EE.UU. prorroga la emergencia sobre Brasil que sustenta los aranceles
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En diez allanamientos fueron detenidas seis personas; se hallaron cerca de $ 250 mil, un lingote de oro, joyas y celulares. Todos recibieron prisión preventiva
El exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, es investigado por presunto lavado de activos.Cortesía / Ministerio del Interior
Más de 377.000 dólares habría registrado como ingresos Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, mientras que ante el Servicio de Rentas Internas habría declarado apenas 19.000 dólares. Esa diferencia es uno de los elementos con los que la Fiscalía lo procesó por presunto lavado de activos y obtuvo prisión preventiva en su contra.
El caso no se limita a esa brecha. La investigación nació de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre operaciones inusuales e injustificadas por más de nueve millones de dólares. Ese monto, según la Fiscalía, corresponde a movimientos atribuidos al conjunto de los procesados y no únicamente a Bermeo.
El alcalde de Ponce Enríquez fue procesado.Créditos Ministerio del Interior
La teoría fiscal sostiene que el exalcalde habría utilizado una empresa de su propiedad para realizar actividades vinculadas con minería ilegal, facturación irregular y exportaciones de oro sin documentos que acreditaran la compra o extracción lícita del mineral. Además, los movimientos detectados no guardarían relación con las actividades económicas declaradas ante el SRI.
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Junto con Bermeo fueron procesados Ana Bermeo, Jennifer Calle, Simón Calle, Johanna Calle y Luis Lazo. En la causa también constan las empresas BBC Golden S.A. y Metalminerales S.A., esta última representada legalmente por Lazo. Para los seis investigados, el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado ordenó prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de 90 días.
El magistrado también dispuso el congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero, la incautación de vehículos e inmuebles que habrían sido adquiridos durante el periodo investigado y la prohibición de enajenar otros bienes. En los allanamientos se incautaron cerca de 250.000 dólares en efectivo, un lingote de oro, joyas, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a pericias.
Fiscalía indicó que presentó información bancaria, tributaria, migratoria, societaria y de aportaciones al IESS. También incorporó certificaciones que, según la institución, evidenciarían que los investigados no contaban con permisos para desarrollar actividades de extracción minera.
La familia sostuvo, en cambio, que las operaciones de Baldor Bermeo en el sector minero contaban con permisos y autorizaciones. Cuestionó la exposición mediática del caso y afirmó que se ha intentado instalar una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia.
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Sus allegados también rechazaron las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien señaló al exalcalde como presunto financista de Los Lobos. Hasta ahora, la imputación formal comunicada por la Fiscalía corresponde a lavado de activos. La familia advirtió, además, que el proceso podría afectar sus derechos políticos y su eventual participación como precandidato en las próximas elecciones municipales de Camilo Ponce Enríquez.
Kléber Carrión, abogado experto en seguridad y exoficial de Inteligencia, advirtió sobre una posible politización de las investigaciones y cuestionó que estos operativos parezcan concentrarse en figuras contrarias al oficialismo.
Nelson Yépez, analista en seguridad, atribuyó la aparente tranquilidad de Bermeo durante su traslado a una posible confianza en su defensa y alertó sobre la falta de controles e inteligencia estatal frente a la minería ilegal.
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En línea con el paquete de reformas anunciado en junio pasado, el Consejo de Ministros de Cuba publicó el decreto que reordena las actividades económicas permitidas para el sector privado y la inversión extranjera, que ahora podrá involucrarse en la extracción de crudo y gas natural, aunque con condiciones. La medida reduce de 125 a 44 las actividades prohibidas al sector privado.