EU quita visa a Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, en QRoo; indagan nexos con el narco

Información en poder de El Financiero revela que Ana Patricia ‘Ana Paty’ Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo, es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La funcionaria es señalada por presunto desvío de recursos públicos; supuestas operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal), y presuntos contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En paralelo, autoridades de Estados Unidos determinaron retirar las visas a Ana Patricia Peralta; a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu; y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, confirmaron fuentes con conocimiento del caso a El Financiero.

Hasta ahora no se han hecho públicas las razones específicas de las decisiones adoptadas por las autoridades estadounidenses ni se ha establecido que el retiro de las visas esté directamente relacionado con las investigaciones que se desarrollan en México.

Las indagatorias federales incluyen líneas relacionadas con el manejo de recursos y estructuras del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, uno de los municipios de mayor relevancia económica y turística del país.

Una de ellas busca determinar si recursos públicos, personal o estructuras municipales fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

La FGR busca establecer el origen y destino de los recursos bajo investigación; quién habría ordenado su utilización; la forma en que presuntamente fueron canalizados, y qué funcionarios pudieron haber participado en la operación.

Las autoridades federales buscan establecer la eventual participación de personas relacionadas con el entorno investigado, así como identificar posibles movimientos y destinos de recursos vinculados con esas operaciones.

Esta vertiente adquiere relevancia por la aparición de Rafael Marín Mollinedo, quien encabezó la Agencia Nacional de Aduanas, institución estratégica para la vigilancia de las operaciones de comercio exterior y el combate al ingreso irregular de combustibles.

Investigaciones basadas en expedientes han documentado que la FGR solicitó información a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones de presunto contrabando de combustibles correspondientes a ese periodo.

Entre los asuntos judicializados por autoridades federales se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, relacionada con investigaciones sobre huachicol fiscal.

La existencia de dicha causa penal no significa por sí misma que Rafael Marín Mollinedo se encuentre imputado en ella.

Uno de los casos investigados por la FGR involucra operaciones atribuidas a Ingemar, S.A. de C.V., dentro de pesquisas sobre el ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques.

Información relacionada con esas investigaciones señala que la red habría logrado introducir 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de ser detectada.

Marín Mollinedo ha rechazado públicamente los señalamientos de corrupción y sostiene que durante su administración fue la propia ANAM la que detectó irregularidades y las denunció.