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El Ministerio de Transporte aprobó tarifa indexada al dólar para el transporte público urbano que entrará en vigencia el primero de junio. El precio del pasaje quedó fijado en 0,25 dólares, equivalente a 140 bolívares hasta el 30 de junio. Habrá ajustes posteriores a esa fecha según la tasa cambiaria.
El nuevo monto, que supera el salario mínimo mensual en Venezuela –congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022– fue acordado el jueves en una reunión del Órgano Superior de Transporte celebrada en Caracas con representantes de los transportistas.
La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el inicio del operativo '"Tu carro al día", dirigido inicialmente a unidades de transporte urbano, rutas troncales y periféricas, así como mototaxis. El plan contará con apoyo del Saren, el INTTT, la Policía Nacional y Fontur.
Las autoridades informaron sobre un plan de financiamiento para transportistas a través del Banco Digital de los Trabajadores y Bancamiga. Próximamente se incorporará el Banco de Venezuela.
El monto base de estos créditos es de 800 dólares. Sin embargo, estará sujeto al historial crediticio de cada persona.
Hasta ahora se han aprobado 369 créditos y quedan cerca de 800 pendientes.
Simultáneamente se anunció la reactivación de Fontur como fondo con apoyo del Ministerio de Industria. También se informó sobre la exoneración de aranceles para la importación de cauchos destinados al sector transporte.
El combustible estará exonerado para garantizar el pago íntegro a transportistas por el traslado de estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. También se prevé coordinación con Pdvsa Gas y una revisión de la distribución de cisternas para evitar retrasos.
En la reunión, representantes gremiales expusieron los problemas que afronta el sector.
José Luis Trocel Castillo, del Comando Intergremial del Sector Transporte y presidente del Frente Unido de Transporte Aragua, denunció que unidades particulares han sido “secuestradas por parte de instituciones públicas y policiales” y aún no han sido devueltas.
El dirigente alertó sobre la falta persistente de repuestos y soluciones para los trabajadores del sector.
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Denuncian la contaminación y abusos que afectan a Barahona y el Valle de Neiba, exigiendo prohibiciones mineras, control ecológico del agua, y cumplimiento de acuerdos con campesinos por parte del gobierno.
El resultado quedó ligeramente por debajo de la tasa de 4.13% que estimó el consenso de instituciones del sector privado.