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El Gobierno evitó que el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco votara la decisión sobre el estado de conservación de Península Valdés, en el marco del conflicto por la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías. Según pudo saber elDiarioAR, la Cancillería logró que se aprobara una moción presentada por Perú para postergar el tratamiento del texto hasta la próxima sesión del organismo, prevista para 2027.
La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta en el Golfo San Matías
La semana pasada, este medio había informado que la Unesco le pidió al Estado argentino que suspenda “cualquier obra de construcción en curso” vinculada al oleoducto hasta tanto se presente al Centro del Patrimonio Mundial una evaluación de impacto ambiental que despeje las dudas sobre los riesgos para la fauna marina y la integridad del sitio, ubicado a apenas 30 kilómetros de la terminal portuaria de Punta Colorada. El documento, difundido en la 48.ª sesión del Comité, advertía además sobre el “riesgo potencial de daño irreversible” al Valor Universal Excepcional de la península.
Con la moción de Perú, que contó con el apoyo de Jamaica, Senegal, Granada, Tanzania y Turquía, el Comité resolvió no adoptar el texto de la decisión sobre Vaca Muerta Sur en esta sesión y dar a la Argentina un año adicional para reunir y presentar los informes que la Unesco viene reclamando desde hace más de un año. De esta manera, el organismo evitó pronunciarse formalmente sobre si el proyecto pone o no en riesgo la condición de Patrimonio Mundial de Península Valdés, al menos hasta la sesión número 49.
El nuevo plazo fijado para la Argentina vence en julio de 2027, es decir, más de un año después de lo que la propia Unesco había estimado como fecha de inicio de las exportaciones de petróleo por la terminal de Punta Colorada. En su informe de la semana pasada, el organismo ya había señalado con preocupación que las obras preliminares estaban en marcha y que, según lo informado por las autoridades argentinas, la operación del oleoducto comenzaría a lo largo de este año. Eso implica que, cuando el Comité vuelva a analizar el caso, la infraestructura cuestionada probablemente ya esté operativa y transportando crudo desde la Cuenca Neuquina hasta la costa patagónica.
La maniobra diplomática se suma a una disputa que lleva más de dos años. El oleoducto, que YPF comenzó a construir en diciembre de 2024, solo pudo proyectarse en el Golfo San Matías después de que en septiembre de 2022 se modificara la ley provincial que protegía esa zona desde hacía más de dos décadas. Esa reforma, impulsada durante la gestión de Alberto Fernández, fue calificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como un cambio “inconsulto, apresurado y regresivo”, y el organismo pidió en octubre pasado restablecer la protección derogada. Organizaciones ambientalistas y vecinos del Golfo San Matías vienen advirtiendo desde entonces sobre los riesgos de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y los posibles derrames que podría generar la actividad portuaria a metros de la reserva.
Con la decisión postergada, la discusión sobre el futuro de Península Valdés como Patrimonio de la Humanidad queda abierta por al menos un año más, mientras las obras del oleoducto —y su eventual puesta en marcha— continúan su curso en paralelo al proceso diplomático.
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El economista y miembro del Comité Político del PLD, Richard Medina , aseguró que el Gobierno debe atender los aranceles impuestos a las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos para garantizar la competitividad de los productos nacionales en ese mercado. A Estados Unidos se exporta cerca de la mitad de todo lo que el país comercia en el exterior y, a partir de la madrugada del pasado viernes 24 de julio, debe pagar un arancel adicional de 12.5 % impuesto por la nación norteamericana. El principal problema de esta situación es que Guatemala , Honduras y El Salvador, socios en el DR-Cafta y competidores directos de las zonas francas dominicanas, pagan 10 % , lo que afecta sustancialmente la competitividad de esa industria, considerando que los costos de producción y manofactura en estos territorios son similares. Medina indicó que el Gobierno “no prestó la debida atención y fue muy reactivo ” frente a un tema que se viene arrastrando desde 2023. Te puede interesar El arancel que avisó “Entiendo que deben estar preparando eh alguna misión para ver cómo pueden subsanar la situación, pero realmente de por de proseguir esto en el tiempo se va a constituir en una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones versus varios países de Centroamérica que son nuestros competidores naturales”, advirtió. Reacción tardía Ante esta situación, el Gobierno solo ha respondido con un decreto firmado, a la carrera, horas antes que entraba en vigencia la imposición. Este conflicto data aproximadamente de finales de febrero , cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales que el presidente estadounidense, Donald Trump , había impuesto invocando poderes de emergencia. Frente a la negativa, la administración republicana estableció un arancel puente del 10 %, con una vigencia legal de 150 días y, paralelamente, construyó el régimen definitivo mediante investigaciones al amparo de la Sección 301 de su legislación comercial. Desde el 5 de junio , se informó que los países que adoptaran formalmente una prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso pagarían un arancel de 10 % . Sin embargo, quienes no lo hicieran enfrentarían una tasa de 12.5 % . RELACIONADAS Negocios Industriales instan a que se establezca una estrategia nacional ante nuevos aranceles de EE. UU. Parte de las principales críticas se centra en que, durante estos meses, distintos gobiernos del mundo elaboraron normativas que los protegieran frente a este régimen. Países como Honduras , Guatemala , India, Sri Lanka, Camboya y Trinidad y Tobago tomaron acciones para obtener una reclasificación antes de que se implementara la medida. El Decreto 502-26 del Poder Ejecutivo, del jueves 23 de julio, prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso El economista reiteró que se debe atender el tema. “Pienso que la situación es muy compleja. El gobierno tiene que dar respuesta a esto”, agregó. Leer más Nuevos aranceles de Trump: críticas en Brasil, inquietud en Chile y negociación en México