El mar, la asignatura pendiente del 'deep tech' español

Anna Lloveras, CSO y cofundadora de Ocean Ecostructures.

DISRUPTORES

Por los puertos españoles pasaron más de 556 millones de toneladas de mercancías en 2025. Sabemos cuánto se carga en cada muelle, cuánto tarda un barco en atracar y cuánto oleaje resiste un dique, pero de la vida que crece a sus pies poco sabemos.

Durante más de un siglo hemos construido en el mar pensando solo en la función específica de cada obra: abrigar puertos, dar atraque a los barcos y sostener plataformas y cimentaciones capaces de aguantar el oleaje, la corrosión y el paso del tiempo. Y lo hemos conseguido. Pero sin tener en cuenta los ecosistemas que ya había: las obras se levantaron sobre ellos, los alteraron y dejaron en su lugar superficies lisas, inertes y ecológicamente pobres. Rara vez nos preguntamos si esas obras podían, además, favorecer el entorno que ocupan.

Esa forma de construir está cambiando. Durante años, a quien construye o gestiona una infraestructura se le pidió que redujera el daño. Ahora se le empieza a pedir algo más: que demuestre qué aporta. Reducir el daño ya no basta, y saber demostrar ese aporte es una oportunidad tecnológica que España no debería dejar pasar.

Imaginemos dos tramos de un mismo dique. Desde el muelle parecerían ser idénticos: el mismo hormigón, la misma agua y el mismo tráfico. Sin embargo, bajo la superficie pueden ser mundos completamente distintos. Uno apenas alberga vida; el otro se diseñó para acogerla y hoy sirve de refugio a peces juveniles, y forma un ecosistema más diverso y funcional. Y esa biodiversidad no solo tiene valor ecológico: también genera servicios ecosistémicos esenciales para nuestro bienestar, como mejorar la calidad del agua o servir de criadero a especies de interés pesquero. Pero si no se mide, esa diferencia es invisible para quien decide.

El cambio llega por varias vías a la vez. La Unión Europea ha aprobado su 'Nature Restoration Law', que obliga a los Estados miembros a planificar la mejora de sus ecosistemas, también los marinos; España envió su borrador de plan nacional en agosto. Desde el 27 de septiembre rige la directiva europea que persigue las afirmaciones ambientales sin respaldo. Y bancos, fondos y aseguradoras piden cada vez más información sobre la biodiversidad a los activos que financian.

Fuera de Europa el movimiento es el mismo. Inglaterra exige desde 2024 que las nuevas obras en tierra dejen más biodiversidad de la que encuentran, y en 2022 consultó cómo llevar ese principio al mar. Australia ha creado por ley un mercado para reconocer las mejoras medibles de la naturaleza. Todas estas vías desembocan en una pregunta que España, con casi 8.000 kilómetros de costa, tendrá que responder en cada puerto: ¿cómo se demuestra?

Ahí está el verdadero reto, el tecnológico: el mar es uno de los entornos más difíciles de medir. Lo que ocurre al pie de una escollera no se ve desde la superficie, cambia con las estaciones y solo se entiende comparándolo en el tiempo. Durante décadas, esa información dependió de campañas puntuales de buceo: costosas, espaciadas y difíciles de repetir en las mismas condiciones.

Hoy esa barrera está cayendo. La robótica submarina, la imagen avanzada y la inteligencia artificial permiten observar la misma superficie una y otra vez, con el mismo criterio, y convertir horas de vídeo en indicadores comparables. El diseño inspirado en la naturaleza, con las composiciones físico-químicas, texturas, huecos y relieves como los de un fondo rocoso, permite que el hormigón o el acero ofrezcan refugio y sustrato a la vida marina sin cambiar su función estructural.

El salto está en unir las dos partes: intervenir sobre la infraestructura y medir con rigor lo que ocurre después. La medición sin intervención solo describe el problema. La intervención sin medición es solo una promesa.

Lo sé por experiencia: medir vida marina en puertos y plataformas me ha enseñado que un dato vale lo que vale su contexto. Un número de especies no dice nada por sí solo: necesita un lugar, un periodo, un antes y un después, y una comparación con una zona sin intervenir. Quien decide, ya sea una dirección financiera, un auditor o una autoridad portuaria, no necesita imágenes espectaculares: necesita evidencia medible. Y esa evidencia solo la dan datos trazables, obtenidos con métodos estándar y replicables en otros lugares.

Esa evidencia es también la que abre la puerta a la financiación. Los créditos de biodiversidad y otros mecanismos para dar valor a las mejoras de la naturaleza todavía están en construcción y tendrán que demostrar su solidez. Pero todos comparten una condición: sin un dato trazable, verificable y continuo, no hay mercado posible, y sus reglas se están escribiendo ahora mismo.

España tiene motivos para participar en la redacción de esas reglas. Pocas economías europeas dependen tanto del mar: una red portuaria que mueve buena parte de su comercio exterior y una apuesta creciente por la energía marina. Tiene, además, capacidades de primer nivel en fotónica, robótica, visión artificial y ciencias del mar.

Sin embargo, el mar aún no tiene el peso que se merece dentro del debate deep tech. La Estrategia Nacional Deep Tech, con 8.000 millones de euros hasta 2030, prioriza con razón los semiconductores, la cuántica, la biotecnología y la inteligencia artificial. Pero la infraestructura azul, donde muchas de esas tecnologías tienen una aplicación directa, sigue fuera del foco.

Incorporarla no exige empezar de cero, pero sí tres decisiones. La primera, tratar la medición ambiental como una tecnología estratégica. La segunda, que quienes contratan, gestionan y financian infraestructuras en puertos, energía y costas, sean públicos o privados, valoren la contribución demostrada y no solo el daño evitado. La tercera, acordar estándares comunes que permitan comparar los resultados entre diferentes infraestructuras y proyectos.