El desastre de la verde Corredor encarece la factura de luz: las diez paradas de la industria y la operación reforzada demuestran que las renovables no bastan

El desastre de la verde Beatriz Corredor sigue creciendo y encareciendo la factura de la luz que pagamos. Las diez paradas que acumula la industria en lo que va de año a través de las activaciones del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y el modo de operación reforzada en el que funciona el sistema eléctrico español desde el gran apagón del 28 de abril de 2025 demuestran que las energías renovables no bastan para garantizar el suministro.

Lo malo es que el desastre no se limita a Corredor, exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez que preside Red Eléctrica (ahora bajo el nombre de Redeia y dejando el otro sólo para la filial que opera el sistema eléctrico español) desde febrero de 2020, y que figura entre las cesables en caso de cambio en La Moncloa tras las elecciones generales del 29-N. En el desastre también contribuyen otros verdes: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y su número dos, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. De hecho, este último ha subrayado que "las renovables son la póliza de seguro ante la incertidumbre y las crisis energéticas", en un reciente encuentro organizado por Esade y Amazon, con la intención de defender su impulso y el adiós a los hidrocarburos ante la guerra de Irán.

Volvamos a la factura. En lo que va de año, Red Eléctrica ha activado diez veces el SRAD, un mecanismo que se consideraba excepcional y conlleva una compensación para la gran industria mediante un pago fijo (este año es de 434 millones de euros) y unos costes variables (cada vez que se activa y que se calcula al multiplicar los megavatios interrumpidos por el precio del mercado en esos momentos)... que acaban abonando los clientes eléctricos. Pero ojo, de cara a la nueva subasta del SRAD del primer semestre de 2027, que se hará el próximo día 26, Red Eléctrica amplía el número de horas, desconexiones y potencia... y lógicamente, ante la exigencia de mayor disponibilidad, la industria también esperará una mayor compensación económica.

A lo anterior se suma el hecho de que nuestro sistema eléctrico está funcionando con operación reforzada desde mayo de 2025, y su coste acumulado hasta el pasado septiembre ascendía a 791 millones. El mayor uso de los ciclos combinados, que también hay que abonar, coincide con un momento de encarecimiento del gas por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Eso sí, no preocupa el suministro, porque España tiene diversidad de proveedores, pero por mucho que el propio Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presumieran de un modelo de dignidad, lo cierto es que Rusia sigue estando en la lista. En concreto, en los nueve primeros meses, Argelia ha representado el 34,2% de las importaciones de gas; seguida de EEUU (30,7%); Rusia (15,2%); Nigeria (8,3%); y otros. Eso sí, en septiembre, nuestro país no importó nada de gas natural licuado (GNL) ruso, algo inédito en cinco años y positivo si se tiene en cuenta que la UE vetará su importación el próximo 1 de enero.

Claro que el SRAD y la operación reforzada son sólo una parte de las restricciones técnicas incluidas en los servicios de ajuste del sistema eléctrico (los cuales permiten cambiar la programación inicial cuando hay problemas de seguridad, congestiones, insuficiencia de reservas o necesidades de control de tensión) para evitar nuevos apagones. Estas restricciones acumulaban un coste de unos 3.100 millones en los ocho primeros meses del año, según Red Eléctrica; y en total, los costes de ajuste se han disparado un 41% entre enero y octubre, hasta 4.360 millones, según la patronal eléctrica Aelec.

A todo esto se suma que ahora Red Eléctrica prohíbe a las centrales parar por mantenimiento durante un año. Asimismo, cabe destacar que el Gobierno presume de verde pero apuesta más por los ciclos combinados como respaldo de las renovables que por la nuclear. De hecho, sólo ha prorrogado la vida útil de la central de Almaraz hasta 2030 y mantiene el calendario de cierres del resto. Y ojo, ahora el Gobierno ha advertido de que el precio de la luz será aún más caro por culpa de los centros de datos... y a los cuales Red Eléctrica también podrá desconectar (como hace con la gran industria) pero no les indemnizará.