Los legisladores cuestionan las adjudicaciones a empresas relacionadas con el entorno del presidente y la necesidad de construir barreras en una región con pocos cruces migratorios
No existe todavía una orden judicial que detenga la construcción del muro. | Crédito: Manuel Jiménez
Un grupo de 23 congresistas demócratas de Estados Unidos pidió investigar contratos por casi 7 mil 500 millones de dólares para construir infraestructura fronteriza en Big Bend, Texas, ante posibles irregularidades y presuntos vínculos políticos entre las empresas beneficiadas y el presidente Donald Trump.
La solicitud fue dirigida al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para que revise los procesos de adjudicación, la posible influencia política y la justificación del gasto. La petición fue encabezada por la congresista Verónica Escobar y difundida mediante un comunicado oficial de su oficina el 16 de noviembre.
Los legisladores también cuestionaron que el Gobierno clasifique esta región como una zona de alta entrada ilegal de migrantes, pese a que registra pocos cruces irregulares. Además, señalaron los posibles efectos de las obras sobre áreas naturales protegidas.
La carta identifica cinco contratos por aproximadamente 7 mil 460 millones de dólares, adjudicados a tres compañías.
Barnard Construction recibió dos contratos, por mil millones y 960.4 millones de dólares. Fisher Sand & Gravel obtuvo otros dos, por mil 200 millones y 2 mil 600 millones.
La tercera empresa, Southwest Valley Constructors, recibió una adjudicación de mil 700 millones de dólares para trabajos relacionados con el Parque Nacional Big Bend.
De esta manera, Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel concentran cuatro de los cinco contratos, situación que los congresistas consideran motivo para revisar cómo fueron seleccionadas las compañías.
Uno de los señalamientos se dirige a Tim Barnard, fundador de Barnard Construction, quien habría aportado alrededor de un millón de dólares a grupos de recaudación de fondos vinculados con la campaña presidencial de Trump en 2024.
Los legisladores también recordaron que la compañía recibió un contrato por mil 600 millones de dólares para construir aproximadamente 112 millas de muro en Nuevo México mediante un procedimiento sin competencia abierta.
En el caso de Fisher Sand & Gravel, señalaron que la empresa contrató en 2021 a Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza del Gobierno de Trump, para realizar labores de cabildeo en Texas, cuando trabajaba para una firma privada de consultoría.
Estos antecedentes no demuestran que las adjudicaciones hayan sido irregulares. Sin embargo, los congresistas quieren determinar si las relaciones políticas influyeron en las decisiones del DHS y si las empresas recibieron un trato preferencial.
Otro de los argumentos de los legisladores es la cantidad de detenciones migratorias en esta región fronteriza.
Big Bend comprende aproximadamente 832 kilómetros de frontera y es uno de los sectores con menos cruces irregulares. Durante 2025 concentró apenas el 1.3 por ciento de las detenciones registradas en la frontera estadounidense.