Bruselas apuesta por alargar un año el actual régimen de aranceles a cero para el pescado importado mientras decide si excluye a la flota insostenible

Trabajadoras de una empresa viguesa manipulan merluza congelada en una línea de procesamiento. / Marta G. Brea

Críticas en los dos sentidos, tanto por parte de la flota pesquera como desde la industria transformadora. La Comisión Europea sigue sin contentar al conjunto de la cadena de valor del mar con su régimen de contingentes arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés), la herramienta que permite cada año importar miles de toneladas de pescado y marisco procedentes del extranjero sin tasas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento competitivo del sector procesador. El actual marco, vigente entre 2024 y 2026, expirará en cuestión de meses, lo que hace necesario negociar el reglamento del próximo trienio, de 2027 a 2029. No obstante, Bruselas ha comunicado a los Estados miembros su intención de extender un año el actual régimen, de forma extraordinaria, mientras decide si excluye de su futura rebaja arancelaria a los países que practican la pesca insostenible.

El quid de la cuestión está en la consulta pública que el Gobierno de Ursula von der Leyen lanzó en junio de 2025 para reformular los ATQ e incluir el «factor sostenibilidad», con el punto de mira en la gestión de los barcos foráneos que venden sus capturas al mercado comunitario. Ni los resultados de ese sondeo ni el estudio de evaluación que se realizó sobre el asunto para determinar los posibles impactos de los nuevos criterios a establecer han visto la luz desde entonces. De ahí que el brazo ejecutivo de los Veintisiete opte de momento por una prórroga del sistema.

El de los contingentes arancelarios autónomos es uno de los pocos temas en los que chocan los sectores primario y secundario de la pesca. Mientras la flota rechaza que se supriman las tasas de ciertas importaciones al considerar que algunos productores extranjeros no cumplen los mismos estándares y atentan contra su competitividad, la industria defiende su sostenibilidad y la necesidad de esta herramienta para blindar su suministro, e incluso pide ampliar algunas partidas que se benefician de los aranceles a cero ante lo rápido que estos stocks se agotan cada año. En este sentido, el actual marco contempla la entrada de 900.000 toneladas anuales libres de tasas entre 2024 y 2026. Para Galicia, algunas de las especies clave son los lomos de atún (35.000 toneladas) —muy demandados por la conserva—, así como el calamar patagónico (75.000 toneladas) y el gambón austral (16.000 toneladas) —pescados por muchos barcos que faenan en el Atlántico Sur y pertenecen a sociedades mixtas participadas con capital gallego, que posteriormente exportan su producto a la comunidad para transformarlo—.

«La industria no puede esperar. Los contingentes deben negociarse a final de año, como estaba previsto», denuncia Conxemar, que rechaza de facto la propuesta de Bruselas de extender un año el régimen del trienio 2024-2026. Conforme indica, «la falta de materia prima es una realidad evidente y está afectando directamente a la capacidad de abastecimiento». «La sostenibilidad es un objetivo esencial, pero el consumidor difícilmente podrá orientar su decisión de compra hacia productos más sostenibles si la industria no está en condiciones de ofrecerle productos accesibles», abunda.

Ante esta situación, la asociación pide «un incremento sustancial del contingente arancelario autónomo del gambón austral, actualmente insuficiente». Pide triplicarlo hasta las 48.000 toneladas y de igual forma mantener el mismo ATQ para el calamar patagónico, que en 2025 se consumió en un 64% en un «año récord».

Desde Anfaco-Cytma también argumentan que «es necesario adaptar los contingentes a las necesidades reales de la industria». «Es vital dar certidumbre al sector en este momento en el que escasean algunos recursos», señala la entidad, que entre otros incrementos solicita elevar a 55.000 toneladas la partida de lomos de atún.

La patronal europea de la flota, Europêche, lamenta por su parte que Bruselas «haya perdido una oportunidad clave para reforzar la coherencia entre la política comercial y las exigencias de producción de la Unión Europea». «La Comisión ha tenido cuatro años para integrar criterios de sostenibilidad significativos en el régimen ATQ. Sin embargo, esta pórroga se presenta sin la transparencia ni las salvaguardias necesarias», manifiesta.

La asociación se pronuncia en línea con la industria transformadora sobre el calamar y el gambón, que a sus ojos «se ven sujetos a una prórroga sin revisión cuando son de necesidad para el mercado y no suponen una amenaza ni para la sostenibilidad ni para la competencia», pero sí carga contra el caso «especialmente preocupante» de los lomos de atún, «principalmente procedentes de países asiáticos donde existen casos documentados de abusos laborales y pesca ilegal». «Estas importaciones inundan el mercado en cuestión de días, distorsionan los precios y perjudican directamente a la competitividad de nuestra flota», subraya la entidad.