La Sociedad Rural Argentina (SRA) está a un paso de definir lo que probablemente sean las elecciones más tensas y polémicas en sus 160 años de historia.
La disputa por la conducción de una de las principales entidades gremiales del agro nacional se da en un contexto en el que el sector “vuela”, con una cosecha total de más de 170 millones de toneladas –unos USD 50.000 millones en exportaciones– y con el reclamos por la baja de retenciones siempre sobre la mesa.
La “guerra” –por varios motivos, termina siéndolo– es entre dos ex socios que ahora no se pueden ni ver. Nada nuevo bajo el sol argentino: una pelea más entre un presidente y su vice. Llegaron juntos al poder y terminaron mal.
Nicolás Pino y Marcos Pereda Born fueron la renovación que destronó al status quo ruralista y se quedaron con la conducción de la entidad con el discurso de “somos distintos”. Renovaron el estatuto y reeligieron. Luego, empezaron las tensiones hasta que llegó la ruptura por la interpretación de cada una sobre la idea de alternancia, que supuestamente juraron que existiría.
Pino, muy cercano al presidente Javier Milei, quiere mantener el poder y Pereda jura que es su turno y que su ahora rival quiere entronizarse. Incluso, días atrás, emitió un comunicado diciendo que la SRA corre riesgo de “convertirse en la Formosa de Gildo Insfrán”. Fuerte. Al Gobierno no le da lo mismo que gane uno u otro aunque en el fondo ambos sectores son cercanos a la apertura y el tono general de la gestión Milei. “No nos metemos, pero es verdad que Nicolás es más cercano”, dijo una fuente oficial la semana pasada.
Así, esta interna caliente entra en su recta final hacia la asamblea general prevista para el 9 de septiembre, mientras los 3.000 socios de la entidad están votando de manera electrónica estos días. Ambos sectores dicen que “están bien”, que creen que van ganando (cerca de Pino arriesgan un 70-30 en su favor). En medio de la contienda surgieron sospechas sobre que una inversiones para aggiornar el sistema de registros genealógicos. “Nada que ver”, dicen desde el búnker de Pino, aunque debió pedir perdón por la situación en su último discurso en Palermo, con Milei a pocos metros.
La SRA es lo que podría definirse como el club de los “ruralistas VIP”: el espacio donde se reúnen los grandes terratenientes y propietarios del ganado argentino. Es la aristocracia agraria histórica, más allá del intento de sus autoridades por ampliar la base de socios y de cierto baño de popularidad que se dieron junto a las otras entidades cuando se conformó la famosa Mesa de Enlace que enfrentó a Cristina Kirchner por la Resolución 125, aquella que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos. Pasaron casi dos décadas y los derechos de exportación que paga principalmente la soja siguen siendo el gran flagelo del sector.
La entidad nació en 1866 con un objetivo fundacional ambicioso: “velar por el patrimonio agropecuario del país”. Tiene unos 3.900 socios y en sus cúpulas se sucedieron apellidos como Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers, Zorreguieta, Crotto, Alchouron y Etchevehere. Muchos de sus dirigentes pasaron luego por cargos públicos en gobiernos tanto democráticos como dictaduras. La SRA integra el Grupo de los Seis, que nuclea a los actores económicos más poderosos del país, junto a los bancos, la bolsa, el comercio, la construcción y la industria. En ese contexto, asoma como una entidad de las más alineadas con el Gobierno: no es para menos, el agro es uno de los ganadores del modelo. En esa postura de “aguante” a Milei están junto a la Cámara de Comercio y la Bolsa de Comercio, mientras que la UIA y la Cámara de la Construcción parecen haber notado el contexto y ahora empezaron mostrarse algo más críticos, luego de casi tres años de caída constante de sus actividades (habrá que ver qué dice la UIA esta semana en el Día de la Industria).
Pino (62) estudió Producción Agropecuaria en la UCA, lleva más de tres décadas como miembro de la entidad y no tiene campos propios. Esa es una de las principales críticas que le hacen en un mundo de dueños.
Pereda Born (62), en tanto, es descendiente de la familia Bunge y Born —su bisabuelo cofundó el holding— y preside el Grupo Bermejo, un conglomerado de agronegocios con campos en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El primero dice que el segundo quiere manejar la SRA como una empresa, y el segundo dice de su ex compañero de fórmula que rompió promesas de alternancia y sospecha de los datos del balance que presentó.
La disputa central de la campaña y los señalamientos tienen que ver con los llamados registros genealógicos, un tema explotó públicamente en marzo, cuando cabañeros de todo el país denunciaron que el sistema no funcionaba y que estaban imposibilitados de inscribir sus animales. Hubo presentaciones judiciales y la oposición reveló que la erogación prevista para la actualización del sistema se había cuadruplicado.
La lectura opositora del balance difundido en la recta final de la campaña especifica $7.410 millones gastados en concepto de desarrollo de software y otros $1.613 millones en concepto de previsión por el reclamo de facturas impagas a la empresa proveedora, lo que equivale a aproximadamente 6 millones de dólares en total. Está escrito en la presentación financiera. La empresa contratada fue Mobile Computing, que luego cambió su nombre por Grid Dynamics Holdings y se negó a someterse a la auditoría externa que ordenó la SRA.
Infobae habló con ambos postulantes. Pino asegura que Pereda continúa siendo vicepresidente de la entidad y que participó activamente de todos los procesos vinculados a los registros, del plan estratégico y, en forma personal, de la designación de equipos. “No puede presentarse ahora como un tercero ajeno, ni menos aún hacerse el distraído. El proveedor incumplió en tiempo y forma y estamos actuando administrativa y judicialmente para resguardar a la institución”, destacó.
– Se cuestionó mucho su habilitación para presentarse a una nueva reelección.
– En 2023, en asamblea y con aprobación de una amplia mayoría de los socios, se decidió terminar con las reelecciones indefinidas y establecimos un límite de tres mandatos. Una obviedad: eso es a partir de la modificación del estatuto. Las normas rigen desde su sanción, no retroactivamente. Carlos Odriozola y yo estamos plenamente habilitados. No hay ninguna denuncia administrativa o judicial que invalide el proceso. Es un tema completamente resuelto. Todo está en orden y habilitado. Lo importante es que sea el socio quien elija.
