Bruselas mueve ficha contra el comercio ultrarrápido de China: guerra abierta contra los productos de precios inigualables

El juego de los vacíos o la búsqueda de los recovecos suele ser una de las prácticas que mayores márgenes de beneficio puede llegar a ofrecer a las empresas o negocios. Hallar esa actividad por la cual puedan disfrutar de una fiscalidad mucho más laxa o notoriamente rebajada puede suponer el ingreso de millones de euros, los cuales llegan con una gran rentabilidad al partir de una posición mucho más ventajosa que los rivales del mercado. Esto es exactamente lo que han venido disfrutando, y que están muy cerca de dejar de hacerlo, compañías chinas como Shein, Temu o AliExpress, las cuales, al igual que ocurrió en su día con Uber, Airbnb o Amazon, de una anomalía regulatoria.

La Unión Europea toma cartas en el comercio electrónico y busca ejercer un control sobre las importaciones baratas que llegan del mercado asiático, como las de los minoristas en línea Shein y Temu. La medida que pasará a ponerse en marcha impondrá un arancel aduanero de 3 euros a partir del 1 de julio para los paquetes de bajo valor. Es decir, las compras en línea inferiores a 150 euros, según declaró el Consejo de la UE. Este tributo estaba previsto implementarse en el 2028, en bloque con una reforma conjunta del sistema aduanero; sin embargo, el aumento del dumping de productos chinos en Europa ha despertado una preocupación notoria, más teniendo en cuenta que en 2024 llegaban más de 12 millones de paquetes al día a la UE.

Los precios imbatibles de estas plataformas de comercio electrónico dejarán de disponer de una diferencia tan sustancial respecto a sus competidores. Esto será algo que tratará de equilibrar un mercado marcado por un gran desequilibrio regulatorio y que hará mediante una tasa de 3 euros por cada categoría de producto. De esta manera, por comprar solo ropa se aplicará este tributo de 3 euros, mientras que si a ese pedido se añaden una lámpara se incluirán tres euros más, al igual que si también se incluye, por ejemplo, una funda para el móvil. A ello se sumará, además, a partir de noviembre otro impuesto por gestión aduanera.

Aunque son los compradores los que pagan la actualización de este marco regulatorio, desde la UE dicen que “no es un impuesto al consumidor”. “Reemplaza una exención aduanera obsoleta que ya no tiene justificación y que ha dado de facto una ventaja competitiva a ciertos modelos de negocio”, tal y como defienden.

La ofensiva de Bruselas contra los paquetes ultrabaratos procedentes de China no surge de la nada. Durante los últimos quince años, la Unión Europea ha ido corrigiendo distintos vacíos regulatorios que permitieron a algunas de las empresas más disruptivas del mundo crecer a una velocidad extraordinaria aprovechando marcos normativos diseñados para una economía anterior a internet. El patrón se repite: una innovación tecnológica desembarca en el mercado, encuentra un terreno regulatorio ambiguo y logra ofrecer precios o servicios difícilmente igualables por los operadores tradicionales.

Uno de los casos más paradigmáticos fue el de Uber. La compañía defendió durante años que era una plataforma tecnológica y no una empresa de transporte, una interpretación que le permitía operar con menores exigencias que las impuestas al sector del taxi. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en 2017 que el servicio formaba parte del ámbito del transporte, abriendo la puerta a que los Estados miembros le aplicaran las mismas obligaciones regulatorias que a los operadores tradicionales.

Algo similar ocurrió con Airbnb. El crecimiento explosivo de los alquileres turísticos llevó a numerosas ciudades europeas a denunciar problemas de acceso a la vivienda, competencia desigual y falta de supervisión. Como respuesta, la UE impulsó nuevas obligaciones de transparencia e intercambio de datos para las plataformas digitales, además de incluir a los servicios de alojamiento online dentro de las normas europeas de servicios digitales.

El caso de Amazon también ilustra esta tendencia. Bruselas ha endurecido la vigilancia sobre los grandes mercados digitales al considerar que algunas plataformas disponían de una posición privilegiada para influir en la competencia. El Reglamento de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) nacieron precisamente para evitar abusos de poder de mercado, garantizar condiciones equitativas para otros vendedores y reforzar la protección de consumidores y empresas.

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