El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, asisten a la sesión final de la Cumbre del G20. EP/Archivo.
No hay un muro que divida el mundo en dos. Hay países que compran armas a un socio, venden materias primas a otro, comparten organismos con sus competidores y firman acuerdos tecnológicos con empresas de ambos lados. Esa mezcla, cada vez más habitual, está convirtiendo la rivalidad entre Washington y Pekín en algo mucho menos ordenado que una nueva Guerra Fría.
India coopera con Estados Unidos en el Quad, pero comparte los BRICS con China y Rusia. Turquía sigue dentro de la OTAN mientras explora fórmulas de cooperación con Pekín, Moscú y otras potencias regionales. Brasil mantiene a China como principal socio comercial y, al mismo tiempo, continúa buscando inversión y tecnología estadounidense para sectores estratégicos. Incluso Canadá, uno de los aliados históricos más estrechos de Washington, está reforzando sus vínculos con Europa para reducir una dependencia que durante décadas parecía casi inevitable.
No todos persiguen lo mismo ni parten de la misma posición. Tampoco forman un bloque alternativo a Estados Unidos y China. Lo que comparten es una preocupación cada vez más visible por conservar margen de maniobra en un escenario en el que la competencia entre las dos grandes potencias se extiende mucho más allá de la diplomacia. Defensa, semiconductores, inteligencia artificial, energía, minerales críticos o cadenas de suministro se han convertido en terrenos donde una dependencia excesiva puede terminar condicionando decisiones políticas.
De ahí que la estrategia ya no pase necesariamente por escoger un socio y cerrar la puerta al otro. Cada vez más gobiernos intentan repartir riesgos. Pueden apoyarse en Washington para reforzar su seguridad, recurrir a Pekín para sostener su comercio, participar en organismos donde coinciden con ambos y construir al mismo tiempo capacidades propias para evitar que cualquiera de los dos tenga demasiado peso sobre sectores esenciales.
Ese movimiento se ha hecho especialmente visible entre las llamadas potencias medias, países con suficiente peso económico, demográfico o regional como para influir en el equilibrio internacional, pero sin capacidad para imponer por sí solos las reglas del sistema. India, Brasil, Turquía, Arabia Saudí, Indonesia o Canadá encajan de maneras distintas en esa categoría y están utilizando precisamente esa posición intermedia para multiplicar socios y ganar autonomía.
La consecuencia es un mapa internacional cada vez más difícil de ordenar en bloques cerrados. Las alianzas tradicionales siguen existiendo, pero son menos exclusivas; los socios pueden coincidir en seguridad y enfrentarse en comercio, compartir organizaciones multilaterales y competir por inversiones, o buscar acuerdos puntuales con países situados en campos aparentemente opuestos. La pregunta ya no es únicamente de qué lado está cada Estado, sino hasta qué punto está dispuesto a depender de uno solo.
Pocos países permiten entender mejor ese cambio que Canadá. La relación con Estados Unidos sigue siendo difícil de sustituir por razones geográficas, económicas y militares. Alrededor del 70% de las exportaciones canadienses tiene todavía como destino el mercado estadounidense y ambos países comparten estructuras de defensa continental e inteligencia desarrolladas durante décadas. Precisamente por eso resulta significativo que el Gobierno de Mark Carney esté intentando abrir nuevas vías con Europa.
La tensión comercial con la Administración de Donald Trump ha acelerado un movimiento que Ottawa presenta como una estrategia de diversificación. La Unión Europea y Canadá han empezado a explorar una cooperación más estrecha en defensa, energía, minerales críticos e inteligencia artificial, e incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a plantear para el país norteamericano una fórmula de asociación inédita cuya naturaleza jurídica todavía está por concretar.
El acercamiento no se queda únicamente en declaraciones políticas. Canadá ha solicitado incorporarse a una asociación militar de reacción rápida liderada por Reino Unido y ha elegido a la alemana TKMS para un programa destinado a renovar su flota de submarinos. Ottawa también explora con Francia nuevas vías de cooperación energética y contempla la posibilidad de aumentar las exportaciones de gas natural licuado hacia Europa.
Eso no significa que Canadá esté en condiciones de sustituir a Estados Unidos por Europa. Sus Fuerzas Armadas continúan profundamente integradas con las estadounidenses y la mayor parte de sus exportaciones cruzan la frontera sur. Lo relevante es el intento de reducir el número de áreas en las que Ottawa carece de alternativa cuando aparecen diferencias con Washington.
Algo parecido, aunque desde una posición muy distinta, ocurre con Turquía. Ankara conserva uno de los mayores ejércitos de la OTAN y continúa vinculada a la arquitectura de seguridad occidental, pero lleva años construyendo relaciones paralelas que le permiten ampliar su capacidad de negociación en Oriente Próximo, Asia Central y el Cáucaso.
Uno de los ejemplos más recientes es el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado por Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. El pacto establece que un ataque armado contra uno de los tres países será considerado un ataque contra todos. Ankara ha insistido, no obstante, en que la nueva estructura no pretende sustituir las alianzas existentes.
La diferencia no es menor. El acuerdo crea un mecanismo de seguridad regional en el que Estados Unidos no ocupa el centro, aunque dos de sus integrantes mantengan estrechas relaciones con Washington. La escalada de los ataques hutíes contra Arabia Saudí ha permitido además comprobar que no se trata únicamente de una declaración política. El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, aseguró el pasado 19 de septiembre que su país estaba preparado para responder a determinadas necesidades militares saudíes, especialmente en cuestiones técnicas.
Tres días después, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, junto con Egipto, volvieron a coordinar posiciones durante la Asamblea General de Naciones Unidas y defendieron el derecho de Riad a protegerse de los ataques hutíes dentro del marco del derecho internacional.