Caso Progen: Defensa de Antonio Gonçalves pide identificar transferencias y beneficiarios

Los abogados del exministro de Energía solicitan rastrear los movimientos bancarios de la empresa estadounidense encargada de la generación eléctrica

Antonio Gonçalves ocupó el ministerio de Energia entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024.

La defensa del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, solicitó a la Fiscalía General del Estado nuevas diligencias dentro de la instrucción fiscal del caso Progen. El pedido busca transparentar la estructura societaria, financiera y bancaria de la empresa estadounidense Progen Industries LLC, proveedora de equipos de generación eléctrica contratada por la Unidad de Negocio Termopichincha, de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) durante la crisis energética de 2024.

Los abogados del exfuncionario judicializado por presunto peculado señalaron la necesidad de identificar a los accionistas y los movimientos de los fondos públicos bajo la premisa de seguir la ruta del dinero para llegar a la verdad.

Entre las acciones requeridas por el equipo legal consta la citación de John Manning y Andrew Williamson, identificados en los expedientes como representantes de la firma norteamericana. Asimismo, los defensores plantearon un requerimiento de información dirigido al registro público del estado de Florida, en Estados Unidos. Esta solicitud pretende exponer los nombres de los directores, administradores y beneficiarios finales de la corporación. El análisis financiero busca además esclarecer el destino y uso de los recursos estatales transferidos a las cuentas de Progen por concepto de los contratos de emergencia.

La investigación penal se concentra en dos contratos específicos adjudicados por Celec a Progen para la instalación de generación térmica en Salitral y Quevedo. Según el Banco Central, el Estado ecuatoriano ya pagó a la contratista 104 millones de dólares.

El proceso por presunto peculado tomó fuerza debido a que los motores y generadores adquiridos nunca entraron en operación comercial para mitigar los racionamientos. Las realidad es que parte de la maquinaria entregada corresponde a equipos usados o reacondicionados, lo cual vulnera las cláusulas contractuales que exigían estrictamente la provisión de sistemas nuevos.

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