Kast no tiene uno sino seis problemas

La última encuesta Criteria revela que la frase “Todo va a estar bien” genera más decepción que esperanza. El Gobierno enfrenta cuestionamientos por el paro de camioneros, las rebajas de condenas a agresores sexuales, el desempleo, el Presupuesto 2027 y las tensiones diplomáticas con Argentina.

¡Hola! “Todo va a estar bien”. La famosa frase empleada por el Presidente Kast durante su campaña y en varias alocuciones públicas ya como Mandatario, acaba de ser aquilatada en la última encuesta Criteria, demostrando que el concepto suma más decepción que esperanza en la ciudadanía. Un 46% de los encuestados aseguró sentirse desilusionado y otro 30% con rabia. Emociones que preocupan, considerando que un 68% siente que el Gobierno es incapaz de lograr que al país le vaya bien.

El paro de camioneros fue otro episodio complejo. Kast estuvo a punto de despegar rumbo a Asia dejando un país con los caminos en manos de los camioneros. La Moneda subestimó a dos asociaciones medianas, confiada en que las grandes cúpulas gremiales tenían todavía el control de las rutas, pero fueron los pequeños transportistas los que terminaron marcando el ritmo de la protesta. Tras 72 horas de presión y con el reloj de la APEC encima, el Gobierno tuvo que abrir la billetera –muy a pesar del ministro Quiroz– con una rebaja de $150 al diésel y tarifas congeladas hasta marzo.

La recesión técnica llegó acompañada de un desempleo que ya supera el millón de personas y que en Ñuble alcanza un preocupante 11,8%. Mientras Hacienda apuesta por reformas cuyos resultados requieren tiempo, en la UDI, RN y Evópoli comienzan a pedir medidas urgentes para reactivar la contratación. La economía empieza a pasarle la cuenta a La Moneda, con una aprobación presidencial que ronda el 26% y un desempleo que amenaza con convertirse en el talón de Aquiles de Kast.

Mientras La Moneda concentra sus esfuerzos en cuadrar sus esfuerzos presupuestarios, en la calle comienza a tomar forma otro frente de resistencia. Secundarios, universitarios, sindicatos y organizaciones de pobladores están articulando un Frente Común contra los recortes a la educación pública y el Presupuesto 2027. La coordinación ya tuvo varias pruebas de fuerza y prepara una nueva jornada para el 18 de noviembre. Un movimiento que hasta ahora ha pasado bajo el radar, pero que amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para Kast.

El carguero Danstar todavía no zarpa hacia las Malvinas, pero la tensión diplomática entre Chile y Argentina amenaza con viajar a bordo. Mientras el nacionalismo malvinense vuelve a ganar terreno en el país de Javier Milei, en Santiago crecen las dudas por la respuesta de Cancillería y, especialmente, por un supuesto “errorazo técnico” del canciller Francisco Pérez Mackenna sobre el derecho de paso marítimo. El excomandante en Jefe de la Armada Miguel Ángel Vergara ya levantó la voz: ojo con que Argentina termine instalando una aduana en la puerta del estrecho de Magallanes.

En síntesis, el Gobierno en esta última semana acumuló seis problemas, ninguno fácil y ninguno que pueda arreglarse con la fe de que “todo va estar bien”.

Pese a que este jueves ya se conocía en La Moneda la amenaza de un paro indefinido de dos de las seis principales asociaciones del transporte de carga, la manifestación de los camioneros se consolidó como el trance político más complejo para el Gobierno de José Antonio Kast hasta ahora.

Lo que en Palacio se proyectó como una protesta acotada, comenzó a escalar hasta amenazar la conectividad de varias regiones del país. La reacción tardía forzó el mayor despliegue ministerial del Ejecutivo para evitar el peor escenario: un país bloqueado con el Mandatario fuera de Chile.

El conflicto desnudó la subestimación del Ejecutivo al paro de dos agrupaciones de tamaño mediano, el quiebre de un gremio donde las cúpulas de las principales asociaciones ya no controlan las rutas y el apuro por cerrar la crisis antes del viaje del Presidente J. A. Kast a Asia.

La primera arista radica en la subestimación de la protesta por parte del Ejecutivo. La movilización no fue sorpresiva: había sido advertida formalmente desde el 5 de noviembre por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, liderada por Cristián Sandoval. No obstante, en La Moneda primó el exceso de confianza, porque el Gobierno contaba con el respaldo y diálogo con los grandes empresarios de carga.

El Comité Político de La Moneda asumió que, al no sumarse las dos más grandes federaciones, la protesta se reduciría a escaramuzas menores. Esa lectura, explican en el oficialismo, impidió atender a tiempo el malestar de las bases por el alto costo de los combustibles y el impacto del cambio en el Mepco.

El segundo elemento reveló una mutación radical: los grandes empresarios ya “no tenían la sartén por el mango” como en años anteriores, debido a la fragmentación del sector. Aunque la CNTC y la CNDC conservan la representación tradicional, el poder real de paralización en las rutas perfectamente podía descansar en “los chicos” si paulatinamente se sumaban. Según explican conocedores del rubro, son los pequeños transportistas –dueños de uno o dos camiones– quienes mueven la carga diaria y resienten el impacto directo en sus costos.

El tercer factor decisivo fue la asfixiante presión temporal sobre el Ejecutivo. El conflicto debía resolverse antes del viernes por la noche, plazo fatal en que Kast debía partir a su gira por Asia para asistir a la cumbre de la APEC y sostener bilaterales en Vietnam, China y Japón. A ello se sumaba la estadística de que los movilizados suelen cohesionarse más durante los fines de semana.

El cálculo político era categórico: no es lo mismo que el conflicto se agudice con el Presidente en el país. Su ausencia durante un paro activo habría dejado la crisis en manos de un vicepresidente no electo en urnas, arriesgando cortes de ruta y desabastecimiento sin la máxima autoridad. Ello forzó a Alvarado a abrir La Moneda al diálogo y a sumar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz –quien dejó la tramitación del Presupuesto en el Congreso–, para sellar una rebaja al diésel de $150 y congelar tarifas hasta marzo, desactivando el paro justo antes del vuelo presidencial.