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El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) consolidó la política extractiva en el país otorgando beneficios excepcionales a la industria de la minería, hidrocarburos, energía e infraestructura exportadora. El siguiente paso del Gobierno es ampliar y profundizar esos beneficios a lo que denominó, de forma amplia, las “nuevas actividades económicas” dentro del proyecto de Súper RIGI. Se trata de la industria controlada por las denominadas “Big Tech” Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, y las emergentes del mundo de la Inteligencia Artificial como Open IA y Antrophic, además de magnates tecnológicos con relaciones directas con la Casa Rosada como Peter Thiel.
La Argentina del Súper RIGI: cuanto más grande sos, menos pagás
¿Cuáles son los beneficios para el país? En el informe “Súper privilegios, soberanía debilitada” del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), a cargo de Claudio Lozano y Ana Rameri, define el Súper RIGI como un programa para “privatizar los beneficios, socializar los costos y consolidar una nueva forma de enclave, ahora también tecnológico”. El informe habla de “enclaves” para dar cuenta de cómo los incentivos para grandes corporaciones —el Súper RIGI eleva la inversión de ingreso a 1.000 millones de dólares— “delimita zonas de excepción dentro del territorio nacional, donde las reglas generales de política económica, fiscal, cambiaria y comercial quedan subordinadas a los derechos adquiridos por el inversor”. Y ante un conflicto con el Estado nacional tiene el derecho de resolver en tribunales fuera del país.
La iniciativa —que consiguió media sanción en Diputados con los votos del oficialismo y los bloques aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales— amplía la lógica del RIGI con incentivos excepcionales a 30 años: estabilidad normativa y seguridad jurídica, beneficios en materia tributaria, aduanera, cambiaria, previsional y jurisdiccional; para proyectos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares y afectados a las indefinidas “nuevas industrias” en infraestructura tecnológica y digital estratégica, que podrán ser desde desarrollos de inteligencia artificial, bases de procesamiento de datos o ‘data centers’ hasta industrias de semiconductores o biotecnología avanzada.
“El RIGI ya consolidó una orientación extractiva, concentrada en minería, hidrocarburos e infraestructura exportadora. El Súper RIGI traslada esa misma lógica a la infraestructura crítica de la economía digital. Un data center no es una ‘nube’ inmaterial: requiere energía, agua, suelo, conectividad y equipamiento; puede generar fuertes presiones sobre las redes y, una vez superada la etapa de construcción, no necesariamente produce empleo significativo, transferencia tecnológica ni desarrollo local”, advierten Lozano y Rameri en el informe.
Las advertencias sobre el Súper RIGI fueron plasmadas durante el debate legislativo también por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, CELS, FARN, Fundación Biodiversidad, Transnational Institute, Taller Ecologista y Asociación Abogados Ambientalistas (AAdeAA), entre otros.
“El Súper RIGI traslada la lógica del extractivismo a la era digital. Busca transformar a la Argentina en una plataforma de sacrificio para las grandes corporaciones tecnológicas”, denunció Enrique Viale, presidente de AAdeAA, y sentencia que lo hace “sin exigir empleo de calidad, transferencia tecnológica, desarrollo científico nacional ni protección ambiental”.
Ese grupo de organizaciones no solo denunció el Súper RIGI sino que lo calificó como el “contenedor fiscal y regulatorio” de una estructura más amplia que se completa con el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades —que comenzó a debatirse en el Senado— y pretende crear la figura de “Sociedad automatizada”, una estructura empresarial sin empleados y manejada por inteligencia artificial.
“Mientras el mundo discute cómo regular el poder de las Big Tech para proteger el interés público, Argentina les ofrece un cheque en blanco y blinda sus privilegios frente a cualquier control futuro. Lo que se presenta como una política de inversiones puede terminar convirtiéndose en una cesión histórica de soberanía, territorios y bienes comunes”, aseguró Viale.
La aparición del debate parlamentario del Súper RIGI, con amplios beneficios para el sector tecnológico, se instaló entonces dentro de un debate global en torno al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las regulaciones estatales para controlar su expansión, su dominio y los peligros que implica en materia de relaciones laborales, sociales y derechos individuales.
Desde la presencia del magnate Peter Thiel en la Argentina, que durante más de un mes se instaló en el país para mantener reuniones en la Casa Rosada y privadas con funcionarios y dirigentes; a la publicación de una columna del presidente Javier Milei en el Financial Times invitando a las empresas de IA a invertir al país con la promesa tributaria del Súper RIGI y la inclusión de las “sociedades automatizadas”. De las preocupaciones volcadas en la encíclica “Magnifica Humanitas” por el papa León X sobre el “paradigma tecnocrático” hasta las recomendaciones del propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, solicitando establecer controles ante el “desafío civilizatorio” que implica la IA en su ensayo “La adolescencia de la tecnología”.
“Aunque no corresponda afirmar, sin prueba documental directa, que el proyecto haya sido escrito por o para Thiel, sí debe señalarse que el diseño del régimen es funcional al tipo de inversiones que protagonizan grandes capitales tecnológicos globales”, advierte el informe de IPyPP y resalta la influencia de Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, empresa tecnológica vinculada al análisis masivo de datos, inteligencia artificial, defensa, seguridad e inteligencia estatal.
