Pese a los intentos del canciller alemán, Friedrich Merz, de acercarse al mandatario estadounidense, Donald Trump –a quien regaló una camiseta del equipo nacional de fútbol durante la Cumbre del G7 para limar asperezas–, las tensiones entre Washington y Berlín continúan. Esta vez, el foco está en el comercio de fármacos.
La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció esta semana la apertura de una investigación formal contra Alemania. El motivo detrás de esta ofensiva es la intención de Berlín de aplicar una reforma sanitaria orientada a abaratar de forma drástica el costo de los fármacos para sus ciudadanos, una medida que la Casa Blanca califica como un “subpago persistente” que lesiona los intereses de las multinacionales estadounidenses.
Para entender el centro del conflicto, hay que mirar primero las finanzas públicas de Alemania. El gobierno de coalición del canciller Merz dio luz verde a un masivo proyecto de reforma de salud pública. El objetivo principal es tapar un enorme agujero fiscal en el sistema de seguridad social y ahorrar más de 16.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 millones provendrían exclusivamente de recortar el gasto estatal en medicamentos de última generación para el año 2027.
Esta lógica aplica hasta para las finanzas de cualquier hogar: si el precio de lo que compras baja, tu dinero rinde más. Y eso es lo que buscaba Alemania, donde casi todo el mundo está cubierto por el sistema de salud pública. Si los medicamentos de última generación bajan de precio, el Estado gasta mucho menos dinero.
A diferencia de Estados Unidos, donde los precios los fija el libre mercado, en Europa los sistemas de salud pública están fuertemente regulados. Cabe destacar que Alemania ha sido históricamente la puerta de entrada de las multinacionales al continente porque su proceso de reembolso es rápido, permitiendo que los medicamentos nuevos salgan a la venta casi de inmediato.
El plan alemán consistía en exigirles a los laboratorios descuentos obligatorios variables sobre el precio de lista de sus productos innovadores. En términos sencillos: si una farmacéutica quería vender un tratamiento revolucionario en Alemania, debía vendérselo a las aseguradoras públicas a un costo mucho menor del originalmente estipulado.
En Estados Unidos, como ya se mencionó, los precios de los medicamentos recetados no tienen control estatal y son, en promedio, 2,78 veces más altos que en el resto de los países desarrollados, según datos de la Corporación RAND.
La administración Trump argumenta que, como los europeos imponen precios bajos por ley, las farmacéuticas tienen que cobrar tarifas desorbitadas a los pacientes estadounidenses para poder recuperar lo que invierten en investigación y desarrollo.
“El presidente Trump ha dejado claro que los pacientes estadounidenses no deberían asumir una participación desproporcionada en la investigación y el desarrollo farmacéutico global”, sentenció Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU. “Es un grave paso atrás en un momento en que nuestros socios comerciales necesitan dar un paso adelante y empezar a pagar su parte justa”, agregó.
En palabras más simples, la Casa Blanca sostiene una tesis muy particular: dice que los países ricos de Europa son un “pasajeros que viajan gratis” en el sistema científico estadounidense, y que por su culpa, al dar medicamentos más baratos, los estadounidenses pagan más por sus fármacos.
Esta postura, desde luego, ha sido aplaudida por las grandes farmacéuticas. Ejecutivos de compañías como Eli Lilly y Bayer respaldaron abiertamente la presión de la Casa Blanca, comparando la situación con el gasto militar.
Stefan Oelrich, director de la división farmacéutica de la compañía alemana Bayer, afirmó al Financial Times que el hecho de que Estados Unidos financie la innovación mundial “no nos da una licencia para continuar así para siempre”, equiparándolo a la histórica dependencia europea del gasto de defensa estadounidense.
A este reclamo corporativo se sumó el principal gremio de laboratorios de EE. UU. (PhRMA). Su presidente ejecutivo, Stephen Ubl, agregó que “durante demasiado tiempo, los gobiernos extranjeros han devaluado las medicinas innovadoras, obligando a los pacientes y contribuyentes estadounidenses a asumir una parte desproporcionada de los costos de la innovación global”.
Esto ya ha tenido consecuencias. Como represalia inmediata al proyecto de ley de Berlín, el gigante estadounidense Eli Lilly anunció que reducirá a la mitad su planeada inversión de 2.300 millones de euros en su planta de Alzey, recortando también el empleo proyectado.
El asunto es que esta premisa es, cuando menos, engañosa. Los análisis de la Corporación RAND y diversos economistas explican que el costo desorbitado en EE. UU. no se debe a las políticas sociales europeas, sino a la falta de un control de precios estatal en el mercado estadounidense, lo que permite a las farmacéuticas fijar tarifas a su antojo.
