desguace de la institución y el cierre de 25 mil pymes. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar , con datos a abril de 2026, desde que asumió Javier Milei se perdieron 28.262 empresas . En esas movilizaciones, la represión fue moneda corriente. En diálogo con elDiarioAR un empleado del INTI describió cómo es trabajar con las fuerzas de seguridad en el instituto: “ es una fuerza pública dentro de una institución de tecnología: la verdad es que intimida, intimida siempre. Están todo el tiempo en la puerta, y también está la Policía de la Ciudad con un colectivo afuera permanentemente, con agentes ”. Además, el trabajador describió cómo vivió la represión en una de las movilizaciones contra la baja de servicios . “Cuando se hace cualquier manifestación, como la que fuimos hasta el Parque Irigoyen, la policía está permanentemente ahí al lado, en cordones y cuando alguien pisa la calle, te empujan para que te subas arriba de la vereda. El otro día empezaron a gasear mientras la gente se estaba moviendo para desocupar la calle, entonces se pone picante. Hubo compañeros que estuvieron muy atacados por el gas. A mí me ardió la garganta, tosí un poco porque el gas vuela y ya te hace toser. Yo nunca había vivido una cosa así”. Lo que describe aquel trabajador no es un episodio exclusivo del INTI. La presencia de Gendarmería en organismos prestigiosos de ciencia y tecnología argentina tomó relevancia pública a la par de medidas de despidos, degradación o disolución por parte del gobierno nacional. Recientemente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue noticia por los 60 despidos y el desalojo por parte de Gendarmería , que custodió al presidente del organismo Martín Eduardo Porro a la salida del edificio. Otras manifestaciones fueron reprimidas por la policía de la Ciudad, incluso con denuncias de golpes de puño directos a la cara a científicos de CONICET , que reclamaban por el cese de su obra social y la baja inminente de 379 profesionales. Mientras los trabajadores denunciaban la represión, la conducción del INTI pedía a la Nación más seguridad, y apuntaba a los delegados sindicales como la amenaza. El 25 de junio de 2026, Romero le solicitó por nota al secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, que evaluara las “condiciones de vulnerabilidad perimetral” del predio y coordinara “acciones preventivas”. Fundó el pedido en “reiterados episodios de conflictividad”, como manifestaciones, bloqueos, hostigamiento y agresiones que, según él, protagonizaban “delegados y representantes sindicales vinculados a la Junta Interna de ATE-INTI”, y advirtió por una eventual “ocupación o toma” de edificios y laboratorios. Para entonces, la custodia ya era de 11 efectivos de día, 5 de noche y 3 los fines de semana. Según relatan trabajadores consultados por este medio, Romero abandonó el edificio de la presidencia, ubicado en el predio de San Martín desde hace al menos dos meses y trasladó su oficina a la sede de Capital Federal. En un video publicado el pasado 28 de abril por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, se puede ver a Romero siendo escoltado por decenas de Gendarmes hasta una camioneta, entre gases lacrimógenos y empujones con trabajadores. La situación, según publicó Aguiar en su cuenta de X, sucedió luego de una reunión en la que Romero “convocó a los gremios con el único fin de notificar su intención de despedir masivamente a trabajadores”. URGENTE!! REPRESIÓN ILEGAL Y ANUNCIO DE DESPIDOS EN EL INTI!! ROMERO HUYE COMO RATA: TIENE LOS DÍAS CONTADOS!! Los trabajadores del INTI han sido blanco de UN ATAQUE SIN PRECEDENTES por parte de la actual gestión del organismo. El presidente del INTI, Miguel Romero, convocó a... pic.twitter.com/Dy90OuY7uL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 28, 2026 En junio, una nueva medida obligó a los trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo. La dispensa obligatoria los forzaba a trabajar de forma remota, y se comunicó vía email el día anterior. Este mismo procedimiento sucedió tres veces en 10 días. Pero además, el 22 de junio, la gerencia de Recursos Humanos del instituto comunicó que las puertas del Parque Tecnológico permanecerían cerradas durante todo el día, sin ninguna justificación. Esto significó, no solo que los trabajadores no pudieran asistir a sus puestos de trabajo, sino que nadie pudiese acercarse al INTI a solicitar sus servicios. Los trabajadores consultados entienden a estas acciones como estrategias de desgaste que combinan vigilancia permanente e intimidación con gendarmería, control con cámaras, bajos salarios, tareas y servicios paralizados y desprestigio del organismo. El futuro del INTI aún es incierto. Recientemente, representantes legales del instituto apelaron a la cautelar, pero no consiguieron frenarla. Al conceder el recurso “con efecto devolutivo”, el juez dispuso que la medida continúa vigente mientras la instancia superior la revisa . Es decir, que hasta que la Cámara de apelaciones no resuelva, el organismo no puede avanzar con la baja de servicios. El Instituto había pedido que la cautelar quedara suspendida durante la apelación, lo que en los hechos le habría permitido avanzar con el recorte mientras la Cámara resolvía , pero el juez lo rechazó. Sostuvo que suspender la protección justo mientras se discute el caso desvirtuaría el sentido del amparo, una herramienta pensada para restablecer los derechos “sin demora”. La apelación está radicada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , que deberá decidir si confirma o revoca el freno. Al cierre de esta nota, la Sala I de la Cámara de apelaciones aún no se había expedido. LG/MG
