Trump dinamita la negociación con Canadá con una nueva ofensiva arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo paso en su ofensiva proteccionista al aprobar aranceles adicionales del 50% sobre una amplia selección de productos procedentes de Canadá. La decisión, adoptada en plena negociación sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, amenaza con deteriorar todavía más las relaciones entre Washington y Ottawa y con provocar una nueva espiral de represalias comerciales.

Las medidas afectan a productos por un valor aproximado de 20.000 millones de dólares anuales y alcanzan sectores como el automóvil, los lácteos, las bebidas alcohólicas, el cemento, los textiles, la maquinaria, la ropa, las semillas y el material deportivo. Sin embargo, la Administración estadounidense ha dejado fuera algunas importaciones estratégicas, entre ellas la energía, la potasa, determinados minerales críticos y parte de los productos pesqueros.

Esta selección de excepciones evidencia que la Casa Blanca intenta castigar a Canadá sin provocar un perjuicio inmediato en aquellos sectores de los que depende de manera significativa la economía estadounidense. La profunda integración industrial entre ambos países convierte cualquier ruptura comercial en un riesgo también para las empresas y los consumidores de Estados Unidos.

La medida entrará en vigor el 19 de agosto de 2026 y supone uno de los mayores desafíos para las relaciones económicas entre ambos vecinos durante los últimos años.

La Casa Blanca justifica la decisión alegando que Canadá mantiene prácticas discriminatorias contra los productos estadounidenses. El Gobierno de Trump señala especialmente las restricciones canadienses sobre los productos lácteos, las dificultades para comercializar alcohol estadounidense en algunas provincias y las políticas relacionadas con la industria del automóvil.

Washington también critica las represalias aprobadas anteriormente por Canadá frente a los gravámenes estadounidenses. Para aplicar las nuevas medidas, la Administración ha recurrido a la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una herramienta legal prácticamente inédita que permite imponer sanciones contra aquellos países a los que Estados Unidos acusa de discriminar sus exportaciones.

El recurso a una norma aprobada hace casi un siglo refuerza el carácter excepcional de la decisión. También muestra la voluntad de Trump de utilizar todos los instrumentos a su alcance para imponer su agenda comercial y obtener concesiones de sus socios.

Aunque el presidente estadounidense ha relacionado en público el deterioro de las relaciones bilaterales con el humo procedente de los incendios forestales canadienses, ese argumento no constituye la principal base jurídica de los nuevos aranceles. El núcleo del conflicto sigue siendo comercial y se concentra en el acceso de las empresas estadounidenses al mercado canadiense.

El momento elegido por la Casa Blanca resulta especialmente relevante. Estados Unidos, Canadá y México se encuentran inmersos en la revisión del TMEC, el acuerdo que sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que entró en vigor el 1 de julio de 2020.

El tratado estableció una revisión conjunta al cabo de seis años para evaluar su funcionamiento y decidir si los tres países prolongan sus compromisos. En este contexto, los aranceles pueden interpretarse como una estrategia de máxima presión negociadora por parte de Washington.

La ofensiva amenaza con vaciar de contenido algunas de las ventajas del acuerdo comercial. Si los productos que cumplen con las reglas del TMEC acaban sometidos a gravámenes extraordinarios, la estabilidad que debía garantizar el tratado queda seriamente cuestionada.

El Gobierno canadiense considera que las medidas vulneran el espíritu del acuerdo y estudia su respuesta. El primer ministro, Mark Carney, ha defendido la vía diplomática, aunque ha advertido de que los aranceles terminarán perjudicando tanto a los ciudadanos canadienses como a los estadounidenses.

Desde Ontario, el jefe del Gobierno provincial, Doug Ford, ha reclamado una reacción contundente y ha planteado la posibilidad de nuevas represalias si Estados Unidos no retira los gravámenes.

La economía canadiense depende en gran medida de su acceso al mercado estadounidense, pero la relación es bidireccional. Las cadenas de suministro de ambos países están estrechamente conectadas, especialmente en la industria automovilística, donde algunos componentes cruzan varias veces la frontera antes de que un vehículo quede completamente ensamblado.

Los nuevos aranceles pueden elevar los costes de producción, encarecer los bienes de consumo y generar tensiones inflacionistas. Las empresas estadounidenses que utilizan componentes canadienses tendrán que asumir el sobrecoste o trasladarlo a los consumidores.