El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Carlos Betancourt sostuvo que el aumento de aranceles de Estados Unidos a Colombia, que pasó de 10% a 12,5%, fue una decisión unilateral del gobierno de Donald Trump y no una consecuencia de incumplimientos del Estado colombiano, en un contexto marcado por la guerra comercial con China, la estrategia de Washington para fortalecer sus exportaciones y factores geopolíticos.
En declaraciones a Caracol Radio, el funcionario precisó que la medida no fue exclusiva contra Colombia: alcanzó a 60 países, entre ellos Australia.
Según explicó, el ajuste fue de 2,5 puntos porcentuales, un dato que ubicó dentro de una política comercial más amplia de la Casa Blanca.
Betancourt rechazó que alguna entidad del Gobierno colombiano tenga responsabilidad en la decisión. También afirmó que, por el tamaño de la economía colombiana, hay determinaciones de política comercial internacional que escapan al control de un país “tomador de precios”, como definió a Colombia.
“Es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, que afectó a 60 países, incluidos países como Australia, por ejemplo”, dijo el director de la autoridad aduanera al medio. Luego insistió: “No tiene para nada la culpa ninguna entidad del Gobierno ni del Estado colombiano por la adopción de esos aranceles”.
El director de la Dian encuadró la subida arancelaria en tres factores. Mencionó, primero, la guerra comercial con China; segundo, una política deliberada de Trump para mejorar la competitividad de las exportaciones estadounidenses; y tercero, un componente geopolítico.
Sobre ese punto, señaló que el Gobierno estadounidense buscó mantener un dólar depreciado, lo que, en su descripción, contribuyó a la apreciación de otras monedas en el mundo. Para Betancourt, ese conjunto de elementos explica una decisión que, dijo, no guarda relación con la conducta comercial de Colombia.
El funcionario también enfatizó en que el presidente de la República fue claro en mantener el respeto por los términos de los tratados de libre comercio. En esa línea, aseguró que Colombia ha honrado esos compromisos y que la decisión partió exclusivamente del gobierno estadounidense.
“El presidente de la República fue muy claro en que nosotros respetamos los términos de los TLC, y en ese contexto hemos honrado esos compromisos. Es el gobierno de los Estados Unidos el que toma decisiones unilateral”, afirmó el funcionario.
Betancourt respondió además a los cuestionamientos sobre los controles vinculados al trabajo forzado en importaciones. Según explicó, esa tarea no depende de una sola entidad, sino de la coordinación entre las autoridades de comercio, laborales y aduaneras.
Para ilustrarlo, citó experiencias internacionales. Mencionó a la Comunidad Europea, donde las decisiones parten de instancias políticas y comerciales, pasan por investigaciones y luego son aplicadas por la autoridad aduanera. También mencionó el caso de México, donde, según dijo, procesos de este tipo pueden extenderse hasta un año.
El funcionario sostuvo que cuando aparece la sospecha de que un producto fue elaborado con trabajo forzado, se abre una investigación, se adoptan medidas de política pública y después se ejecutan controles aduaneros específicos. En el caso colombiano, agregó, parte de esa trazabilidad puede canalizarse por la Vuce, la Ventana Única de Comercio Exterior.
“Eso implica el trabajo coordinado de autoridad comercio, autoridad laboral y autoridad aduanera”, afirmó Betancourt. Y añadió que “no es una sola entidad la que tiene la obligación de eso”.
El director de la autoridad tributaria en Colombia también rechazó las sospechas planteadas por algunos gremios sobre una eventual falla institucional. Según dijo, ya existe un trabajo coordinado entre entidades y el día anterior se realizó una mesa de trabajo con participación de la Dian y del Ministerio de Trabajo para revisar la experiencia internacional y avanzar en esa tarea conjunta.
De acuerdo con su explicación, ese esquema combina política comercial, regulación laboral y control aduanero, y forma parte del interés del Gobierno por atender este frente con una acción coordinada entre varias dependencias estatales.
