Nicolás Maduro acordó en 2013 la entrega de material explosivo de las Fuerzas Armadas venezolanas a los principales jefes de las FARC para cancelar deudas derivadas del narcotráfico, según consta en un expediente presentado por la Fiscalía de Estados Unidos con el fin de detallar la cooperación logística entre el régimen venezolano y la antigua guerrilla colombiana.
Según información divulgada por El Tiempo, el escrito judicial sitúa el encuentro en un periodo posterior al fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013.
Durante esa reunión, Maduro y Cilia Flores habrían sostenido conversaciones directas con los dirigentes guerrilleros Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.
El propósito de la cita radicaba en resolver un saldo pendiente generado por la presunta participación conjunta en el tráfico de sustancias ilícitas. Aunque las autoridades judiciales no precisaron el lugar de la reunión ni la cifra exacta de la deuda, fijaron en las actas el método acordado para la cancelación del saldo.
En las páginas del proceso se consigna formalmente que Maduro "acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas" al grupo insurgente para cubrir la obligación económica. Los fiscales de la causa enfatizaron que el dirigente conocía el impacto que este armamento tendría en el incremento de los ataques en territorio colombiano.
El periodo señalado por la justicia estadounidense coincide con el desarrollo de las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla en La Habana. En ese momento, la organización rebelde mantenía su estructura militar activa y realizaba acciones ofensivas en diversas zonas del país mientras avanzaba en la mesa de diálogo.