El Tratado de Gibraltar convence a los Lores británicos pese al temor a una mayor influencia de España

El Tratado de Gibraltar ha superado una prueba política relevante en Westminster. La Cámara de los Lores británica ha expresado un respaldo mayoritario al acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, en un debate de casi tres horas en el que la eliminación de los controles fronterizos terrestres y la estabilidad económica del Peñón se enfrentaron a las advertencias sobre sus posibles consecuencias a largo plazo. Entre las voces más críticas, varios parlamentarios alertaron del riesgo de que Gibraltar termine más condicionado por España y Bruselas y pierda parte de su conexión económica con Londres.

La discusión, celebrada a partir de un informe del Comité de Asuntos Europeos de la Cámara Alta, permitió conocer las principales reservas y argumentos a favor de un tratado que ya cuenta con el respaldo unánime del Parlamento de Gibraltar. Aunque los lores no tenían que aprobar el acuerdo para que el Gobierno británico pudiera avanzar hacia su ratificación, la mayoría de las intervenciones respaldaron la decisión adoptada por los representantes electos del Peñón.

El debate también fue seguido desde la tribuna por una delegación gibraltareña encabezada por el ministro principal, Fabián Picardo, acompañado por el viceministro principal, Joseph García, y el fiscal general, Michael Llamas, entre otros representantes y funcionarios.

Uno de los principales argumentos de quienes defendieron el acuerdo fue la necesidad de garantizar una frontera fluida entre Gibraltar y La Línea de la Concepción, esencial para la actividad económica y el día a día de miles de trabajadores que cruzan entre ambos territorios.

El parlamentario independiente Lord Barrow, que intervino en nombre del presidente del Comité de Asuntos Europeos, Lord Stirrup, destacó que el acuerdo aborda problemas fundamentales que, de haber continuado sin solución tras el Brexit, habrían amenazado la economía gibraltareña. También pidió tener en cuenta la voluntad expresada por el Parlamento del Peñón, que aprobó el tratado por unanimidad.

En la misma línea, el conservador Lord Tugendhat defendió que Londres debe respetar la decisión de Gibraltar y no pretender que conoce mejor que sus habitantes cuáles son sus intereses. "No debemos asumir en Londres que sabemos mejor que otras personas cuáles son sus propios intereses", vino a señalar durante su intervención. A su juicio, ignorar la decisión de los representantes gibraltareños habría sido una muestra de arrogancia política. Tugendhat también cuestionó que la adaptación a determinadas normas europeas implique necesariamente una renuncia a la soberanía. En su opinión, compartir competencias puede ser una decisión legítima cuando contribuye al bienestar de la población.

La baronesa Butler-Sloss, por su parte, recordó que había visitado recientemente Gibraltar y mantenido conversaciones con empresarios, miembros del Gobierno y representantes de la oposición. Su conclusión fue clara: el tratado es un acuerdo que Gibraltar ha estudiado detenidamente y desea. La parlamentaria destacó la importancia de la fluidez fronteriza tanto para el Peñón como para la vecina La Línea y defendió que la soberanía británica y la autonomía de la base militar quedan protegidas. Aunque reconoció su preocupación por la posibilidad de un cambio político en España, consideró que el acuerdo ofrece garantías suficientes para resistir un cambio de Gobierno en Madrid.

También Lord Hannay advirtió de que rechazar el tratado podría provocar daños económicos considerables a Gibraltar.

Las advertencias más contundentes llegaron de Lord Frost, antiguo ministro conservador encargado del Brexit y uno de los negociadores más destacados de la salida británica de la Unión Europea. Frost reconoció la importancia de mantener una frontera fluida, pero cuestionó el precio que Gibraltar podría pagar por conseguirla. Entre sus preocupaciones citó la obligación de adaptarse a nuevas normas europeas sin participar directamente en su elaboración, el papel del Tribunal de Justicia de la UE en la resolución de determinadas disputas y las consecuencias que podrían tener las disposiciones del tratado si surgieran tensiones políticas.

Su principal temor es que un futuro Gobierno español menos favorable a Gibraltar utilice los mecanismos del acuerdo para ejercer presión sobre el territorio. También puso en duda que las garantías existentes eliminen todos los riesgos a largo plazo. "Mi opinión personal es que no creo que este tratado vaya a ser bueno para Gibraltar a largo plazo", afirmó. Frost sostuvo que el acuerdo podría provocar un desplazamiento gradual de la influencia hacia España y la Unión Europea, en detrimento de los vínculos con Reino Unido. También cuestionó las consecuencias de la adaptación dinámica a la legislación comunitaria y de la cesión de determinadas competencias jurídicas.

Sin embargo, el exministro dejó claro que sus reservas no equivalían a un rechazo del tratado. Reconoció que el Parlamento de Gibraltar lo había respaldado por unanimidad y que no había indicios de que Londres hubiera presionado para conseguir ese resultado. "Gibraltar ha tomado su decisión y la acepto", afirmó, al tiempo que descartó que Westminster debiera imponerse a la voluntad expresada por los gibraltareños. Su intervención dejó así una de las principales contradicciones del debate: considerar que el acuerdo presenta riesgos, pero admitir que corresponde a Gibraltar decidir si está dispuesto a asumirlos.

Lord Redwood, veterano euroescéptico, puso el foco en las consecuencias económicas de los nuevos arreglos aduaneros, la fiscalidad y la regulación. A su juicio, estas cuestiones podrían afectar a la competitividad del Peñón y a su relación comercial con Reino Unido.

Lord Jackson también expresó sus reservas sobre las normas de residencia y cuestionó que la voluntad de Gibraltar tuviera prioridad frente a otros intereses británicos.

Estas intervenciones reflejaron una visión de la soberanía centrada en preservar el margen de decisión nacional y evitar que las obligaciones derivadas del tratado condicionen el futuro del territorio. Frente a ellas, los defensores del acuerdo insistieron en que la alternativa también tenía costes. La incertidumbre sobre el futuro de la frontera podía perjudicar a empresas, trabajadores y servicios esenciales, especialmente en sectores que dependen de la movilidad transfronteriza.

El liberal demócrata Lord Purvis destacó la importancia de la cooperación con los territorios vecinos y recordó la dependencia de Gibraltar de los trabajadores que cruzan a diario desde España. Según señaló, alrededor del 70% del sector asistencial depende de personas que trabajan a través de una frontera. Para Purvis, el tratado no debe interpretarse necesariamente como una desventaja, sino como una oportunidad para acceder de forma más estable al mercado europeo y favorecer la prosperidad del Peñón. No obstante, también reclamó al Gobierno británico que explique con qué rapidez podrían activarse los mecanismos de resolución de disputas si surgieran problemas. Las garantías, advirtió, deben ser eficaces y funcionar en plazos compatibles con las necesidades diarias de trabajadores, comercios y servicios.