El organismo informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y anunció acciones frente a intimidaciones contra sus jueces
TCE rechaza amenazas contra el juez Joaquín Viteri y anuncia acciones legales.ARCHIVO / EXPRESO
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó este viernes 29 de mayo las amenazas de muerte dirigidas contra el juez Joaquín Viteri Llanga y confirmó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes. El organismo aseguró que adoptará medidas para garantizar la seguridad del magistrado.
A través de un comunicado oficial, la institución señaló que las amenazas estarían relacionadas con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de Viteri. Además, sostuvo que este tipo de actos constituyen una forma de intimidación contra la administración de justicia electoral y el trabajo de los jueces.
“El Tribunal Contencioso Electoral rechaza las amenazas de muerte dirigidas contra el juez Joaquín Viteri Llanga, por el ejercicio de su cargo y el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales”, indicó la entidad en el documento difundido la tarde de este viernes.
El organismo también cuestionó las amenazas y descalificaciones que circulan en redes sociales contra integrantes de la institución. Según el pronunciamiento, estas acciones buscan afectar el normal desarrollo de la función jurisdiccional y presionar indebidamente a los jueces electorales.
De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía General del Estado ya fue notificada sobre los hechos. Paralelamente, se prevé la adopción de medidas orientadas a resguardar la integridad física del magistrado y asegurar la continuidad de sus actividades dentro del tribunal.
“Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, institución que realizará las investigaciones correspondientes en el ámbito de sus competencias”, señaló el TCE.
El comunicado fue publicadominutos después de que el juez Joaquín Viteri negara un pedido presentado por Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), relacionado con la investigación fiscal conocida como caso Caja Chica.
La solicitud buscaba acceder a documentación reservada dentro de una investigación previa por presunta delincuencia organizada. Según argumentó la dirigencia de la organización política, la información era necesaria para sustentar un eventual recurso destinado a revertir la suspensión de nueve meses que pesa sobre el movimiento.
Sin embargo, Viteri concluyó que el requerimiento era improcedente debido a que la reserva corresponde a una investigación penal en curso, cuya administración y control no forman parte de las competencias del ámbito electoral.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el TCE no tiene facultades para levantar medidas de reserva dispuestas dentro de procesos penales ni para intervenir en actuaciones que corresponden a otras instituciones del Estado.
Asimismo, advirtió que acceder a la petición implicaría afectar principios constitucionales y procesales, además de interferir en una investigación que se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado.
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