¿Y si el verdadero motor del T-MEC fuera eléctrico?

Mientras en México seguimos hablando de la “ansiedad de rango”, en otras economías la conversación ya cambió: ahora compiten por ver quién instala más cargadores, quién atrae más plantas de baterías y quién se queda con los empleos de la nueva industria automotriz eléctrica.

Y es que en nuestro país todavía preocupa quedarse sin batería, aunque el 98 por ciento de quienes ya manejan un auto eléctrico asegura que nunca ha vivido esa experiencia, pero en realidad, la verdadera ansiedad debería ser otra: que México llegue tarde a una industria que definirá las próximas décadas.

La buena noticia es que la infraestructura comienza a moverse. La Electro Movilidad Asociación reporta más de 4 mil 300 puntos públicos de recarga y más de 55 mil privados, con empresas como Vemo, donde Germán García impulsa la expansión de esta red. Pero el ritmo aún es insuficiente, porque instalar cargadores no es barato. Un cargador residencial representa una inversión promedio de entre 14 y 15 mil pesos, mientras que una estación de carga rápida puede costar desde alrededor de un millón de pesos y superar los 2 millones, dependiendo de la capacidad, las adecuaciones eléctricas y la obra civil.

La diferencia es que Estados Unidos decidió subsidiar la infraestructura; China la convirtió en política de Estado y hoy opera millones de puntos de recarga; Europa obliga a desarrollar corredores eléctricos en sus principales autopistas. Entendieron algo muy simple: sin cargadores, nadie compra autos eléctricos; sin autos eléctricos, no llegan las inversiones y ahí, vamos un carro atrás.

Es por eso, que ahí está la oportunidad para México. La revisión del T-MEC no sólo debería concentrarse en reglas de origen o aranceles. Es la ocasión perfecta para negociar una estrategia regional de electromovilidad que convierta al país en el gran proveedor de Norteamérica, no sólo de vehículos, sino también de baterías, componentes y tecnología; ya se hizo una vez en el pasado con esa industria y la experiencia puede ayudar.

Marcelo Ebrard, desde la Secretaría de Economía, tiene en sus manos la política industrial para atraer esas inversiones. Luz Elena González, desde Energía, junto con Emilia Esther Calleja al frente de la CFE, deben garantizar la capacidad eléctrica para soportar miles de cargadores. Y Jesús Antonio Esteva, en la SICT, tendría que impulsar corredores nacionales de carga rápida que unan las principales ciudades y cruces fronterizos.

Porque si México quiere seguir siendo una potencia automotriz después del T-MEC, ya no basta con fabricar los vehículos. También hay que construir el camino por donde van a circular.

Antes que discutir si una fotografía de una persona desaparecida debe aparecer en una pantalla, habría que responder una pregunta más importante: ¿quién podría oponerse a buscar a quienes hoy siguen sin regresar a casa? La intención del nuevo Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda merece aplauso. Entre más ojos vean una ficha de búsqueda, mayores posibilidades existen de localizar a una persona.

El problema, una vez más, no está en el fondo, sino en la forma, ya que el protocolo obliga a bancos, empresas, concesionarios de carreteras, aeropuertos, televisoras, radiodifusoras y prácticamente cualquier entidad con capacidad de difusión masiva a publicar de manera periódica las fichas de búsqueda en sus páginas, redes sociales y pantallas. En papel suena sencillo; en la operación representa modificaciones tecnológicas, automatización de sistemas, monitoreo permanente, controles de cumplimiento y costos que nadie calculó.

En el sector financiero ya comenzaron los análisis. Adaptar cajeros automáticos, pantallas en sucursales, aplicaciones, sitios web y sistemas internos no es un asunto menor. Para algunos, la inversión será considerable y, paradójicamente, hay empresas que ya hacen cuentas sobre si será más barato enfrentar las multas que implementar toda la infraestructura que exige la norma.

Eso revela una mala implementación regulatoria. Cuando el costo de cumplir empieza a competir con el costo de incumplir, algo falló en el diseño.

La política pública habría ganado mucho más si el gobierno hubiera construido el mecanismo junto con la industria tecnológica, financiera y de telecomunicaciones, estableciendo plazos razonables, estándares técnicos y hasta incentivos para quienes pudieran ampliar el alcance de las búsquedas.

Da la impresión de que el interés fue anunciar una medida de alto impacto mediático antes que garantizar una aplicación eficiente. Y ahí aparece otra vez el nombre del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, mejor conocido como Pepe Merino, cuya apuesta por la digitalización del Estado suele privilegiar anuncios ambiciosos, aunque no siempre acompañados de una evaluación completa de los costos operativos que trasladan al sector privado.

Porque sí, encontrar personas desaparecidas debe ser una prioridad nacional. Pero también lo es diseñar políticas públicas que funcionen. De poco sirve llenar todas las pantallas del país si la estrategia termina convirtiéndose en otro ejemplo de regulación costosa, improvisada y más cercana a los reflectores que a la efectividad.

Antes que el agua saliera turbia de las llaves en Guadalajara, el debate era cuánto costaría garantizar el abasto. Hoy la conversación cambió: ¿quién garantiza que el agua que llega a las casas puede usarse con tranquilidad? Y cuando la confianza desaparece, el costo lo pagan, una vez más, las familias.