Es la red más grande del país: Godoy detalla captura del exgobernador Ruffo Appel

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ensenada, Baja California, a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, señalado como uno de los presuntos integrantes de una estructura empresarial investigada por introducir combustible de manera ilegal desde Estados Unidos, mediante carros tanque de ferrocarril y declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras.

Durante un mensaje a medios, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que la dependencia obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas presuntamente relacionadas con lo que calificó como la red de contrabando de hidrocarburos más grande detectada hasta ahora en el país.

Ruffo Appel y cuatro personas más fueron detenidos durante las primeras acciones operativas. Las autoridades federales trabajan para cumplimentar las 20 órdenes de aprehensión restantes.

Entre los investigados se encuentran socios de las empresas presuntamente vinculadas con la organización, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado y otros servidores públicos que habrían facilitado las importaciones irregulares.

De acuerdo con la fiscal general, la estructura comenzó a operar mediante una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, vinculada formalmente con servicios portuarios, dragados y operación de puertos. A partir de esa compañía se habría construido una red logística, empresarial y financiera para ingresar, transportar, descargar y comercializar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.

Las empresas relacionadas con la red estaban registradas como importadoras de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al ingresar la mercancía desde Estados Unidos declaraban cantidades inferiores a las realmente transportadas o registraban productos distintos al combustible contenido en los carros tanque.

La investigación estableció que los cargamentos provenían de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y eran distribuidos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Las investigaciones realizadas por la FGR dieron a conocer que la organización reportaba únicamente alrededor de 10 mil litros por cada carro tanque de ferrocarril, aunque las unidades podían transportar hasta 110 mil litros. Es decir, declaraba aproximadamente 10 por ciento de la capacidad real.

El combustible ingresaba al territorio nacional sin las revisiones aduaneras correspondientes y posteriormente era descargado en vías de conexión conocidas como espuelas ferroviarias.

En esos puntos, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el hidrocarburo era trasladado a pipas y tractocamiones pertenecientes a por lo menos siete empresas. Estas compañías se encargaban de venderlo y distribuirlo en distintas regiones del país.

Durante una primera operación, las autoridades localizaron decenas de carros tanque de ferrocarril en Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y San Luis Potosí. Esa intervención habría provocado una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos a la organización investigada y permitió desarticular uno de sus principales centros de operación.

La titular de la FGR enfatizó que la revisión de los cargamentos permitió establecer que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.

La FGR también detectó diferencias considerables entre los volúmenes autorizados para importar y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, las empresas habrían introducido volúmenes equivalentes a más de 10 veces lo permitido. Respecto de la gasolina regular, importaron más de tres veces y media la cantidad autorizada.

La investigación financiera identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. También fueron detectadas operaciones de cambio de divisas superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas recibían los recursos y los transferían casi de inmediato, por lo que mantenían saldos mínimos.

La Fiscalía General de la República señaló que este comportamiento corresponde al funcionamiento de las denominadas “cuentas puente”, utilizadas para dificultar la identificación del origen del dinero, seguir su recorrido y determinar quiénes eran sus beneficiarios finales.