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Tegucigalpa, Honduras. Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la sexta y última revisión del programa económico 2023-2026, un paso que abre la posibilidad de acceder a un desembolso de aproximadamente 120 millones de dólares antes de finalizar el año. El acuerdo fue anunciado este domingo 1 de noviembre por el organismo financiero internacional, tras las conversaciones sostenidas con las autoridades hondureñas en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA). De acuerdo con el comunicado oficial, el Directorio Ejecutivo del FMI tiene previsto examinar los resultados de la revisión a finales de diciembre de 2026. Si obtiene su aprobación, Honduras tendrá acceso a los recursos contemplados en el programa. La misión, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, jefe del FMI para Honduras, destacó que el país ha mantenido políticas macroeconómicas prudentes y que el cumplimiento de las metas del programa ha sido, en términos generales, favorable. Sin embargo, el organismo también advirtió sobre los desafíos que enfrenta la economía hondureña, particularmente el aumento de la inflación, los efectos de la sequía y la necesidad de profundizar las reformas del sector energético. Según las estimaciones del FMI, la economía nacional creció 3.7% durante el primer semestre de 2026, aunque se proyecta que cierre el año con una expansión de 3.4%, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los elevados precios de la energía. La inflación general alcanzó 6.3% en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en 3.5%. En contraste, el organismo destacó la fortaleza de las reservas internacionales netas, que alcanzaron aproximadamente 11,500 millones de dólares en octubre, respaldadas por el ingreso de remesas familiares y los precios favorables de las exportaciones. Uno de los aspectos centrales de la evaluación fue la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), cuyo funcionamiento continúa representando un riesgo para las finanzas públicas. El FMI valoró positivamente la reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética, aunque señaló que su implementación deberá acompañarse de medidas para reducir las pérdidas eléctricas, controlar los atrasos financieros y fortalecer la gobernanza de la estatal. El organismo también consideró necesario mejorar la focalización de los subsidios energéticos, de manera que los recursos públicos beneficien principalmente a los hogares más vulnerables. En materia fiscal, el FMI respaldó el compromiso de las autoridades de mantener un déficit del Sector Público No Financiero equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) durante 2026 y 2027. Asimismo, recomendó fortalecer la administración tributaria, implementar la facturación electrónica, mejorar los controles del gasto público y avanzar en reformas que garanticen mayor transparencia en la contratación estatal. Otro de los compromisos comprende la modernización gradual del sistema cambiario, con mecanismos de asignación de divisas más orientados al mercado y medidas para preservar la estabilidad de precios. El organismo también destacó la importancia de fortalecer la seguridad jurídica, combatir la corrupción y avanzar en las reformas contra el lavado de activos, especialmente de cara a la evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) prevista para 2027. El FMI concluyó que Honduras ha logrado preservar su estabilidad macroeconómica pese a los efectos de la sequía relacionada con El Niño y las presiones externas sobre los precios, pero advirtió que mantener esos resultados dependerá de la continuidad de las reformas estructurales y de la disciplina fiscal. El acuerdo anunciado representa un avance en el cierre del programa económico vigente desde 2023, aunque todavía no constituye la aprobación definitiva del desembolso, decisión que corresponderá al Directorio Ejecutivo del FMI.