Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

El crimen organizado en América Latina ya no vive únicamente del narcotráfico. En Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, el oro extraído de forma ilegal genera hoy más dinero para las estructuras criminales que la propia droga, según un nuevo informe de FACT Coalition, la coalición estadounidense por la transparencia financiera y la rendición de cuentas corporativa. El hallazgo, contenido en el reporte Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere: New Approaches for U.S. Policy, publicado por Julia Yansura e Isidoro Hazbun, describe un fenómeno que ya se observa con fuerza creciente en Ecuador.

Yansura, investigadora de FACT Coalition especializada en lavado de activos y crímenes ambientales, conversó con Infobae sobre los hallazgos de su investigación, la metodología usada para rastrear un negocio que por definición se mueve en la sombra, y los cambios regulatorios que su organización propone a Estados Unidos para cerrar los canales que hoy permiten que ese oro ilícito llegue hasta el sistema financiero estadounidense.

“Creo que lo más preocupante es ver cómo el crimen organizado diversifica sus fuentes de ingreso, entrando en diferentes economías ilegales, tanto como legales”, explicó Yansura al inicio de la conversación. Para la investigadora, buena parte de los gobiernos de la región, incluido el de Colombia, siguen operando con “un enfoque de los años 80, 90” centrado casi exclusivamente en la guerra contra el narcotráfico, una mirada que hoy “nos queda corto” porque deja fuera más de la mitad de los ingresos del crimen organizado.

El informe de FACT Coalition respalda esa lectura con cifras concretas: en Colombia y en Perú, el oro ilegal genera más dinero para el crimen organizado que el propio narcotráfico, pese a que ambos países siguen siendo los mayores productores de coca del mundo. En Perú, las exportaciones ilegales de oro rondarían los USD 4.800 millones anuales, mientras que en Venezuela la minería ilegal aportaría unos USD 2.200 millones al año, sosteniendo financieramente al régimen de Nicolás Maduro. En Ecuador, según funcionarios citados por el reporte, las ganancias del oro ilegal podrían llegar a mil millones de dólares anuales, y un solo grupo armado, Los Choneros, obtendría un millón de dólares mensuales de esta actividad.

Para llegar a estas estimaciones, Yansura recurre a varias fuentes cruzadas. “Lo que yo he hecho un poco de mi trabajo es analizar las exportaciones de oro de países como Colombia”, contó, precisando que se apoya en bases de datos oficiales como Comtrade de Naciones Unidas, donde Colombia registra exportaciones cercanas a los USD 4.000 millones en productos relacionados con el oro, de los cuales el gobierno colombiano estima que un 80% tendría origen ilegal o criminal.

A eso suma las Evaluaciones Nacionales de Riesgo que cada país publica cada dos o tres años como parte de sus estrategias contra el lavado de activos: “el mismo gobierno de Colombia, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que la minería ilegal genera más ingresos ilícitos, genera más amenazas de lavado de activos que cualquier otra economía ilícita del país, incluyendo el narcotráfico”, relató.

Un tercer método consiste en comparar lo que un país declara exportar frente a lo que sus compradores declaran importar: la brecha resultante funciona como un indicador adicional de actividad ilícita. “Estos datos siempre van a ser aproximados, siempre van a ser estimaciones”, admitió Yansura, “porque estamos hablando de una economía ilícita que por definición va a ser oculta, escondida”.

Más allá de los crímenes ambientales asociados a la minería ilegal —deforestación, contaminación con mercurio, desplazamiento de comunidades indígenas—, Yansura subraya que el oro cumple hoy tres funciones financieras concretas para el crimen organizado. La primera es servir como mecanismo de lavado: grupos criminales usan efectivo del narcotráfico para comprar oro, “una forma de convertir el dinero sucio en efectivo en otra clase de activos que permite ocultar su origen”, o directamente invierten en minas para que las ganancias “parezcan ser legítimas”.

La segunda función es la de facilitar el transporte internacional de valor, ya que, a diferencia del efectivo, el oro no está sujeto a los mismos requisitos de declaración aduanera: “Si tú viajas con una mochila llena de oro (...) no tienen que declararlo, porque en la mayoría de nuestros países no tenemos los mismos requisitos para oro que tenemos para dinero en efectivo”. La tercera función es la más directa: el oro como fuente de ingreso en sí misma, a través de la compra de minas, la explotación con mano de obra propia y la extorsión a mineros informales.

El reporte de FACT Coalition documenta empíricamente ese patrón: sus investigaciones muestran que las empresas de fachada son el método más común para mover oro sucio y lavar sus ganancias en casos de minería ilegal en Sudamérica, y en Estados Unidos apenas se ha logrado, en los últimos tres años, una sola condena vinculada a oro ilegal proveniente de Sudamérica, pese al auge de la crisis.

Consultada específicamente sobre Ecuador, Yansura fue categórica: “El Ecuador es el país de la región que más me preocupa en términos de minería ilegal de oro, no solo por el dramático crecimiento que ha tenido, sino también porque es un fenómeno más reciente para el país” y, a su juicio, el Estado “está menos preparado para enfrentarlo” que Colombia o Perú, que llevan más de veinte años lidiando con el problema.

“Necesitamos más análisis de lo que está sucediendo (...) y más análisis independiente, por ejemplo, de periodismo de investigación o de sociedad civil”, agregó.

Los datos disponibles confirman esa velocidad de expansión. Según el Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, antes de 2018 existían menos de 60 puntos de minería ilegal en el país; para 2024 esa cifra superaba los 652.

El gobierno de Daniel Noboa declaró a la minería ilegal como una amenaza de seguridad nacional dentro de su Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, tras concluir que el crimen organizado ha infiltrado sistemáticamente la cadena de suministro de oro del país, desde la extracción hasta la exportación. Noboa ha calculado que los grupos criminales mueven más de USD 30.000 millones al año en drogas, armas y otros bienes ilícitos por territorio ecuatoriano, el equivalente a cerca de un cuarto del PIB nacional.

Una investigación reciente de The Times de Reino Unido retrató de primera mano ese giro: reporteros describieron cómo, para entrar hoy a una mina legal en Ecuador, hay que atravesar portones custodiados por hombres armados y encapuchados que verifican identidades por radio.