Nueva Zelanda ha dado un paso que marca un cambio en su política energética al conceder la primera autorización para explorar petróleo y gas en alta mar desde que el Ejecutivo eliminó la prohibición que impedía nuevas perforaciones offshore.
La decisión supone un giro respecto a la estrategia impulsada por el anterior Gobierno, que había apostado por reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia un sistema eléctrico basado en fuentes de bajas emisiones.
El nuevo Ejecutivo considera que garantizar el suministro energético es una prioridad, especialmente tras el descenso continuado de la producción nacional de gas durante los últimos años.
Con este objetivo, reabrió la posibilidad de solicitar permisos de exploración y lanzó una convocatoria para atraer inversiones al sector.
La primera empresa en beneficiarse de esta nueva política ha sido la australiana EnZed Energy, que ha obtenido una licencia con una vigencia de 12 años para desarrollar trabajos de exploración en la cuenca de Taranaki.
Esta región concentra la mayor parte de la actividad petrolera y gasística del país y dispone de alrededor de 400 pozos distribuidos en una veintena de yacimientos, aunque las autoridades consideran que todavía conserva un importante potencial por desarrollar.
El contexto energético mundial, para sorpresa de nadie, explica buena parte de este cambio de estrategia.
Hace apenas unos años, Nueva Zelanda era prácticamente autosuficiente en el suministro de gas natural. Sin embargo, la falta de nuevas exploraciones y el agotamiento progresivo de algunos yacimientos han provocado un descenso muy significativo de la producción.
Los datos oficiales muestran que la extracción de gas pasó de una media mensual de unos 415 millones de metros cúbicos en 2017 a aproximadamente 215 millones durante el pasado año.
Esta reducción cercana al 50% ha obligado al país a depender cada vez más de las importaciones para cubrir la demanda interna.
Aunque Nueva Zelanda continúa ampliando su generación mediante energías renovables, especialmente gracias a la hidráulica, la eólica y la geotermia, el Gobierno considera que el gas sigue siendo un elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
Durante los periodos de sequía, cuando disminuye el nivel de los embalses hidroeléctricos, la disponibilidad de gas resulta esencial para evitar problemas de suministro y mantener la generación eléctrica.
Precisamente esta situación ha llevado al Ejecutivo a combinar el impulso de las renovables con una mayor apuesta por los recursos energéticos propios.
Además, las autoridades ya trabajan en la construcción de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL), cuya entrada en funcionamiento podría producirse el próximo año o, como muy tarde, en 2028, reforzando así la capacidad de abastecimiento del país.
La concesión de esta licencia también tiene una clave internacional: la de la voluntad del Gobierno de atraer nuevas inversiones energéticas.