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Desmantelada en Madrid una red que vendía ropa deportiva falsificada y causó un daño económico de más de 6 millones. / POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPAL DE MADRID
La pasión por el fútbol se había convertido en un negocio millonario al margen de la ley. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al almacenamiento, distribución y venta de ropa deportiva falsificada, que operaba desde el barrio de Lavapiés y contaba con una red logística capaz de enviar mercancía a cualquier punto de España. La operación se ha saldado con tres personas detenidas, más de 18.500 artículos falsificados intervenidos y un perjuicio económico estimado en 6,3 millones de euros para las marcas afectadas.
La investigación arrancó a raíz de varias denuncias presentadas por los representantes legales de las firmas deportivas perjudicadas, que alertaron de la comercialización ilegal de sus productos en Lavapiés. Paralelamente, los agentes de la Comisaría de Chamartín seguían la pista de otro foco de venta de falsificaciones situado en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, donde ya se habían desarrollado actuaciones policiales relacionadas con la distribución de camisetas fraudulentas coincidiendo con distintos eventos deportivos.
Las pesquisas permitieron conectar ambos puntos de venta con una vivienda utilizada como almacén y centro de distribución, desde la que los presuntos responsables coordinaban tanto el suministro a vendedores callejeros como los envíos de mercancía a otras ciudades españolas. Durante las labores de vigilancia, los investigadores detectaron un movimiento constante de personas que entraban en el inmueble y salían cargadas con grandes bultos y mochilas, una actividad que despertó las sospechas de los agentes sobre la magnitud del negocio clandestino.
Para evitar ser descubiertos, los integrantes de la organización habían establecido importantes medidas de seguridad que dificultaban el acceso al almacén y permitían controlar quién entraba y salía del edificio. Según ha explicado la Policía, los clientes debían contactar previamente mediante aplicaciones de mensajería instantánea para que les abrieran la puerta de forma remota, mientras otras personas realizaban labores de contravigilancia en la vía pública con el objetivo de detectar posibles movimientos de las fuerzas de seguridad.
La actividad de la organización iba mucho más allá de la venta ambulante en las calles de Madrid, ya que los investigadores descubrieron una estructura logística que recurría a empresas de paquetería para distribuir los productos falsificados por todo el territorio nacional. Según las estimaciones policiales, en apenas diez meses los detenidos habrían gestionado la recepción y el envío de 779 bultos, con un peso acumulado superior a 14.572 kilos de mercancía, lo que equivaldría a unas 70.110 camisetas de fútbol de clubes y marcas de reconocido prestigio. Este volumen de actividad habría generado una facturación directa estimada en 2,1 millones de euros, mientras que el perjuicio económico para las firmas afectadas ascendería a 6.309.900 euros, una cantidad calculada tomando como referencia un precio mínimo de venta al público de 90 euros por cada camiseta original.
La operación culminó después de que la autoridad judicial autorizara la entrada y registro de dos inmuebles de la capital, uno de ellos situado en el entorno de las calles Ventorrillo y Mira el Sol, en el barrio de Lavapiés. Durante estas intervenciones, los agentes detuvieron a tres personas consideradas presuntas responsables de la estructura delictiva e intervinieron 40.500 euros en efectivo y más de 18.500 artículos deportivos falsificados, muchos de ellos ya preparados en cajas para su distribución mediante empresas de mensajería.
Además de las prendas y el dinero, los policías se incautaron de abundante documentación comercial y material informático empleado para gestionar los pedidos y organizar los envíos nacionales, elementos que permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización que había convertido la falsificación de camisetas de fútbol en un negocio de distribución a gran escala. Con estas detenciones y registros, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid dan por desmantelada la infraestructura logística desde la que operaba la red.
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La campaña de la aceituna de mesa en Andalucía afronta un escenario de elevada incertidumbre debido a la fuerte presión de las importaciones de terceros países. En unas declaraciones en ‘Herrera en COPE’, Francisco Fernández, portavoz y responsable de aceituna de mesa de COAG Andalucía, ha alertado sobre la sustitución progresiva de variedades autóctonas como la aceituna gordal sevillana por productos importados de menor coste procedentes de Egipto o Grecia. El portavoz agrario ha denunciado la preocupante situación que se vive en la distribución alimentaria. "En el lineal de los supermercados nos encontramos ya una sustitución casi completa de la aceituna gordal sevillana por una gordal egipcia", ha afirmado Fernández, quien ha remarcado además que este producto importado cuenta con una calidad inferior a la del género local. Según ha explicado Francisco Fernández, los costes de producción para la variedad gordal se sitúan en torno a un euro y medio por kilo en España. Por el contrario, las producciones importadas de la variedad asfixia o egipcia entran al mercado con precios de entre 80 y 90 céntimos, lo que impulsa a los compradores industriales a adquirir el fruto extranjero a mitad de precio en lugar del producto en verde local. Para las cooperativas, esta coyuntura ha generado serias dificultades de almacenamiento en fermentadores, mientras que los agricultores que no forman parte de cooperativas se ven forzados a vender a precios por debajo de sus costes. Fernández ha advertido de que la falta de capacidad para almacenar la producción agrava la vulnerabilidad de los cosecheros frente a las imposiciones de la industria. Como consecuencia de estos bajos precios en origen y del escaso valor del aceite en granel, bastantes productores han optado por no recolectar la cosecha. "Una de las alternativas es no echarle más dinero", ha señalado el representante de COAG Andalucía, destacando la inviabilidad de asumir los costes de la recolección sin garantías de rentabilidad. El portavoz ha reclamado que las autoridades impongan medidas de protección como un canon o arancel para frenar la entrada masiva de estos contingentes. Fernández ha argumentado que las explotaciones españolas pagan hasta diez veces más en sueldos en comparación con países como Egipto, Grecia o Marruecos, además de soportar el peso de la normativa europea en materia de fitosanitarios, prevención de riesgos laborales y seguridad social. Asimismo, Francisco Fernández ha criticado la disparidad regulatoria y ha solicitado una regulación efectiva sobre las importaciones de aceite de terceros países, cuyo precio de compra a tres euros distorsiona la referencia del mercado nacional frente a los cuatro euros y medio del producto local. Por todo ello, ha instado al público a consumir preferentemente productos de origen español. El panorama del sector agrario se complica adicionalmente por el constante incremento en el precio del gasoil agrícola, un factor que encarece las labores de labranza y tratamiento en las fincas. Fernández ha advertido de que la repercusión de este sobrecoste eleva el coste mínimo de producción hasta los 1,70 euros, lo que termina empobreciendo a las comarcas de Andalucía. Ante esta grave situación, el representante agrario ha ratificado la participación en la tractorada convocada en Madrid a finales de mes, impulsada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones. La movilización buscará visibilizar las demandas del campo, exigir soluciones ante el alza de costes energéticos y defender la supervivencia de las explotaciones agrícolas.