Desafíos para una nueva política industrial

Gracias a la apertura comercial iniciada en 1994, México es hoy una potencia manufacturera y uno de los principales proveedores del mercado estadounidense. Sin embargo, buena parte de las exportaciones mexicanas incorpora insumos, componentes y tecnología provenientes del exterior. El reto de una nueva política industrial es romper esa dependencia.

La reorganización de las cadenas globales de suministro y la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China están colocando al país en una posición ventajosa. Sin embargo, sería un error pensar que la llegada de nuevas plantas industriales constituye, por sí misma, una política industrial.

Se necesita algo mucho más ambicioso: una estrategia que convierta la inversión extranjera en un instrumento para elevar la productividad, desarrollar proveedores nacionales, generar tecnología, crear empleos mejor remunerados y aumentar el valor agregado producido dentro del país. Una economía que solamente ensambla productos difícilmente podrá elevar de manera sostenida la productividad y los salarios.

Se requiere una visión de largo plazo. México necesita una política industrial que trascienda los periodos sexenales y que establezca objetivos para 10, 15 o 20 años. Se deben identificar sectores estratégicos en los que México pueda construir ventajas competitivas. Ejemplos: en semiconductores, electrónica, automotriz y electromovilidad, dispositivos médicos, farmacéutica, aeroespacial, agroindustria, tecnologías digitales, energías limpias y maquinaria. Pero en ese desarrollo sectorial debe impulsarse la innovación, el capital humano y una infraestructura moderna y funcional. La innovación y el desarrollo tecnológico deben partir, como lo hace China, en la misma línea de ensamble. Inteligencia artificial, robótica, automatización, semiconductores, biotecnología y almacenamiento de energía deberían formar parte de esa agenda de innovación y tecnología.

También se necesita que las PYMES se incorporen a las cadenas de suministro mediante financiamiento, capacitación, certificaciones, asistencia tecnológica y vinculación con las empresas exportadoras. Para ello, resolver la problemática energética es un prerrequisito para una política industrial efectiva.

Finalmente, una política industrial debe estar sujeta a métricas de éxito. No basta con anunciar inversiones multimillonarias como lo hace el Plan México. Hay que saber cuánto contenido nacional generarán, cuántos proveedores mexicanos incorporarán, cuánto aumentará la productividad, qué empleos calificados se crearán, qué impacto se tendrá sobre los salarios reales y qué tipo de tecnología se desarrollará en el país. Esas ausencias del Plan México lo convierten en una lista demagógica de buenos deseos.

México puede ser una economía que diseña, innova, produce y compite en el mundo. Pero el esquema de revisiones anuales del T-MEC por los siguientes 10 años puede ralentizar esos objetivos, por lo que en esas negociaciones México debe impulsar la agenda amplia de innovación. Pero al final, regresamos a la exigencia fundamental de que ninguna política industrial y comercial será exitosa sin un marco jurídico apegado al Estado de derecho. Por ello, urge revertir la nefasta reforma judicial.

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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