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Las jóvenes colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, conocidas en el país en octubre de 2025 luego de su participación en la flotilla Global Sumud que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria, se ganaron más que la admiración del expresidente Gustavo Petro.
De hecho, en la página de contratación pública del Estado (Secop), aparecen dos contratos que les fueron otorgadas a las jóvenes con vencimiento hasta diciembre de 2026.
Bedoya y Barreto fueron vinculadas con el Fondo Rotatorio de Cancillería para trabajar como enlaces con comunidades indígenas en municipios fronterizos. Cada una obtuvo un contrato superior a 45 millones de pesos, con tareas asignadas en departamentos distintos y pagos mensuales durante el año.
El contrato a nombre de Bedoya dispone que prestará apoyo a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza en municipios limítrofes del departamento del Chocó, mientras que el de Barreto contempla la misma labor en municipios fronterizos de Guainía y Vichada.
Las obligaciones específicas no se limitan a la interlocución con pueblos indígenas. Los dos documentos ordenan acompañar e impulsar espacios de participación territorial promovidos por la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza.
Los contratos incluyen el acompañamiento a actividades de socialización de programas y proyectos de la dirección en los departamentos asignados. Asimismo, prevén la organización logística de las reuniones que defina la supervisión contractual.
Bedoya y Barreto podrán participar en encuentros internos, interinstitucionales, con comunidades o con países vecinos, siempre que medie delegación del supervisor. El clausulado también establece que deberán realizar los desplazamientos nacionales requeridos para cumplir el objeto contractual.
Además, el Fondo Rotatorio de la Cancillería les abrió la oportunidad de hacer desplazamientos a otros lugares del país cuando exista una designación y aprobación previa del supervisor.
En esas circunstancias, la entidad asumirá los viáticos y demás gastos de desplazamiento que se originen por el cumplimiento del objeto contractual. La entidad también podrá reconocer tiquetes aéreos en clase económica cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Ambos acuerdos tienen un valor de 45.053.772 pesos y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La remuneración mensual prevista para esas labores es de 3.754.481 pesos.
“Hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.053.772) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a los que haya lugar”, señala el contrato.
Manuela Bedoya Jaramillo también fue contratada por la misma dependencia de la Cancillería. Su función consiste en servir de enlace con pueblos indígenas situados en municipios fronterizos del departamento del Chocó.
El 1 de octubre de 2025, las autoridades israelíes retuvieron a Bedoya y Barreto cuando viajaban en una flotilla que pretendía llegar a Gaza con ayuda humanitaria.
El expresidente Gustavo Petro fue una de las primeras figuras políticas colombianas que se pronunció en respaldo de las jóvenes. El entonces jefe de Estado exigió su liberación y cuestionó a Israel, una postura que ya había adoptado en otros momentos de su administración.
Después de ese episodio, el exmandatario se reunió con ambas en Bruselas, Bélgica, mientras cumplía una agenda internacional. Más tarde, las dos regresaron a Colombia a bordo del avión presidencial.
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Central Romana Corporation , Ltd. se convirtió en el primer ingenio azucarero de la República Dominicana en obtener la certificación internacional ISO 18788:2015 , estándar que establece requisitos para la gestión de operaciones de seguridad privada bajo principios de responsabilidad, conducta ética y respeto a los derechos humanos . La certificación fue otorgada por la firma auditora MSS Global , luego de un proceso de auditoría y evaluación de las operaciones del departamento de Guardacampestre de la empresa. De acuerdo con la compañía, este reconocimiento coloca a Central Romana entre las pocas empresas del sector azucarero de la región del Caribe y Latinoamérica que cuentan con esta certificación . RELACIONADAS Agro El Central Romana exportó 9,560 toneladas de azúcar a Estados Unidos Uno de los componentes centrales de la norma es el respeto y la promoción de los derechos humanos , un compromiso que alcanza al personal , clientes , proveedores, comunidades y demás partes vinculadas con las operaciones de seguridad de la empresa. “Esta certificación forma parte del compromiso asumido por nuestra empresa y todos sus empleados, de continuar elevando la calidad de los procesos operativos que desarrollamos”, afirmó Leo Matos García , vicepresidente ejecutivo de Central Romana . Alcance de la certificación El alcance de la certificación incluye la gestión , provisión y supervisión de las operaciones de seguridad física , además de los procesos de logística, seguridad electrónica y monitoreo, acreditación y controles de acceso . También contempla la coordinación de los equipos de respuesta ante emergencias e incidentes relacionados con la seguridad dentro de las propiedades de Central Romana . La implementación del estándar toma como referencia instrumentos y principios internacionales aplicables al sector, entre ellos el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA) , el Documento de Montreux y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas , además de la legislación nacional vigente. Matos García destacó el trabajo del personal del departamento de seguridad y señaló que su dedicación permitió alcanzar la aprobación de la normativa . Mediante una nota de prensa, la empresa indicó que la certificación se suma a otros estándares con los que cuenta Central Romana y que contribuirá al fortalecimiento de sus procesos internos mediante prácticas orientadas a una gestión estructurada y consistente de las operaciones de seguridad. Esta es la segunda certificación ISO 18788:2015 gestionada dentro del grupo empresarial Central Romana . La primera correspondió a Guardianes Costasur , cuyo Departamento de Seguridad en Casa de Campo fue pionero en recibir esta certificación para servicios de seguridad física en República Dominicana.