Cuba con la esperanza en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos

Cuba aislada en la región con la ola de ultraderecha que la azota, al igual que todo el mundo, espera que las elecciones de medio término en EE.UU. cambien los vientos con un triunfo demócrata.

Desde hace más de 60 años (1960), bajo la administración de Dwight Eisenhower y en medio de la Guerra Fría, EE.UU. le impuso un asedio punitivo (un embargo) a Cuba por su revolución socialista y acercamiento a la antigua Unión Soviética (URSS), embargo que con vaivenes se fue ampliando en el tiempo. En 1962, por ejemplo, el entonces presidente John F. Kennedy proclamó un embargo mucho más amplio sobre el comercio con Cuba, en el que se incluyeron las importaciones de productos cubanos y en 1963 las Cuban Assets Control Regulations ampliaron el régimen a numerosas transacciones financieras y activos cubanos.

A pesar de que desde esa fecha inicial ha primado la política de confrontación en las relaciones EE.UU.-Cuba, también han existido períodos de distensión como el de la presidencia de Barack Obama (2009–2017), donde EE.UU. impulsó el mayor cambio hacia La Habana en décadas. En diciembre de 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones y en 2015 se reabrieron las embajadas. Washington, en ese momento, flexibilizó los viajes, las remesas, algunas operaciones comerciales y financieras, y en 2016 Obama visitó Cuba, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en hacerlo desde 1928.

Si bien el embargo económico no fue levantado al depender del Congreso, en lo esencial la política de Obama buscó pasar de la confrontación y el aislamiento hacia el compromiso diplomático, en la idea de que el aislamiento no había logrado cambios y el poder blando sí podía (vieja discusión entre halcones y palomas).

Con la llegada de Trump (en especial en su segundo mandato), sin embargo, EE.UU. endureció  la presión en contra de La Habana al decretar un bloqueo al suministro de combustible en función de desgastar sus capacidades nacionales (diplomacia de las cañoneras) con el objetivo de un cambio de régimen, hecho que ha agravado los ya frecuentes apagones y ha llevado a la población a sufrir una de las peores etapas, solo comparable al “Período Especial” al desaparecer URSS y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

En ese período, Cuba perdió gran parte de sus mercados, créditos, suministros de petróleo y comercio exterior, y su PIB (1990-1993) cayó cerca de un 36%, con fuertes déficits de combustible, alimentos, transporte y bienes básicos como los alimentos.

En agosto de este año y siguiendo con la campaña de desestabilización, EE.UU. amplió la presión con nuevas sanciones en contra de funcionarios y entidades estatales vinculadas con sectores como la minería, el comercio exterior y la industria metalúrgica (Orden Ejecutiva 14404).

Entre las entidades señaladas también se encuentra el Ministerio de la Construcción, al sostener Washington que estas organizaciones contribuyen al sostenimiento del aparato estatal y, según el secretario de Estado estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, forman parte de una estructura que durante décadas habría utilizado grupos pantalla para infiltrarse entre ciudadanos estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos (lo ha acusado de atentar en contra de la seguridad nacional de EE.UU.), además de decir que las entidades sancionadas “sostienen y financian el aparato represivo del régimen”.

Hoy, con el cierre del flujo de petróleo proveniente de Venezuela tras el secuestro de Maduro y el bloqueo petrolero naval impuesto, se ha producido una crisis energética en esta nación caribeña que ha generado un desplome de su economía, fulminado el turismo, devaluado la moneda y trastrocado aún más ya la difícil subsistencia de los habitantes.

Sin embargo, esta es una estrategia progresiva en función de ahogar al régimen y derruir las capacidades de subsistencia, como lo comunicó el propio Trump en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas: “El comunismo nunca llegará a EE.UU., pero la libertad llegará a Cuba”, país al cual considera “un Estado fallido”.

Este es un predicado que va escalando de la retórica a acciones concreta a partir de la relevancia que readquirió la seguridad hemisférica como espacio de competencia geoestratégica con China y otros actores, predicado que ha incluido la dimensión militar explícita, como se ha visto en el bombardeo de supuestas “narcolanchas”, la intervención en Venezuela o en el actual Escudo de las Américas (un nuevo TIAR).

Así y en esta dirección, además de añadirse la consideración del Departamento de Estado de imponer “controles estrictos” a los funcionarios cubanos que viajan a la ONU/Nueva York (no olvidemos lo sucedido con la delegación palestina en la última Asamblea General), CBS News informó que Washington mirando a Cuba valora la posibilidad de reforzar el Comando Sur (apéndice de las FF.AA. estadounidense para Centro y Sudamérica) con efectivos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos meses.

Serían seis unidades que estarían bajo la tutela del Comando Sur durante “90 a 120 días”, entre ellas, un batallón de apoyo logístico (especializado en la coordinación del transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro) y un batallón de ingenieros.

Ante esta amenaza militar que tensa aún más las ya deterioradas relaciones y la realidad interna (aunque no existe una orden de despliegue ni una operación militar aprobada), el canciller Bruno Rodríguez dijo que “el gobierno de EE.UU. nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar en contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional”, remarcando que Cuba toma “muy en serio las amenazas”, adoptando las medidas necesarias para aumentar la “capacidad defensiva” para evitar una incursión como la del 03/01/2026 en Caracas.

En función de este contexto de endurecimiento de las restricciones y amenazas de parte de EE.UU. y de las deficiencias de gestión propias, el Gobierno cubano se ha visto en la necesidad de avanzar en una apertura económica con nuevas medidas destinadas a ampliar el espacio de la actividad privada. Así, por ejemplo, el Consejo de Estado aprobó un paquete de alrededor de 176 reformas económicas orientadas a transformar el sistema empresarial. Una de las principales normas modifica leyes relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.