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Sánchez agónico: el PSOE al borde de la imputación y Puigdemont libre
La acusación popular añade tráfico de influencias y reclama que Ferraz sea investigado como persona jurídica apoyándose en informes de la UCO que sitúan en el partido dinero, medios y logística de la trama Leire Díez
El PSOE acaba de entrar en la precampaña de las elecciones del 29N con una amenaza judicial que afecta directamente a sus siglas. Apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, el PP ha solicitado que el propio Partido Socialista sea citado como persona jurídica investigada en la causa de las cloacas por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación de caudales públicos.
No es todavía una imputación: es la petición formulada por la acusación popular y corresponde al instructor decidir si la acepta. Pero el salto procesal que pretende el PP es trascendente. Hasta ahora el foco recaía sobre Santos Cerdán, Leire Díez y otros investigados. Ahora se pide determinar si Ferraz puede tener responsabilidad penal propia por una estructura que, según los indicios recogidos durante la instrucción, utilizó medios del partido.
El escrito se apoya especialmente en los informes 89/2026 y 98/2026 de la UCO. En uno de los pasajes que reproduce la acusación, la Guardia Civil concluye que "tanto los fondos utilizados para el pago de los gastos en los que incurrió el grupo, como las necesidades logísticas o de personal administrativo [...] provinieron de un mismo origen: el PSOE". El propio instructor ya apreció "serios indicios incriminatorios" de que Cerdán habría puesto la estructura socialista al servicio de la actividad investigada.
Y el rastro conduce a las cuentas. Zaño Sociedad Consultora, vinculada al también investigado Gaspar Zarrías, giró al PSOE entre agosto y noviembre de 2024 cuatro facturas de 7.500 euros más IVA cada una. Mientras, la consultora abonó cuatro mensualidades netas de 4.000 euros a Leire Díez. La acusación sostiene que ese mecanismo permitió retribuirla sin documentar directamente una relación entre ella y Ferraz.
Hay más. El PSOE abonó 125.000 euros a Jacobo Teijelo, también investigado en el procedimiento, mediante una hoja de encargo cuya operativa examina la causa. Y el escrito recuerda que el partido sufragó viajes, alquileres de vehículos y otros gastos de Leire Díez y miembros del grupo, además de contabilizarse hasta 22 visitas de Díez a Ferraz, 18 de ellas para reunirse con Cerdán.
El frente más comprometido afecta al dinero público. La acusación pone el foco en 18.125,80 euros pagados a Crónica Libre como publicidad de las europeas de 2024. Sostiene que ese desembolso fue declarado como gasto electoral y computado para la subvención pública, aunque los responsables de la agencia de medios declararon que nunca habrían recomendado aquel soporte y que no se aportó el informe final de impresiones solicitado. Sobre esa operación construye la petición de investigar al PSOE también por malversación, financiación ilegal y blanqueo.
La acusación añade otro elemento delicado para Ferraz: los controles internos. Personal administrativo declaró que los viajes se autorizaban porque "nos lo decía Santos", mientras la gerente federal, Ana María Fuentes Pacheco, reconoció que determinadas contrataciones respondieron a la voluntad del entonces secretario de Organización. Cristina Narbona declaró que Cerdán tenía entonces atribuciones para realizar "cualquier tipo de contratación".
Ahora tendrá que decidir el instructor si esos indicios bastan para dar el paso que reclama el PP y atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada.
Para Sánchez, el calendario difícilmente podía ser peor. Disolvió las Cortes el lunes para pedir a los españoles una nueva mayoría y el martes su partido recibe una petición de imputación por cinco delitos, entre ellos financiación ilegal y malversación. La campaña acaba de empezar y Ferraz tiene una urna delante y a la UCO pisándole los talones.
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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de más de un millón de euros para la construcción de la nueva Oficina Emplea de Almadén, que se trasladará a la calle Antonio Blázquez desde su actual ubicación en la calle Mayor. La actuación, que saldrá próximamente a licitación, contempla un plazo de ejecución de 12 meses una vez adjudicadas las obras. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado de este acuerdo al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que también se ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que encara ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que pueda ser aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha este año. En relación con la nueva Oficina Emplea de Almadén, Patricia Franco ha explicado que la inversión aprobada permitirá el traslado de las instalaciones a la calle Antonio Blázquez. “Una vez aprobada su inversión, sacaremos a licitación esta actuación para que, cuando se resuelva y se adjudique, den inicio unas obras que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses”, ha señalado. Tramitación parlamentaria El Consejo de Gobierno ha tomado también en consideración el Anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, una norma que establece un nuevo marco de tramitación preferente, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para aquellos proyectos de inversión que sean declarados estratégicos en Castilla-La Mancha. “La nueva Ley tiene como objetivo crear un marco de tramitación preferente de acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las inversiones empresariales que sean declaradas estratégicas en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco, que ha explicado que la declaración atenderá a criterios como el crecimiento económico, la generación de empleo, la creación de riqueza, la competitividad, la sostenibilidad, la economía social y la cohesión territorial. El Anteproyecto está estructurado en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria que afecta a la Ley de Proyectos Prioritarios, tres disposiciones finales y un anexo. La norma contempla un amplio abanico de sectores y actividades susceptibles de obtener la declaración de inversión empresarial estratégica, desde la industria hasta la agricultura, la energía y el agua, la construcción, el comercio, la logística, la hostelería, la producción audiovisual o los servicios sociales, entre otros. También establece los umbrales mínimos de inversión y empleo en función del tamaño de los municipios. Así, en localidades de más de 30.000 habitantes se exigirán al menos 30 empleos directos y una inversión de 10 millones de euros; en municipios de entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 empleos y 7,5 millones de inversión; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 empleos y cinco millones; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 empleos y tres millones; y en localidades de hasta 5.000 habitantes, cinco empleos y un millón de euros de inversión. La normativa prevé además que el Consejo de Gobierno pueda declarar excepcionalmente estratégico un proyecto que no alcance esos umbrales cuando presente un impacto relevante para la región. Entre los criterios que podrán tenerse en cuenta figuran su carácter innovador, la generación o ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad, la creación o mantenimiento de empleo significativo o un avance tecnológico relevante para la industrialización regional. Patricia Franco ha destacado asimismo dos novedades de la futura Ley: la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha , que ampliarán las actuales Unidades de Acompañamiento Empresarial, y la creación de la Comisión de Valoración de Inversiones Empresariales Estratégicas de Castilla-La Mancha . Esta Comisión estará presidida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y contará con representantes de los departamentos del Ejecutivo autonómico implicados en la atracción empresarial, además de una vocalía vinculada a la Consejería competente en el ámbito de la actividad que se tramite como estratégica. La declaración de inversión empresarial estratégica permitirá a los proyectos, tanto de capital regional como nacional o internacional, beneficiarse de una tramitación administrativa preferente, reducción de plazos y acceso prioritario a programas de ayudas y a las declaraciones de interés regional. Las solicitudes, a petición de los propios proyectos, se resolverán en un plazo de tres meses. Nuevas convocatorias de Formación Profesional en el Ámbito Laboral Por otro lado, Patricia Franco ha informado al Consejo de Gobierno de la próxima convocatoria de la Modalidad I de Formación Profesional en el Ámbito Laboral , dirigida a personas ocupadas y dotada con 10 millones de euros. La convocatoria, prevista para la próxima semana, permitirá alcanzar a cerca de 10.000 personas mediante acciones de formación orientadas a la mejora y actualización de sus competencias profesionales. Asimismo, la consejera ha informado de la próxima resolución de la convocatoria de la Modalidad II de Formación Profesional en el Ámbito Laboral , dirigida a personas desempleadas, que contará con una inversión de 29,88 millones de euros. Esta resolución permitirá ofrecer formación a 9.858 personas desempleadas a través de 647 cursos , correspondientes a 20 de las 26 familias profesionales existentes.