"El tratado de Gibraltar resuelve tan solo algunos aspectos, sobre todo, del interés profundo de Gibraltar"

Entrevista | Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

Algecireño nacido en Benaoján (1955), Fernández es uno de los mayores expertos en el contencioso de Gibraltar. Pasados más de tres siglos desde la toma del Peñón en 1704, el tratado que el próximo día 14 suscribirán la Comisión Europea y Reino Unido no resuelve ni el litigio sobre la soberanía ni otros muchos aspectos, aunque dará paso a un escenario sin controles fronterizos entre la colonia británica y La Línea de la Concepción.

Pregunta.¿En qué grado resuelve el Tratado los principales problemas existentes en las relaciones entre Gibraltar, España y la Unión Europea?

Respuesta.Como se refiere a los principales problemas existentes, debo decir que el acuerdo respecto a Gibraltar resuelve tan solo algunos aspectos, sobre todo, aquellos que son del interés profundo de Gibraltar, es decir los referidos a la libre circulación de personas y a la libre circulación de mercancías. Apenas se tocan los servicios o los capitales que serían de interés para España y para la UE. Tampoco se tocan los temas relacionados con las bases militares británicas ni con el personal militar. Hay otros muchos aspectos que, aunque se mencionan no quedan suficientemente regulados, como las cuestiones medioambientales y otros.

P.¿España debería haber condicionado el acuerdo a algún avance en la cuestión de la soberanía de Gibraltar?

R.España estaba en condiciones de haber avanzado en algunas cuestiones respecto a los diferentes contenciosos que tenemos con el Reino Unido respecto a Gibraltar, como poner fechas al cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con Gibraltar, en aplicación del Derecho Internacional, la retroacción del istmo, como espacio no cedido en Utrecht y ocupado ilegal e ilegítimamente por el Reino Unido, o el tema de las aguas marítimas circundantes al Peñón. España tenía posibilidad de vetar cualquier acuerdo, pero ni siquiera ha intervenido directamente en el proceso negociador. Ha sido un convidado de piedra que tan sólo ha dado su visto bueno.

P.¿Cree que el Gobierno de España y la Comisión Europea han escuchado suficientemente a los expertos en Derecho Internacional o la negociación se ha desarrollado con escasa participación de especialistas independientes?

R.Yo me hubiera conformado que hubieran escuchado a los órganos de Naciones Unidas, pero no ha sido el caso. La opacidad del proceso de negociación, donde España ha impuesto un silencio riguroso y vergonzoso, sólo roto por el propio Gobierno de Gibraltar, que ha sido más democrático que España, ha impedido que se fueran conociendo los aspectos más controvertidos. No es normal tampoco que los expertos sean consultados en negociaciones políticas, pero sí los órganos establecidos para emitir opiniones jurídicas, como la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores o el mismo Consejo de Estado, donde hay expertos internacionalistas. Sin embargo, ni siquiera el Parlamento español ha sido consultado.

P.¿Qué valoración hace del papel desempeñado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares?

R.¿Ha desempeñado algún papel, más allá de establecer un equipo que acompañara a los negociadores de la UE y el Gobierno del Reino Unido? Seguro que le han consultado algunos aspectos. Recuerdo, por ejemplo, la invitación a que funcionarios de Frontex hicieran el control de pasajeros en el puerto y aeropuerto, lo que fue aceptado inicialmente por España, aunque afortunadamente no por la UE. No sabemos si el ministro ha dado instrucciones político-diplomáticas, ni en qué sentido. Ha nombrado un equipo diplomático, sin integrar a otros profesionales cualificados, como economistas o medioambientalistas, por ejemplo, que alumbraran otras cuestiones, ni a nadie de la comarca del Campo de Gibraltar, el único territorio al que le afectarán verdaderamente las cuestiones negociadas y con una problemática específica. Me remito a los hechos, aunque, obviamente, no tengo datos de las posibles conversaciones que haya habido entre el ministro Albares con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido o con el Comisario europeo, encargado de la negociación.

P.Vayamos por partes. En materia de medioambiente, el tratado no aborda soluciones ni pone plazos a los rellenos sobre el mar, las emisiones contaminantes, los vertidos o la protección de las aguas de la zona. ¿Decepcionado?

R.A mí España no me suele decepcionar nunca. Me hubiera sorprendido que hubiera exigido una respuesta a estos temas que suponen respuestas objetivas. Hubiera bastado exigir el cumplimiento del derecho del mar y del derecho medioambiental y el cumplimiento de normas de protección de espacios protegidos por la propia UE.

P.¿El acuerdo permitirá acabar con el dumping fiscal que Gibraltar ejerce sobre el Campo de Gibraltar, España y el conjunto de la Unión Europea, o ese problema continuará?

R.El dumping fiscal se puede reducir, pero no se va a acabar. Ya, de por sí, el propio Acuerdo respecto a Gibraltar acepta aspectos impositivos mínimos por el hecho de que se le acepta el mínimo que ya la UE reconoce, por ejemplo, a Luxemburgo y la resistencia de Reino Unido, de Gibraltar, a la imposición de otros impuestos. Es verdad que va a reducirse la brecha en algunos de los productos que actualmente circulan sin control, pero seguirá existiendo dumping fiscal porque el éxito de la política gibraltareña depende de ello. No obstante, habrá que estar pendiente y los órganos que se crean en el marco del acuerdo, de vigilancia y control, que siempre podrán señalar aquellas cuestiones que se consideren al respecto.

P.¿Se garantizan de forma efectiva los derechos laborales, la libre circulación y la seguridad jurídica de los trabajadores españoles y del resto de ciudadanos de la UE que desarrollan su actividad en Gibraltar?