Así es como la Reforma Agraria está reescribiendo la historia del campo

Durante generaciones, el campesinado colombiano escuchó discursos sobre reformas que nunca llegaban. La tierra, ese bien esquivo y mal distribuido, permaneció en manos de unos pocos mientras las familias rurales sobrevivían en la incertidumbre, sin títulos que respaldaran su trabajo ni instituciones que velaran por sus derechos. Pero el escenario comenzó a cambiar cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, decidió comenzar con múltiples acciones que convirtieron las promesas en hechos.

Lo que ha ocurrido en los últimos años es la materialización de una política de Estado que da solución a las diversas causas estructurales del atraso rural. La llamada “Revolución por la Vida” no es un eslogan vacío; es el nombre de un proceso que, por primera vez en la historia, destinó al agro colombiano una suma de COP 22 billones en términos corrientes, equivalente a COP 24,5 billones constantes. Una cifra que representa la voluntad política de priorizar un sector que durante décadas fue relegado al olvido.

Gracias a esto, en 2025, 504.000 hombres y mujeres del campo lograron salir de la pobreza multidimensional, mientras que 660.000 superaron la pobreza monetaria, lo que se traduce en que miles de familias del campo accedieron por primera vez a servicios básicos, a créditos para mejorar sus cultivos y a la certeza de que el Estado está presente en sus territorios.

Como lo asegura la ministra Carvajalino, “la Justicia Agraria es avanzar en el reconocimiento de esos campesinos y campesinas que se vieron olvidados. Recuperar y reconocer esos derechos es un acto de justicia, y este gobierno lo ha venido haciendo. Hablar de Justicia Agraria es hablar de redistribución y de la restauración de los ecosistemas. Está más allá de quién tiene derecho sobre la tierra: es la dimensión de todos los actores, quién la tiene, cómo la tiene, quién la produce y cómo lo hace”.

No hay transformación duradera sin un marco legal que la respalde. Es por eso por lo que el Gobierno expidió tres actos legislativos para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, consagrar el derecho humano a la alimentación y crear la Jurisdicción Agraria y Rural.

A la par, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsó la adopción de 28 decretos que dieron vida al Sistema Nacional de Reforma Agraria, democratizando el acceso a los fondos parafiscales y fortaleciendo las territorialidades campesinas. A esto se suman más de 90 resoluciones orientadas a proteger cadenas agroalimentarias y garantizar los derechos de las poblaciones rurales.

En ese camino, el Ministerio también logró la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria en 2024, sancionada por el presidente Petro en marzo de 2026. Sin embargo, pese a consensos, acuerdos y toda la voluntad, en el Congreso no se logró la aprobación definitiva de la Ley Ordinaria. Aun así, el Gobierno insistirá en este propósito y presentará nuevamente el proyecto el próximo 20 de julio, reafirmando su compromiso con el acceso a la justicia rural y con el cumplimiento integral de lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Sumado a lo anterior, mediante procesos de diálogo y concertación con las comunidades, se consolidaron, con la construcción colectiva, diversos instrumentos como el Pacto por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida; el Mandato por los territorios, la tierra, el agua, los ríos, los mares, la naturaleza y la vida; y el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria 2026-2036.

En el centro de cualquier reforma agraria está la tierra, y en este frente los números hablan con claridad. La gestión del gobierno en materia de democratización de la propiedad rural ha sido monumental. Por eso, en esta tarea el Fondo Nacional de Tierras (FNT) gestionó 806.082 hectáreas, mientras que los procesos de formalización, titulación, regularización y saneamiento de la propiedad rural alcanzaron 2.2 millones de hectáreas.

Desglosar estas cifras permite comprender la magnitud del esfuerzo: la compra directa de tierras sumó 462.562 hectáreas, mientras que 314.494 hectáreas fueron adquiridas mediante decisiones en procesos agrarios. Otras 29.026 hectáreas fueron obtenidas sin erogación de pago. La formalización de baldíos y bienes fiscales patrimoniales a personas naturales alcanzó las 452.571 hectáreas, brindando seguridad jurídica a familias que han trabajado la tierra por generaciones sin tener títulos que lo acreditaran.

Un salto particularmente notable se registró en la reglamentación de sabanas y playones, que pasó de apenas 1.078 hectáreas en administraciones anteriores a 66.591 hectáreas en el periodo actual. Este avance representa un cambio de paradigma en la gestión de estos ecosistemas, tradicionalmente marginados de las políticas de ordenamiento territorial. Además, se regularizaron 11.343 hectáreas en Zonas de Reserva Forestal, se titularon 80.541 hectáreas en propiedad privada rural y se avanzó en el cumplimiento de decisiones judiciales con 4.929 hectáreas asociadas a sentencias.

El reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades étnicas merece un capítulo aparte, pues el gobierno constituyó, amplió, tituló y saneó 1.6 millones de hectáreas para comunidades étnicas, protegiendo sus territorios colectivos y reivindicando sus derechos ancestrales.

Y para dar transparencia a todo este proceso, se creó el Contador de Tierras de la Reforma Agraria, una herramienta pública que permite a la ciudadanía conocer en tiempo real las hectáreas gestionadas y entregadas.

“Estos son los frutos de la Revolución por la Vida: tierra con seguridad jurídica, derechos reconocidos y Estado llegando a los territorios. Sabemos que aún falta mucho por hacer y que el desafío es profundizar lo que hemos logrado, acelerar los procesos y seguir cumpliéndole al campesinado y a las comunidades étnicas. Cada hectárea formalizada, titulada, regularizada o saneada representa una familia con mayor certeza y un país que avanza hacia la justicia social en el campo”, resalta la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Reforma Agraria no se agota en la redistribución de la tierra, su verdadero propósito es convertir esa tierra en un motor de desarrollo económico y social. Propósito que se ve reflejado en el alcance de la producción agropecuaria llegó a 41,7 millones de toneladas, la cifra más alta en la historia del país, obtenidas en 5,9 millones de hectáreas cultivadas, lo que representa un crecimiento del 51 % desde 2011. A esto se suma que, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se entregaron COP 154 billones en créditos agropecuarios, más del doble frente al período 2014-2018, priorizando a productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria.