Ruffo y la responsabilidad de no saber

Ernesto Ruffo Appel le ganó al PRI la gubernatura de Baja California en 1989 y se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país. Ahora, desde el 16 de julio está encarcelado, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La FGR calcula un daño al erario superior a 5,400 millones de pesos y documenta el ingreso irregular de más de 800 millones de litros de gasolina y diésel en 15 meses.

La FGR investiga los carrotanques que Ingemar, empresa de la que Ruffo es dueño del 49% de las acciones y secretario de su consejo de administración desde 2021, usaba para importar combustible desde Estados Unidos por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros. Según la acusación, en al menos 163 de esos carrotanques se declaraba apenas 10,000 litros cuando cada uno transportaba en realidad más de 100,000. Eso fue posible porque la aduana no revisa físicamente cada embarque, sino que confía en el pedimento que el agente aduanal firma bajo protesta de decir verdad. Tres agentes aduanales usaron su firma electrónica para declarar esa gasolina y diésel como cloruro de calcio, clasificación que evita el escrutinio reservado a los combustibles. Sin revisión física y con agentes dispuestos a certificar lo falso, un carrotanque con más de 100,000 litros cruzaba declarado como una fracción de ese volumen en otra sustancia.

En 2025 Ruffo aseguró que "Ingemar sólo se ocupa del papeleo de la agencia aduanal en la aduana, y el comercializador se ocupa de todo lo demás". Se refería a Crismón Hidrocarburos y Derivados, la empresa que era el único cliente de Ingemar y estaba autorizada por la Comisión Reguladora de Energía para comercializar el combustible importado. Su defensa sostiene que Ingemar nunca compró, transportó ni comercializó hidrocarburos, sólo gestionó los trámites para Crismón. El problema es que la propia indagatoria describe la función legal de quien tramita un pedimento en otros términos: agentes y mandatarios aduanales "son responsables de la veracidad y exactitud de los datos y de su correcta clasificación arancelaria". La ley no exime a quien hace el trámite de verificar lo que declara, se lo exige.

Si los carrotanques estaban consignados a Ingemar, no basta decir que sólo hacía trámites si esos trámites, por ley, obligaban a verificar el cargamento. Y si la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sólo detectó la operación tras 163 carrotanques, no solo debe señalar a los agentes aduanales coludidos y explicar por qué tardó tanto en detectarlo.

La detención de un expanista histórico, además, sirve a dos bandos. El PAN denuncia persecución selectiva. El gobierno presume combate al huachicol fiscal. Si la FGR sólo tiene el nombre de Ruffo en un acta de accionistas, el caso es débil. Si tiene nombramientos, transferencias y beneficiarios finales, el caso es serio, sin importar el partido del acusado.

La pregunta no es sólo si Ruffo firmaba pedimentos todos los días. Es qué sabía, qué autorizó, qué omitió y si obtuvo beneficio, y qué sabían, autorizaban u omitían los agentes aduanales y la ANAM. Ruffo no debe ser condenado por aparecer como socio de Ingemar. Pero tampoco basta que diga que él no administraba. Ser socio no prueba delito. Tampoco lo exime.

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.

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