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El Gobierno vuelve a intervenir los precios de la energía para evitar que el otoño dispare la factura de los hogares por una guerra que ... se está alargando demasiado. El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo escudo anticrisis que tiene como novedad limitar al 15% la subida de la tarifa regulada del gas -frente a un incremento superior al 45% previsto para octubre-, fija un precio máximo para la bombona de butano y recupera la rebaja de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel a partir de octubre, aunque este importe se irá modulando en función de la inflación.
Este es el tercer paquete de medidas para hacer frente al conflicto en Oriente Medio en lo que va de año y su impacto sobre los precios de la energía ha tenido un coste presupuestario total que ya supera los 12.000 millones de euros. Las ayudas que se aprobaron en junio, cuando se prorrogaron y rediseñaron las medidas de marzo, preveían una estabilización progresiva de los precios con el crudo en 70 dólares por barril y el gas en 40 euros MW/h, según reconoció el vicepresidente y titular de Economía, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa. Pero en los últimos meses se ha producido un "deterioro significativo", con el crudo en el entorno de los 100 dólares y la cotización del gas en 70 euros MW/h.
La principal novedad es el tope de los precios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a un incremento máximo del 15%. El Ejecutivo revisa esta tarifa oficial cada tres meses (enero, abril, julio y octubre) y, aunque está diseñada para proteger al consumidor y limitar los márgenes comercializadores, su precio depende de la cotización internacional del gas, que se encuentra fuertemente tensionado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz y cotiza en máximos de tres años. Durante la anterior crisis energética, la contención de la TUR convirtió el precio regulado en un potente reclamo comercial al que están acogidos ya más de tres millones de hogares, según los registros de la CNMC con datos de 2025. Una cifra que sigue creciendo ya que a lo largo del año un 18% de los hogares que cumplían con los requisitos exigidos se han pasado a esta tarifa, según los datos de Rastreator.
El Consejo de Ministros también ha puesto coto al ascenso del precio de la bombona de butano, que en España utilizan cerca de siete millones de consumidores. Establece así un tope máximo de 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales, para frenar una escalada que amenazaba con empujar aún más una inflación que en septiembre ha rozado el 5%, su nivel más alto desde febrero de 2023.
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Pese a que Bruselas ha pedido a los Estados miembros no aplicar estímulos a la demanda de hidrocarburos, el Ejecutivo ha decidido seguir priorizando la contención de precios y prorrogar las bonificaciones a los combustibles. La norma extiende durante el cuarto trimestre del año las ayudas y para el transporte por carretera se amplía la ayuda al gasóleo profesional para los vehículos con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. En concreto, mantiene la ayuda de 20 céntimos por litro al diésel y eleva a esta cuantía la de la gasolina durante el mes de octubre. Ya en noviembre, la rebaja fiscal para ambos carburantes se reducirá a 13 céntimos y en diciembre queda fijada en 6 céntimos por litro.
En el ámbito agrario, se mantendrá la bonificación de 20 céntimos por litro sobre diésel agrícola y en el sector pesquero se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes, con el fin de asegurar la operatividad de los buques.
«La receta ha funcionado», sentenció Cuerpo, que aportó datos comparativos con Europa. Antes de impuestos, el precio de la gasolina (1,17 euros por litro) y del gasóleo (1,41 euros por litro) en España está en línea con el resto de economías del entorno. Sin embargo, gracias a las bonificaciones, el precio final en gasolinera para los ciudadanos está significativamente por debajo de la zona euro: 1,93 euros frente a los 2,16 europeos en el caso de la gasolina y 1,92 euros frente a 2,26 euros en el del diésel.
Al igual que en junio, el nuevo decreto contempla un mecanismo de protección que permitiría aumentar los descuentos si el precio del petróleo vuelve a dispararse. El sistema aplicado hasta ahora establece un incremento de las ayudas cuando el precio de la gasolina o el diésel registra una subida superior al 15% en el IPC. El paquete también prevé recuperar temporalmente el IVA de la electricidad al 10%, frente al 21% actual, y rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5%, desde el 5,11% vigente, si el IPC energético supera el umbral del 15%.
Por otro lado, el Gobierno prorroga también las ayudas destinadas a agricultores, ganaderos, armadores y transportistas profesionales por carretera y habilita una nueva línea de apoyo al transporte de mercancías, con ayudas de hasta 15.000 euros por locomotora. Además, con el objetivo de afianzar la soberanía energética, se amplían las exigencias de almacenamiento de reservas de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al invierno y se refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Todo ello, manteniendo intactas las medidas sociales de protección del empleo de los anteriores decretos, de forma que las empresas que reciban ayudas públicas no podrán justificar despidos en circunstancias derivadas de la crisis.
Más allá de estas iniciativas coyunturales, el Gobierno enfatiza que la solución de fondo pasa por acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, destacó desde Dublín que el avance renovable en España -con un incremento del 150% en capacidad limpia y un 57% de generación eléctrica renovable alcanzado en 2025- ha permitido al país estar mejor posicionado y menos expuesto a la volatilidad del gas frente a otros países. Asimismo, en materia de carburantes como el diésel, España cuenta con una red de ocho refinerías que reduce la dependencia de importaciones de terceros países a menos del 20%, aportando un margen de seguridad ante posibles restricciones internacionales.
En el plano europeo, España ha liderado junto a Portugal y Luxemburgo una iniciativa para exige a Bruselas fijar un objetivo obligatorio y ambicioso de energías renovables para 2040 que dé certidumbre a las inversiones y se alinee con la meta de reducir emisiones en un 90% para ese año.
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Un cambio de turno inesperado, una reducción de sueldo o nuevas funciones pueden alterar por completo tu vida laboral. Lo que decida tu jefe sobre tus condiciones de trabajo no siempre es definitivo y conviene conocer qué derechos te amparan antes de aceptar cualquier modificación. La abogada María Lancho ha recordado las condiciones fijadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores ante los cambios unilaterales en los puestos de trabajo. "Si tu empresa te cambia de horario, sueldo o funciones cuidado porque hay plazos; el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores exige una causa justificada y 15 días de preaviso", ha advertido Lancho sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Según explica la letrada, una compañía no puede actuar de forma arbitraria al alterar elementos clave como la jornada, el horario, los turnos, el salario o las funciones. "Para hacerlo, la empresa necesita una causa real, económica, técnica y organizativa, y además comunicártelo con 15 días de antelación", ha remarcado María Lancho. Ante la notificación de este tipo de medidas, la experta señala que los empleados disponen de tres vías de actuación. La primera de ellas consiste en aceptar la nueva situación si beneficia al trabajador, mientras que la segunda permite la impugnación legal. "Si consideras que no existe una causa justificada, tienes 20 días hábiles para presentar una demanda ante el juzgado de lo social, pero mientras sale el juicio, tienes que obedecer el cambio", ha aclarado María Lancho. La tercera alternativa que establece el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores consiste en la rescisión del contrato. Si la modificación perjudica la conciliación de la vida laboral y familiar, la abogada precisa que el empleado puede irse "con una indemnización de 20 días por año, con un máximo de 9 mensualidades", un cálculo equivalente al de un despido objetivo. En el procedimiento judicial, si la medida se declara justificada, la Ley reguladora de la jurisdicción social en su artículo 138 otorga 15 días para decidir la extinción. Lancho aconseja no firmar ningún documento sin anotar la expresión "no conforme". Esta regulación cobra especial relevancia en momentos de alta exigencia económica y logística como la vuelta al cole, calificada como la más cara tras dispararse el gasto medio por alumno alrededor de un 18% en los últimos tres años hasta alcanzar unos 500 euros, según datos de la OCU. En este periodo, las jornadas escolares continuadas complican la adaptación horaria de las familias, que en muchos casos deben recurrir al apoyo de terceros. Frente a este escenario, el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores ampara la posibilidad de solicitar adaptaciones en la distribución de la jornada sin reducción salarial para atender a la conciliación. Este derecho se extiende hasta que los hijos cumplan 12 años, o bien para el cuidado de familiares dependientes, personas mayores de 12 años que requieran atención especial o convivientes enfermos. La negociación para este ajuste horario debe resolverse en un plazo máximo de 15 días entre la empresa y la persona solicitante. Si la compañía rechaza la propuesta o plantea alternativas, debe explicitar sus motivos por escrito; de no responder en plazo, se entiende aprobada la petición. Desde CCOO se recuerda que, ante la falta de acuerdo, existe un procedimiento judicial especial en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Finalizada la adaptación, se conserva el derecho a recuperar el horario previo y se cuenta con idéntica protección ante el despido que en una reducción de jornada.