España vigila en tiempo real las aduanas de Gibraltar con la nueva frontera digital

El fin de la Verja no significa el fin de los controles. Al contrario. La desaparición de las barreras físicas entre Gibraltar y La Línea, hace ahora casi un mes, vino acompañada de un sistema de supervisión aduanera mucho más sofisticado, digital y coordinado que el existente hasta ahora. El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo administrativo firmado con el Reino Unido respecto a Gibraltar que desarrolla, con 41 páginas de instrucciones técnicas, cómo se aplicará el Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido en materia de aduanas.

Se trata de uno de los documentos más importantes derivados del acuerdo internacional porque explica, con un enorme nivel de detalle, cómo se moverán las mercancías entre Gibraltar y la Unión Europea, qué competencias ejercerá España, cómo se intercambiará la información entre ambas administraciones y de qué manera se controlará el fraude fiscal, el contrabando y el movimiento de viajeros.

El texto comienza dejando claro que todas estas medidas son exclusivamente operativas y no alteran las posiciones jurídicas de España y del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar. Su objetivo es establecer las "modalidades prácticas" para aplicar el tratado sin afectar a la cuestión política de fondo.

La principal consecuencia es que Gibraltar deja de funcionar como un territorio aduanero prácticamente aislado del sistema europeo. A partir de ahora, cada movimiento comercial entre la Unión Europea y el Peñón quedará registrado mediante procedimientos informáticos específicos, con un seguimiento prácticamente en tiempo real por parte de las autoridades españolas.

La complejidad del nuevo modelo ya ha provocado las primeras incidencias apenas una semana después de la entrada en vigor provisional del tratado. Durante los últimos días se han registrado retrasos en la entrada de mercancías a Gibraltar, incluidos medicamentos y productos frescos, debido a problemas de comunicación y a errores en la tramitación de la nueva documentación aduanera entre España y el Peñón.

La situación obligó al Gobierno gibraltareño a intervenir directamente, desplazando a la frontera a la ministra de Empresa y Sanidad, Gemma Arias-Vasquez, junto al secretario principal, Glendon Martínez, y al responsable de Aduanas, John Payas. Aunque las farmacias aseguraron que no existía riesgo inmediato de desabastecimiento, algunas alertaron de que miles de dosis de medicamentos permanecían retenidas, incluidos fármacos que requieren cadena de frío, como la insulina. Las autoridades atribuyen los retrasos a los inevitables problemas de adaptación a un sistema completamente nuevo y aseguran que las incidencias ya han sido identificadas y que no deberían repetirse, mientras los agentes de Aduanas están formando a importadores y operadores para agilizar los nuevos procedimientos.

El acuerdo establece que cualquier mercancía que salga de la Unión Europea con destino a Gibraltar deberá hacerlo mediante una nueva declaración de tránsito denominada T2GI, mientras que las mercancías procedentes de terceros países utilizarán un procedimiento específico denominado T1GI. Ambos documentos permitirán seguir el recorrido completo de cada envío desde un Puesto Aduanero Designado (DCP) español hasta Gibraltar y viceversa.

No bastará con que un camión llegue al Peñón. Las autoridades gibraltareñas deberán comunicar electrónicamente cuándo ha llegado la mercancía, si ha sido inspeccionada, qué destino recibe, si paga el nuevo impuesto sobre transacciones y, en su caso, si queda acogida a un régimen fiscal especial. Hasta que toda esa información no haya sido transmitida a España, el tránsito no se considerará cerrado.

El sistema está diseñado para impedir que desaparezcan mercancías durante el trayecto o que entren en circuitos comerciales sin tributar.

El acuerdo dedica numerosos apartados a los supuestos de irregularidades. Si Gibraltar no comunica correctamente el destino final de una mercancía, si ésta desaparece, si no se acredita el pago de los impuestos o si no se cumplen los plazos establecidos, la Aduana española iniciará los procedimientos para liquidar el IVA y, cuando proceda, los impuestos especiales.

En algunos casos será la propia administración gibraltareña la que recaude esos impuestos por cuenta de España, para posteriormente transferir las cantidades al Estado español en un plazo máximo de dos meses junto con toda la información del operador, las mercancías y la liquidación practicada.

Uno de los aspectos más novedosos del acuerdo consiste en la integración tecnológica. España dispondrá de acceso permanente a los sistemas informáticos utilizados por Gibraltar para gestionar el puerto, el aeropuerto, las operaciones aduaneras y determinados sistemas tributarios relacionados con el tratado. El intercambio de información será automático mediante conexiones seguras y servicios web específicos, integrados con el sistema europeo de tránsito NCTS.

Las autoridades españolas podrán consultar en tiempo real el destino de las mercancías, los justificantes del pago del impuesto sobre transacciones, los movimientos asociados a regímenes especiales e incluso los registros necesarios para efectuar controles posteriores. El propio acuerdo prevé revisar este sistema un año después de su entrada en vigor para ampliar aún más el intercambio de datos.

El documento también regula por primera vez las denominadas visitas conjuntas. Será cuando España detecte riesgos para el mercado europeo que podrá solicitar inspecciones en el puerto, el aeropuerto, depósitos fiscales o instalaciones logísticas de Gibraltar. Las actuaciones materiales las realizarán los funcionarios gibraltareños, pero deberán hacerlo acompañados por representantes españoles, que podrán supervisar las operaciones e indicar qué actuaciones desean que se practiquen.

Durante estas inspecciones, los agentes españoles acudirán vestidos de paisano, debidamente identificados y sin portar armas reglamentarias. Mientras dure una visita conjunta, las mercancías, los buques o las aeronaves inspeccionadas no podrán abandonar Gibraltar ni entrar en el territorio aduanero de la Unión.