Qué pasaría si Claudia López gana la Presidencia de la República en 2026: expertos opinan sobre el dilema de gobernar sin mayorías

La eventual llegada de Claudia López a la Presidencia de la República en 2026 reabre un debate que no se limita a la competencia electoral, sino que se extiende a la capacidad de gobernabilidad en un país atravesado por tensiones políticas, crisis de seguridad y un Congreso fragmentado. Aunque la exalcaldesa de Bogotá aparece lejos de los punteros en las encuestas, su nombre sigue ocupando un lugar relevante dentro del análisis académico sobre lo que podría implicar un cambio de rumbo frente al saliente gobierno de Gustavo Petro.

A menos de ocho días de la primera vuelta presidencial, la atención pública se concentra en los aspirantes que lideran las mediciones. Sin embargo, detrás de esos nombres también aparecen figuras que, pese a sus bajos porcentajes de intención de voto, todavía despiertan preguntas dentro de sectores políticos y académicos.

Claudia López hace parte de ese grupo y afronta una campaña decisiva, marcada además por su advertencia de abandonar definitivamente la carrera presidencial si no consigue llegar a la Casa de Nariño.

Para entender qué implicaría una eventual presidencia de López, Infobae Colombia conversó con el politólogo y asesor legislativo Felipe Melo y con el académico de la Pontificia Universidad Javeriana Camilo González Vides, expertos que analizaron el impacto político, económico e internacional de un hipotético gobierno suyo.

Felipe Melo explicó que uno de los primeros movimientos de Claudia López estaría relacionado con seguridad. Según indicó, su administración intentaría marcar distancia frente a la política de ‘Paz Total” impulsada por Petro y reemplazar ese enfoque por una estrategia orientada hacia el combate del crimen organizado transnacional.

“Claudia López iniciaría su gobierno con una doble señal de ruptura y continuidad selectiva respecto al gobierno Petro. La ruptura se expresaría en la esfera de la seguridad: desde el primer mes, su administración buscaría desmontar el marco conceptual de la ‘paz total’ para sustituirlo por un paradigma de gestión del crimen organizado transnacional”, señaló el analista.

Melo sostuvo que ese cambio tendría consecuencias inmediatas dentro de la doctrina militar y en la relación con Estados Unidos. También abriría tensiones políticas con sectores progresistas que respaldan los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Esa reorientación resulta coherente con la lectura que Claudia López hace sobre la violencia colombiana, porque ella la caracteriza más como criminalidad organizada que como insurgencia política. Pero esa postura generaría tensiones inmediatas con movimientos sociales y sectores del progresismo que todavía apoyan los procesos de negociación”, afirmó.

Pese a ese viraje en seguridad, el experto considera que López mantendría algunas políticas sociales del actual gobierno. Entre ellos mencionó mecanismos de protección social, programas de transferencias condicionadas y ciertos componentes de la reforma laboral.

Según Melo, la propuesta más ambiciosa de la eventual administración aparecería en la descentralización fiscal mediante presupuestos participativos regionales: “La apuesta de López por presupuestos participativos regionales como mecanismo de descentralización fiscal sería probablemente la innovación institucional más ambiciosa de su primer año. Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos considerables porque requiere reformas normativas, capacidad técnica territorial y sistemas de rendición de cuentas que el Estado colombiano todavía no desarrolla plenamente”.

En materia económica, el politólogo describió a López como una dirigente que apuesta por transferir mayor capacidad presupuestaria hacia las regiones. A su juicio, esa estrategia podría reducir desigualdades históricas, aunque también corre el riesgo de replicar problemas de clientelismo y debilidad institucional en algunos municipios.

“Su modelo implica entregar poder de asignación presupuestaria a los territorios. Esa medida puede corregir inequidades regionales históricas, pero también puede reproducir en el nivel local las mismas ineficiencias y capturas clientelares del nivel central”, indicó.

Melo también advirtió que propuestas como la economía del cuidado y los empleos verdes todavía no muestran una estructura financiera suficientemente clara: “La economía del cuidado y la transición hacia empleos verdes son banderas programáticas con respaldo en la literatura internacional de política pública, pero en su propuesta todavía no aparece una hoja de ruta financiera y regulatoria concreta”.

En seguridad, el experto considera que el enfoque de López tendría diferencias importantes frente a modelos tradicionales de confrontación armada, por lo que explicó para Infobae Colombia: “El reencuadre hacia el crimen transnacional supone priorizar cooperación con agencias internacionales, fortalecer inteligencia financiera y reducir el énfasis en confrontación armada directa. Técnicamente, el diagnóstico resulta sólido, pero políticamente su ejecución sería compleja porque las Fuerzas Militares llevan décadas bajo una doctrina contrainsurgente”.

Las dificultades políticas también aparecerían en la relación con el Congreso. Melo recordó que la experiencia de López en la Alcaldía de Bogotá funciona como antecedente de lo que podría ocurrir a nivel nacional.