España vuelve a bloquear el veto de Bruselas a Huawei para proteger sus pactos industriales y comerciales con China

España ha bloqueado nuevamente el veto de la UE a proveedores chinos como Huawei, defendiendo la soberanía nacional en la elección de suministradores estratégicos.

El Gobierno español considera que la competencia sobre la ley de ciberseguridad y servicios digitales debe residir en los Estados miembros, no en Bruselas.

España justifica su posición para proteger sus acuerdos industriales y comerciales con China, incluyendo inversiones y transferencia tecnológica.

El país mantiene una relación privilegiada con China, siendo puerta de entrada de productos chinos a Europa y firmando nuevos acuerdos de cooperación e inversión.

España ha vuelto a hacer una férrea defensa del principio de la soberanía local a la hora de definir los proveedores estratégicos en las cadenas de suministro, en especial respecto de empresas chinas como Huawei o ZTE.

Así lo ha manifestado en la última reunión del consejo de ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea (UE) realizada esta semana (ya lo hizo hace dos semanas), donde además el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y su equipo plantearon en privado discrepancias relevantes con las principales leyes digitales que están sobre la mesa de Bruselas.

Fuentes comunitarias han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que el Gobierno español defendió en los encuentros a puerta cerrada que la competencia sobre la ley de servicios digitales (DNA) y la actualización de la ley de ciberseguridad (CSA) debe ser siempre de los Estados miembros.

España defiende que no es apropiado introducir requisitos para gestionar factores no técnicos, porque -dicen- tendría impactos significativos en otros sectores estratégicos, geopolíticos, institucionales e industriales.

Lo que quiere el Gobierno español es asegurarse la potestad de decidir sobre la elección de suministradores de alto riesgo y bloquear que sea la propia Comisión Europea la que decida estos vetos para todo el continente.

Esta posición garantiza que sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que decida qué proveedor debe ser vetado. Una situación que contradice el actual borrador de la ley de ciberseguridad que pide explícitamente un veto exprés a las compañías que Bruselas designe como de alto riesgo. Aquí miembros de la Comisión han mencionado explícitamente a Huawei.

El borrador de Bruselas da 18 meses a los Estados miembros para que eliminen a estos proveedores una vez que sean señalados. Y ya no solo del 5G (y redes fijas) sino que todas sus infraestructuras críticas como energía, automoción, telecomunicaciones y redes digitales.

En el sector se considera que estamos ante un nuevo guiño de España a Huawei y a China. El Gobierno de Sánchez es prácticamente el único en Europa que no ha tomado medidas reales para reducir la dependencia tecnológica de proveedores chinos.

Solo en el caso del 5G, la exposición de los operadores españoles es del 30%, pero es que Huawei también está en las redes ferroviarias de Adif o como proveedor tecnológico de la Guardia Civil o la Seguridad Social.

En el sector hay convencimiento de que si es que finalmente se consigue la potestad de que cada Estado miembro decida sus proveedores de alto riesgo, España seguirá sin vetar a Huawei y poniéndose de perfil como ha hecho desde 2020. Pese a que ya estaba en vigor el toolbox de la UE.

Los argumentos españoles son claros. En privado piden que no se perjudiquen sensibilidades estratégicas, geopolíticas, institucionales e industriales. Y parece claro que lo que quiere el Gobierno es proteger su "relación privilegiada" con China.